A la hora de votar en la Cámara de Diputados es necesario cerrar acuerdos entre los diferentes bloques, donde la confianza es condición fundamental. Si éste es el criterio para medir cuál será el resultado de la votación que se realizará el miércoles en la Cámara baja para definir si se protege o no a los jueces de la Corte Suprema, es posible entonces que el justicialismo, partidario de la impunidad de los supremos, triunfe. El problema en el arco opositor reside en el radicalismo, donde el resto de las bancadas dudan de la actitud que tomará la UCR en caso de ser derrotada la vuelta a comisión del dictamen acusatorio. Algunas bancadas creen que pueden estar siendo víctimas de una maniobra para rechazar el juicio político al máximo tribunal de justicia.
En primer lugar, la oposición que pretende devolver el dictamen acusatorio a la comisión hasta que cambien las condiciones políticas no es un espacio homogéneo. Allí confluyen radicales, peronistas disidentes, el ARI, el Frente para el Cambio y la izquierda. En total once bloques. Entre todos hay –por diferentes motivos– desconfianza, pero la mayoría ve con dudas la declamada firmeza del radicalismo. Los hombres del bloque radical juran que bajarán a dar la pelea por el retorno del dictamen. Sin embargo, todavía no decidieron qué hacer en caso de ser derrotados. El ARI y los PJ disidentes son proclives a dejar sin quórum la sesión pero hay una decena de legisladores de la UCR que confirmaron que se quedarán en el recinto en caso de perder. Aquí donde comienzan las dudas del resto de la oposición porque creen que pueden ser el blanco de una maniobra conjunta de radicales y peronistas para forzar una sesión y hacer caer el juicio a la Corte.
La confianza del justicialismo se asienta en dos puntos: la cantidad de votos propios y el acuerdo alcanzado con los partidos provinciales y Acción por la República. Con estos dos elementos el oficialismo se considera triunfador. Aseguran que tienen 100 diputados exclusivos (120 conforman la bancada en total) más 21 provinciales, cuatro cavallistas y dos de la Ucedé. Número suficiente, según los peronistas, para rechazar la vuelta a comisión del dictamen. Ahora bien, si ganan la pulseada, el justicialismo deberá abrir una nueva etapa de negociación porque, si bien los provinciales quieren llevar el debate del dictamen contra la Corte al recinto, también quieren destituir a los cinco supremos que integran la mayoría automática menemista. Los más confiados del PJ rechazan esta posibilidad. Sostienen que con 90 votos desactivan cualquier intento de enjuiciamiento a los cortesanos. Uno de los diputados duhaldistas de diálogo directo con el Presidente aseguró ayer que “nosotros tenemos los 90 y todos son nuestros”. El número no es un capricho, para imponer el dictamen acusatorio es preciso contar con los votos positivos de los dos tercios de los presentes. Si el miércoles están presentes los 257 diputados que integran el cuerpo, serían necesarios 85 para anular los dos tercios. Ahora bien, los cálculos más optimistas consideran que ese día estarán en sus bancas 240 diputados. Siguiendo el razonamiento del PJ, estarían garantizando la impunidad de los supremos.