Luego de la dura derrota legislativa del jueves 17 de julio, la presidente CFK recapitula sobre los errores que condujeron a ese desenlace pero no se arrepiente de los aspectos positivos que también se pusieron de manifiesto en el largo proceso iniciado en marzo de este año. El mercado global castigó la avidez de los titanes de Palermo con una acentuada baja en el precio internacional de la soja. Como ya había descontado las retenciones en la cotización, que llegó a pasar de los 600 dólares, en cuanto el vicepresidente Julio Cobos se llevó la mano al corazón los operadores de Chicago afeitaron en seco a Miguens, Buzzi, Llambías, De Angeli y Gioino: la harina de soja perdió un 12,4 por ciento, el poroto un 11,4 y el aceite un 8,6 por ciento.

Cuestión de coherencia

Los relevos de Javier de Urquiza y Alberto Fernández procuran conferir mayor coherencia al elenco de gobierno. El secretario de Agricultura mantuvo durante los meses del conflicto contacto permanente con su correligionario radical Cobos, cuyo voto en el Senado arrojó una luz retrospectiva sobre el comportamiento de Urquiza. Fernández había sido uno de sus defensores. La jefatura de gabinete fue la fuente principal de numerosas filtraciones a los medios más enconados con el gobierno, que tendieron a satanizar al ex presidente Néstor Kirchner, presentado como un enardecido obstáculo para la gobernabilidad. El punto de inflexión se alcanzó la semana pasada, cuando la presidente sintió que su jefe de gabinete la empujaba hacia un conflicto incluso personal con su esposo, al que reconoce como jefe político de un proyecto compartido. Por eso en el primer acto conjunto posterior al contratiempo, el viernes en José C.Paz, lo llamó no una sino dos veces queridísimo y rememoró las tres décadas de militancia compartida. Cada parte tiene una versión distinta sobre la salida de Fernández del gabinete. Esto prueba que se trató de una separación de mutuo acuerdo, aunque no lo sepan y cada uno se atribuya la iniciativa. Como escribieron los columnistas con información privilegiada de Fernández, su renuncia tuvo el propósito de arrastrar otras. El viernes, durante un almuerzo en el Club Español, Fernández sorprendió a un grupo de legisladores porteños con un relato de los hechos comprensivo hacia Cobos. Con la designación de Sergio Massa se presume que cesarán los goteos informativos hacia TN sobre las intimidades de Olivos, ya sean reales o imaginarias. Pero nada cambiará en la porción bajo la responsabilidad de Julio De Vido, habituado a limar funcionarios que no son de su agrado desde la pantalla de C5N. Su límite son Néstor y Cristina.

Una breve historia

Yerno del ex funcionario duhaldista Fernando Galmarini, ex militante en la UCD junto con Juan Curutchet, Massa fue diputado bonaerense en las listas confeccionadas por Eduardo Duhalde, quien luego lo nombró al frente de la ANSES, donde fue confirmado por Kirchner. Luego del retiro forzado de Felipe Solá, Massa aspiró a la candidatura del Frente para la Victoria a la gobernación bonaerense. Kirchner prefirió a Daniel Scioli, Massa no quiso seguir a tiro de decreto y postuló con éxito a la intendencia de Tigre, donde el justicialismo nunca había conseguido vencer. El nuevo funcionario, de apenas 36 años, esperaba ser convocado para un cargo de jerarquía. Por eso en cuanto asumió la intendencia de Tigre pidió una licencia, que le fue concedida el 29 de abril, por toda la duración de su mandato, de la que podía hacer uso cuando fuera necesario. Quienes han compartido tareas con él encomian su gran capacidad de trabajo y su absoluta indiferencia por las cuestiones ideológicas. Hecho del mismo polímero pragmático que Scioli, de quien es amigo personal, se autodefine como “un chico joven con muchas ganas de trabajar duro para contribuir con el país y ayudar a la presidente”. Su principal colaborador será Juan Manuel Abal Medina (h), quien además de la secretaría de la Función Pública asumirá la de gabinete. Su frase sobre la recuperación de la credibilidad del INDEC no tiene que ver con el presunto relevo de Guillermo Moreno, que no está en los planes del gobierno, sino con otros anuncios que formulará mañana la presidente.

