El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Moliné O’Connor, abandonó por un momento el Derecho y recurrió a sus conocimientos de historia para descalificar el juicio político a los miembros del alto tribunal. “Es un acto increíble en el siglo XXI, sólo se conocen dos casos similares de un proceso como éste: en Irán y en la Rusia del año ‘17”, afirmó el ministro, en alusión a la revolución islámica del ayatollah Khomeini, y a la toma del poder por el partido bolchevique. Pero, más allá de las comparaciones, el miércoles será un día clave para el futuro del máximo tribunal: la Cámara de Diputados decidirá si rechaza la acusación contra los 9 jueces –tal como quiere el PJ– o si la misma deberá retornar a la Comisión de Juicio Político.
Luego de asistir a un foro de debate sobre justicia y periodismo que organizó la Sociedad Interamericana de Prensa, Moliné O’Connor reclamó -apelando a los derechos humanos– una rápida definición del Parlamento sobre el Juicio a la Corte. “Somos ciudadanos y queremos que se defina rápidamente si somos culpables o inocentes. No es posible en el orden jurídico de respeto a los derechos humanos que se prolongue indefinidamente una situación de incertidumbre”, declaró. El ministro actualmente enfrenta 40 cargos por mal desempeño en sus funciones en las causas del corralito, tráfico de armas, Embajada de Israel, rebalanceo telefónico, caso Moneta, entre otras.
“Los diputados, cuando iniciaron el proceso, dijeron que a la Corte la destituían en siete días. A nosotros nos dieron sólo diez días para defendernos en 40 causas y 40 expedientes distintos”, se quejó Moliné O’Connor. Pero el ministro también se esforzó en negar que los últimos fallos del tribunal –como las controvertidas decisiones acerca del corralito financiero y el descuento del 13 por ciento a los empleados públicos– estuvieran “condicionados por esta indefinición”: “Si se valoran las sentencias por lo que significan en el marco de una lucha de personas o poderes, nunca van a comprender los fallos de la Corte. Hay que cambiar la mentalidad”, afirmó el magistrado.
La suerte del juicio político a la Corte Suprema quedará sellada este miércoles, cuando –en una pelea voto a voto entre el oficialismo y la oposición– se defina si el dictamen acusatorio quedará latente con su vuelta a comisión o si el enjuiciamiento a los nueve ministros será definitivamente sepultado. Ese día, el oficialismo buscará rechazar explícitamente el juicio político y la oposición (UCR, ARI, Frente para el Cambio, Frepaso y los partidos de izquierda) votará por el retorno a comisión del dictamen para incorporarles nuevos cargos y así mantener vivo el proceso. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño (PJ), se mostró confiado en que se realizará la sesión y reiteró su rechazo a continuar con el juicio porque “un país serio no puede tener a los nueve integrantes de la Corte Suprema en jaque”.
Luego del cuarto intento fallido del oficialismo de debatir el dictamen acusatorio en el recinto, la UCR acordó el jueves acudir al recinto para prestar el quórum. Los radicales confían en que contarán con la cantidad de legisladores suficientes para continuar con el juicio, que se lograría con la mitad más uno de los votos. “Creemos que vamos a ganar, tenemos los números”, aseguró el legislador radical Fortunato Cambareri, quien dio por sentado que su bancada aportará unos 60 diputados que votarán por la continuidad del proceso. La negativa de archivar el caso también será apoyada por los 30 diputados del ARI, 5 del Frepaso, 3 de la izquierda, 2 del Frente para el Cambio, y entre 15 y 20 justicialistas disidentes. Pero, más allá del optimismo, el ahogo económico que sufren algunas provincias provocó que muchos gobernadores radicales se mostraran favorables a la idea de acordar con el PJ. Frente a esta situación, la jornada del miércoles en Diputados resultará decisiva, ya que podría ser la primera vez desde 1947 que en el recinto se plantee el enjuiciamiento político de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.