El represor Antonio Domingo Bussi no verá cumplido su deseo de eludir la Justicia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal resolvió que los planteos que señalan que padece un deteriorado estado físico y mental no son suficientes para zafar del juicio que empezará el próximo martes. “De algún modo u otro, el imputado Bussi se ha dado, se da y se dará a entender –con las limitaciones propias de su edad– en defensa de sus intereses”, aseguraron los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas.

Los magistrados destacaron que, pese a que tiene 82 años, “su desarrollo mental no se encuentra nulo sino sólo debilitado, incluso no en los niveles más bajos, sino entre moderado y leve”.

Los jueces ratificaron la presencia de Bussi en el juicio después de analizar el informe del perito del Cuerpo Médico Forense, Marcelo Gustavo Rudelir, quien revisó a Bussi en su casa del country de Yerbabuena. La intervención de un psiquiatra de la Corte Suprema había sido solicitada por el tribunal para escuchar una segunda opinión, después de que una junta de seis médicos tucumanos sostuviera que el represor no estaba en condiciones de enfrentar un juicio por sufrir de una afección cardíaca y estar atravesado por “un estado profundamente depresivo” que le impediría comprender las consecuencias jurídicas de sus actos.

Rudelir sostuvo, en cambio, que Bussi “se encuentra en condiciones de comprender el alcance de las imputaciones que se le efectúan”, aunque coincidió en que el militar, que está medicado con un miligramo de Rivotril diario y tres de Lexotanil, sufre de depresión.

Los jueces sostuvieron ayer que “el imputado quiere, entiende y, por ello, actuará y ejercerá sus derechos, rodeado de un número de herramientas legales predispuestas para complementar su defensa junto con la actuación técnica de su abogada defensora, sin que tal debilitado entendimiento implique la ausencia de capacidad para desenvolverse en el proceso penal”. Jiménez Montilla y Casas concluyeron que el juicio “no pretende constituir un vejamen, un hostigamiento o un desprestigio de Bussi, sino que supone hacer efectiva la vía jurisdiccional prescripta por la ley para que pueda hacer uso de la totalidad de los medios que le proporciona el debido proceso, en el marco del cual podrá hacer valer su inocencia o su versión de los hechos”.

De este modo, Bussi será juzgado junto con Luciano Benjamín Menéndez por su responsabilidad en el secuestro y asesinato del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, en abril de 1976. Bussi y Menéndez –que será trasladado desde Córdoba a los ex arsenales Miguel de Azcuénaga– afrontan, además, acusaciones por otros 600 casos de tormentos y desapariciones. El primero, entre 1976 y 1977, estuvo al frente de la Quinta Brigada de Infantería y ofició como gobernador de facto de Tucumán. Menéndez, condenado a prisión perpetua hace una semana en Córdoba, era titular del III Cuerpo de Ejército y controlaba la represión ilegal en diez provincias.