La Justicia procesó a cuatro ex funcionarios del Ministerio de Economía por haber favorecido al Grupo Greco con maniobras destinadas a que se le pagaran al grupo 600 millones de pesos de una supuesta deuda, cuando en realidad sería deudor del Estado. El juez federal Sergio Torres determinó que los ex funcionarios procesados deben responder como coautores del delito de defraudación a la administración pública “por el hecho de haber comprometido –e incluso renunciado– a los objetivos e intereses que representaban”, es decir por no haber defendido los intereses del Estado. Los procesados son Yolanda Eggink, ex directora general de Asuntos Jurídicos (nombrada en ese cargo por Roberto Lavagna), Daniel Alberto García, ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados y la abogada de esa área Beatriz Pernás. Los tres han sido desplazados de sus cargos y se les inició un sumario interno, aunque siguen desempeñándose como personal de planta del ministerio. El cuarto imputado es Osvaldo Siseles, actualmente asesor del presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Apelbaum. El juez les fijó en el procesamiento embargos por un millón de pesos a cada uno. También dispuso que continúen en libertad mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.

El Grupo Greco nació con una bodega en Mendoza, productora del famoso vino Pángaro, y a fines de los ’70, en plena dictadura, compró el Banco de Los Andes. A través de esa entidad llegó a adquirir otras 43 empresas, la mayoría dedicadas a la vitivinicultura, como las bodegas Resero y Furlotti, el agua mineral Villavicencio y el diario Mendoza. Pero ese engorde económico se había dado de la mano de la especulación financiera; antes de que la década terminara, el Banco de Los Andes cayó, y en 1980 el grupo fue a la quiebra. La dictadura lo intervino, expropió las empresas y detuvo a los hermanos Héctor y José Greco y a su socio Jorge Bassil.

En 1987, Alfonsín acordó devolver parte de las empresas al grupo, que a su vez asumió obligaciones pendientes. Años más tarde, los Greco reclamaron por el supuesto incumplimiento del convenio. Se generó una causa judicial sobre la deuda en discusión. En agosto de 2005 el juez Francisco Soto reconoció al grupo como acreedor y dispuso homologar la liquidación de la deuda reclamada al Estado por 332 millones, cifra que, con su actualización e intereses, trepaba a los 600 millones. En aquel momento los funcionarios del Ministerio de Economía no apelaron el fallo e impulsaron el pago de los 600 millones sin tener en cuenta que el Estado tendría a su favor millonarias acreencias por los pagos que hizo a los empresarios a lo largo de los últimos casi 30 años. Hace un mes y luego de un escándalo de por medio, Soto se desdijo y dejó sin efecto aquella decisión que ordenaba el pago.

Ayer, el juez Torres señaló que los funcionarios debieron apelar aquel fallo judicial para el pago a los Greco, ya que las normas los obligaban a hacerlo, salvo una dispensa expresa del ministro, lo que en este caso no sucedió. Para Torres, los procesados dejaron de producir prueba en favor del Estado para ocuparse solamente de producir las liquidaciones que reclamaba el grupo, aceptarlas y, una vez que el juez falló, no apelarlas del modo regular.