“Todas la jubilaciones se aumentarán a partir de enero con este índice: desde la mínima hasta la máxima. Si no está claro, se escribirá claramente. Si hay que modificar algo para que no genere dudas, lo cambiaremos. De acá debe salir la mejor ley.” Con estas palabras, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se ganó el crédito de los diputados en el debate parlamentario sobre el proyecto de movilidad jubilatoria. Tomada se presentó ayer ante las comisiones de Previsión y Presupuesto para someterse a las preguntas de los legisladores. Compartió las respuestas con el director de la Anses, Amado Boudou, y el secretario de Seguridad Social, Walter Arreghi. La definición del ministro abrió la posibilidad de modificar los cuatro artículos que concentran los cuestionamientos de la oposición, entre ellos la fórmula con la que se calculará los aumentos de jubilaciones y pensiones a partir de 2009.

“La fórmula que está escrita en el proyecto no me gusta, la escribió el enemigo”, dijo María América González y arrancó la sonrisa de Tomada. La humorada de la abogada especializada en temas previsionales y diputada del SI fue un guiño para reclamar modificaciones al texto tras enumerar una larga lista de críticas al proyecto.

Uno de los cuestionamientos de González era que el cálculo de la Prestación Básica Universal (PBU) se fija en 326 pesos y su actualización queda atada al presupuesto nacional, por lo cual “los ajustes se haría sobre la mitad de las jubilaciones mínimas (ahora de 690 pesos), que representan el 76 por ciento de todos los jubilados y pensionados”. Tomada recogió el guante y ratificó que las jubilaciones mínimas se ajustarán “en su totalidad” con el índice que establece la iniciativa a partir de 2009. Hubo un diálogo permanente con “María América” durante todo el debate. Una actitud que el presidente de la Comisión de Previsión, Juan Carlos Díaz Roig, se empecinó en interrumpir. “Esto va a ser tanto para la jubilación mínima y la máxima. Si no está claro se escribe claramente”, concluyó el ministro para no dejar dudas.

González, que preside la Comisión de la Tercera Edad, también reclamó que se recompongan los haberes previsionales antes de aplicarse la movilidad. “Los sucesivos aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo han ido achatando la pirámide, trabajadores pasivos que antes tenían ingresos mayores ahora cobran el haber mínimo. Habría que desenganchar de la mínima a todo aquel jubilado que antes no cobraba el haber mínimo”, dijo la legisladora. Luego cuestionó que la fórmula de actualización sólo tomara el 90 por ciento de la recaudación tributaria “obligando a los jubilados a resignar el 10 por ciento para financiar su propio aumento”.

Claudio Lozano tomó la posta de González. “Si el haber mínimo se va a ajustar con el mismo índice habrá que hacer modificaciones en los artículos 2, 4 y 8 del proyecto”, dijo el diputado y economista de la CTA mirando la reacción de Tomada. El ministro no dudó: “Si hay que modificar algo para que no genere dudas, lo cambiaremos”, respondió.

Lozano volcó sus críticas a la fórmula de cálculo del proyecto. Cuestionó que el incremento de la recaudación tributaria destinada al sistema previsional (Iva, Ganancias, etc.) no incluya el “elemento más dinámico del sector, como son los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales, que desde 2001 a 2008 aumentó un 350 por ciento. Mientras que, en el mismo período, la recaudación fue de 230 por ciento y los salarios sólo el 120”. También que los aumentos salariales se midan a través del Indice General de Salarios del Indec, que “toma los trabajadores no registrados, bajando el nivel de los aumentos. Cuando se podría tomar el Sijyp que elabora la Anses”.

La lista de cuestionamientos siguió con María Fernanda Reyes. La diputada de la Coalición Cívica se sumó a quienes criticaron que el índice por recaudación tributaria quede atado a los beneficiarios. Desde la CC hicieron una proyección para estimar cómo habrían sido los aumentos durante 2007 si se hubiera aplicado la fórmula del proyecto: “Se determinaría una actualización de las jubilaciones del 5,7 por ciento (por semestre). Claramente por debajo del nivel de inflación y de los ajustes salariales que rondaron el 19 por ciento”, afirmó Reyes.

El radicalismo, a través Alejandro Nieva y Silva Giudici, planteó que la jubilación mínima se estableciera con el 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil, que con su última actualización ubicaría el haber jubilatorio mínimo en cerca de 1000 pesos. Un reclamo al que Tomada salió al cruce argumentando que atar la mínima a esa única variable “terminaría tirando hacia abajo el salario mínimo”.

Las definiciones de Tomada y las respuestas de Boudou y Arrighi envalentonaron a los legisladores oficialistas. “Creo que vamos a lograr un gran consenso para aprobar el proyecto”, sintetizó el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde. El grueso de la oposición se mostró “optimista” con las promesas de cambios en el proyecto, aunque mantiene una sola duda: “Hay que ver si el Gobierno y Tomada cumplirán con la palabra empeñada”.

Tomada se mostró entusiasta frente a los periodistas tras la finalización del plenario. “Permitió aclarar algunas dudas, precisar algunos conceptos y seguramente avanzar en una mejora del texto legal. Hemos venido a escuchar, explicar y ver como alcanzamos un consenso”, dijo el ministro frente a las cámaras y grabadores. Así, salió sin sobresaltos de la primera prueba para abrir el camino en el Congreso a la iniciativa que apura el Gobierno.

La exposición de Tomada fue una defensa de la política de “crecimiento económico con inclusión social” del Gobierno que, según el ministro, posibilitó “la progresiva recuperación del trabajo registrado”. Tomada repasó la tarea conjunta con el Parlamento en la sanción de las leyes de jubilación anticipada a la que “accedió el 40 por ciento de los mayores de 60” y el regreso de la “opción jubilatoria” que “devolvió el rol central que el Estado nunca debió perder el Estado”. También defendió los aumentos que el Gobierno otorgó por decretos y afirmó que esa actualización “duplicó” en pesos a la dictada por la Corte Suprema a través del “fallo Badaro”. Insistió, para quienes criticaron “la discrecionalidad” del gobierno kirchnerista en fijar los haberes, que “no debemos olvidar” que otros gobiernos los mantuvieron “congelados” y otros “hasta los redujeron”, en clara referencia las administraciones del menemismo y de la Alianza. Luego explicó que el “índice objetivo, sustentable y justo” con que se calculará los aumentos jubilatorios se sustentará sobre dos ejes: la mejora de los ingresos de los trabajadores en actividad y el aumento de la recaudación tributaria destinada a la seguridad social”.

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