El tren fantasma

Varios días antes del llamado presidencial, Massa había recibido un mensaje del ex senador Eduardo Duhalde, quien le aconsejó no aceptar ningún ofrecimiento. Además de su nombre se consideraron los de los diputados Eduardo Fellner y Agustín Rossi. Galmarini está trabajando con Duhalde pero no parece haber ejercido influencia sobre el padre de sus nietos. La cosecha de Duhalde no es fácil. Solá repite con ansiedad que está dispuesto a volver al redil oficial, luego de su voto en defensa de los intereses familiares. Juan Schiaretti, quien lloró de emoción al escuchar la condena del ex Comandante del Cuerpo de Ejército III, Luciano Benjamín Menéndez, a prisión perpetua en una cárcel común, no es de aquellos que se sumarían a cualquier ofensiva en represalia por la política de derechos humanos. Además, necesita recomponer relaciones con el gobierno nacional porque carece de aparato propio en la provincia, que maneja el ex gobernador José Manuel De la Sota, y tiene sus cuentas en rojo. Partícipe en el navarrazo de 1974 como secretario del gobierno municipal cordobés, De la Sota no olvida ni perdona las decisiones centrales del ex presidente Kirchner en ese campo. Schiaretti debió enfrentar esta semana una movilización de veinte mil trabajadores que protestaban contra las retenciones que su gobierno decidió aplicar, no a las ganancias extraordinarias de un sector económico, sino a los ingresos mensuales de los jubilados. Las retenciones para las jubilaciones más altas llegan al 25 por ciento. Junto con Schiaretti podrían reacercarse al gobierno el entrerriano Jorge Busti y el santafesino Carlos Reutemann, quienes dejan saber que sólo esperan un gesto de Kirchner. Ninguno de ellos se siente muy cómodo en el tren fantasma de la nostalgia que intenta poner en marcha Duhalde, con Menem, Puerta y Rodríguez Saa en los primeros vagones. Por fuera del justicialismo, varios de los caciques de la algarada ruralista comienzan a probarse el traje de políticos. El que más repercusión concita es el entrerriano Alfredo De Angeli, pero el partido Comunista Revolucionario, que orienta sus pasos, se reivindica como extraparlamentario y considera las elecciones un ardid del sistema para demorar La Revolución. El presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, dijo que incluirían candidatos propios en las listas parlamentarias de distintos partidos. Y el jefe de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, no descartó una candidatura dentro de un instrumento electoral nuevo o preexistente. Luego de participar en el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) junto con la CTA y con otras organizaciones progresistas, Buzzi se acercó al Movimiento Político y Social que intenta construir el ex secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro. Pero su alineamiento con la Sociedad Rural en contra de un proyecto fundamentado en la obtención de fondos para construir hospitales, caminos y viviendas populares generó reacciones adversas en ese espacio. El domingo pasado la CTA realizó una convocatoria nacional en Córdoba para debatir la denominada “Constituyente Social”, pero la amplia mayoría de los asistentes se opuso a admitir la presencia del señor Buzzi, quien pretendía actuar como si nada hubiera cambiado a partir de su nueva identidad y pertenencia.

Imperceptibles

CFK se reprocha la ingenuidad de no haber previsto que la discusión entre 73 miembros del Senado sobre casi dos mil millones de dólares que dejarían de ganar pocos miles de grandes productores redundaría en fuertes presiones, algunas imperceptibles, como dicen los considerandos del decreto de marcha atrás que ella misma redactó. Pero está satisfecha por la intensidad del debate democrático y la elevación de la calidad institucional que implicó el envío del proyecto al Congreso donde, como pocas veces antes, se discutió a la luz del día sobre la rentabilidad de los grandes capitales, la pobreza de las mayorías y la relación entre una cosa y otra. También salieron a las calles en respaldo del proyecto sectores sociales que se habían alejado del gobierno e incluso una nueva generación que por primera vez mostró interés en la política, entendida como actividad de bien público, la única capaz de arbitrar entre intereses contrapuestos a favor de los más débiles.

