Desde Tucumán

Ayer no hubo audiencias en el juicio que se lleva adelante en contra de los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en Tucumán por la desaparición del político local Guillermo Vargas Aignasse. Pero el tribunal oral tomó declaración a Eduardo Héctor González, comisario retirado, en su domicilio particular. El testigo dijo que no recordaba nada de lo ocurrido cuando era miembro de la Brigada de Investigaciones tucumana y desconoció un informe presentado a un juez militar. El juez que lo interrogó, Carlos Jiménez Montilla, pidió una pericia caligráfica ya que González es no vidente y no pudo reconocer su firma.

El comisario había entregado un informe, con su rúbrica, sobre el libro de registros de la guardia policial desde el 15 de marzo hasta el 11 abril de 1976. En ese período Vargas Aignasse fue secuestrado dos veces.

En el escrito presentado al juez de instrucción militar N° 76 (fechado el 6 de abril de 1984) decía que el senador peronista quedaba a disposición del interventor militar de la provincia, o sea Bussi. El represor lo negó en la primera jornada de audiencias.

De ese informe también se desprende que en el libro de la Brigada no se encuentra registrada la salida de Vargas Aignasse ocurrida el 31 de marzo de 1976. Ese día, el político tucumano fue trasladado al penal de Villa Urquiza por orden del represor Alberto Cattaneo.

Mariano García Zavalía, secretario de la Cámara, fue quien le leyó a González los textos, en su casa del municipio de Banda del Río Salí, pero el ex policía negó todo lo que escuchó. Es más, desconoció el cargo que se observaba en el sello puesto en el papel (firmó como segundo jefe de la División de la Secretaría General de la Policía). El testigo aseguró que nunca ocupó ese cargo, por lo que Jiménez Montilla pidió una pericia caligráfica para determinar la veracidad de sus dichos.

Desde la Fiscalía General Federal, a cargo de Alfredo Terraf, especulan con que los represores Bussi y Menéndez “armaron” todo el circuito legal para que la desaparición de Vargas Aignasse quedara registrada en papeles y con una “versión oficial”. Lo que se cree es que a los efectivos policiales y militares se les redactaba su declaración para que luego firmaran sin conocer, en muchos casos, su contenido. Esto se desprende de las últimas declaraciones de los testigos ofrecidos por la fiscalía durante la presente semana. Ninguno pudo sostener sus dichos del presente con sus acciones del pasado, que evidentemente los siguen persiguiendo.