El rescate de Aerolíneas

Tan convencida está de las ventajas del método que apenas dejó pasar una semana para enviar al Congreso el Acta Acuerdo firmada con la empresa española Marsans para el rescate accionario de Aerolíneas Argentinas y Austral. No se trata de un refrendo a libro cerrado. El precio de Aerolíneas y de Austral surgirá del cotejo de dos tasaciones, una realizada por una evaluadora designada por los accionistas españoles y otra del tribunal de tasación de la Nación. La presidente pidió que también interviniera para mayor transparencia la Auditoría General de la Nación, presidida por el radical Leandro Despouy. De no haber acuerdo intervendría una “entidad imparcial, nacional o extranjera, de prestigio internacional, especializada en compraventas y/o valoraciones de empresas internacionales del sector”. Pero hay una garantía adicional. La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones vigilará que su resultado contemple la real situación patrimonial de ambas y el Congreso en pleno aprobará, o no, el precio previo a su pago. La recuperación por el Estado aleja el fantasma de una argentinización con amigos o testaferros. Según el proyecto de ley la eventual reprivatización posterior se hará mediante una licitación nacional e internacional. El gobierno cree que habría capitales brasileños interesados aunque tampoco es seguro que las compañías no permanezcan en el Estado. Las negociaciones tuvieron momentos ríspidos. El Grupo Air CometInterinvest pretendía que el Estado Nacional lo liberara de las obligaciones contabilizadas como activos crediticios de Aerolíneas y Austral, originadas en los aportes de 750 millones de dólares efectuados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España (SEPI). Ese dinero fue entregado por la SEPI para limpiar los pasivos de Aerolíneas. Pero Air Comet sólo hizo figurar en el activo de Aerolíneas un pagaré garantizado por la SEPI. Además intentó que esa liberación no afectara el valor de las acciones ni implicara “una reducción de los precios de compra”. El gobierno argentino se negó. Por esa prestidigitación con los 750 millones de dólares de la SEPI había impugnado los balances de 2002, 2003 y 2004. En junio de 2006, a cambio de la promesa de nuevas inversiones que no se concretaron, el Estado desistió de las acciones judiciales de nulidad de las asambleas que aprobaron esos balances. Esto no equivale a convalidar esa esfumación de aquel aporte en el momento del cierre final de las cuentas, como tantas veces hizo el Estado bobo en la década pasada.

La conversación

Los accionistas de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, son importantes directivos del patronato español y usaron sus contactos para presionar sobre la Argentina mediante artículos denigratorios en la prensa madrileña que algunos medios argentinos reprodujeron con la devoción que se reserva a la verdad revelada. Decían que se procuraba obligarlos a firmar que habían cometido un delito. Desde el punto de vista del Estado argentino, eran ellos quienes pretendían que el delito se perfeccionara en los documentos de la compraventa. El gobierno español fue conminado a defender a sus empresas por una derecha agresiva y una prensa cautiva de los intereses corporativos. La cuestión se zanjó en una conversación telefónica entre CFK y la vicepresidente española, María Teresa Fernández de la Vega. La argentina le dijo que no firmaría el acuerdo porque esa cláusula implicaba el desbaratamiento de derechos acordados. Recién cuando la española accedió a leer la cláusula y entendió qué abuso se pretendía legalizar, fue posible cerrar el trato, sin esa condición inadmisible.

Antecedentes legislativos

El envío del proyecto de ley sobre Aerolíneas Argentinas y Austral pondrá a prueba el estado de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La presidente entiende que se trata de una cuestión muy distinta a los derechos de exportación. También recuerda los gobiernos kirchneristas en la intendencia de Río Gallegos y en la gobernación de Santa Cruz. Cuando Kirchner fue electo intendente estaba en minoría en el Concejo Deliberante con sólo tres votos propios sobre siete. Durante la gestión su estilo frontal redujo el bloque propio a un solo legislador. No obstante, presentó su candidatura y fue elegido gobernador. En ese caso tuvo 9 de los 24 miembros de la Legislatura, número apenas suficiente para vetar las leyes que contradecían su política, sin que la Legislatura alcanzara los dos tercios para insistir. Comparada con estos antecedentes la actual posición del gobierno nacional es desahogada. Sin prisa ni sobreactuaciones, CFK piensa que los presidentes de los bloques oficialistas en ambas cámaras irán acercando criterios con algunos de quienes votaron en contra y reducirán las exclusiones al mínimo inevitable, como los dos senadores salteños y Urquía el Aceitoso.

La distribución

El decreto que sepultó la resolución 125 ratificó la voluntad gubernativa de trabajar por la distribución del ingreso. Esto fue ratificado por la primera asistencia presidencial en cinco años a la reunión de apertura del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La presidente dispuso que a su derecha se sentaran el Hugo Negro y el Hugo Blanco, secretarios generales de la CGT y de la CTA. CFK dijo que para avanzar con la distribución del ingreso el consejo debería funcionar en forma permanente y constituir sus cuatro comisiones, de salario y seguro de desempleo, de empleo, de productividad y de capacitación. Cada una de ellas debe tomar como eje la distribución. Una propuesta a estudio del gobierno es el otorgamiento de una asignación de 100 pesos por cada hijo a todos los trabajadores, ocupados o no. También dijo que era preciso cambiar la cultura empresaria. El concesionario de aeropuertos Eduardo Eurnekian advirtió que los aumentos salariales podrían reducir la inversión e incrementar la inflación. La presidente le respondió que este año la inversión creció el 72 por ciento y que la inflación no se origina en los salarios sino en el aumento del precio de los alimentos (un sector en el que hay inversión y producción), porque se busca generar excedentes para exportar. En forma categórica afirmó que con el superávit comercial, el superávit fiscal y las reservas acumuladas no existen condiciones macroeconómicas para la inflación. “A ustedes les cuesta ver otra causa para la inflación que no sean los salarios ni otra respuesta que su contención. Es un problema cultural”, dijo. El presidente de la Unión Industrial, Juan Carlos Lascurain, dijo que el gobierno cometía errores de comunicación. “Acepto la crítica”, respondió CFK, “pero hay un problema de comunicación que no es del gobierno sino de los medios. Ustedes han ganado mucho dinero y no tuvieron ningún problema energético. ¿Se acuerdan la catástrofe energética que anunciaban los medios? No sucedió, pero nadie lo dice.” Agregó que en los meses del conflicto agropecuario “no se volvió a hablar de la crisis energética ni de la delincuencia”. Ante el silencio de sus interlocutores agregó que no los había escuchado decir qué bien les iba con este gobierno y que en cambio sí había sentido el apoyo de la CGT y de la CTA, “cuyos representados no la pasan tan bien. La burguesía paulista presume de su apego por las manufacturas. Aquí es al revés. Se enriquecen con la industria y su aspiración máxima es comprarse un campito, un caballo y botas de montar”. Yasky intervino con una cita de Arturo Jauretche en el mismo sentido y señaló el problema que en todos los países americanos implica la concentración de los medios, con ejemplos de Brasil y México.

Desmemoria

Distinta a la de Cristina fue la actitud del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el acto en el que se anunció el rescate de Aerolíneas Argentinas. Al reseñar la historia incurrió en una grosera falsificación al afirmar que la CGT había luchado contra la privatización dispuesta por el gobierno de Carlos Menem. Lo hicieron algunos gremios vinculados con el MTA de Hugo Moyano, que estaban fuera de la conducción de la CGT. Pero la resistencia contra el remate a precio vil de ese capital social acumulado por muchas generaciones de argentinos fue llevada a fondo por la CTA, cuando todavía vivía Germán Abdala y su secretaría general era ejercida por Víctor De Gennaro. Memoria, verdad y Justicia es una consigna que no todos aplican.