Banqueros y senadores siguen desfilando en Tribunales para negar las presuntas nuevas coimas que habrían pedido legisladores a banqueros para frenar una ley. Sin embargo, el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, se mostró optimista respecto del avance de la investigación. “La causa tuvo un logro al acreditar la existencia de la reunión (entre los banqueros extranjeros y los embajadores norteamericano y británico) y el contacto posterior de uno de los participantes con el periodista del Financial Times (FT). Entendemos que parte de la realidad que describió en sus artículos es cierta”, afirmó el fiscal ante Página/12. Ayer declararon como testigos el presidente de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), Mario Vicens, y el presidente del bloque de senadores justicialistas, José Luis Gioja. Hoy es el turno del senador Jorge Capitanich y mañana el de Luis Barrionuevo, autor de la ley por la que se habrían pedido los sobornos. Por otra parte, Página/12 pudo saber que Vicens aseguró que la ABA le paga 25 mil pesos por mes al lobbista Carlos Bercún, cuya consultora elabora informes sobre los trámites parlamentarios.
Bercún había sido señalado por la senadora justicialista Malvina Seguí como el presunto coimero de esta historia. El lobbista se encuentra en Londres, pero se puso “a disposición” del juzgado a través de su abogado Zenón Ceballos. A su vez, Seguí había sido mencionada como la supuesta protagonista de un video que habría registrado el pago del soborno. Sin embargo, la cinta nunca apareció, y la SIDE y otros organismos de seguridad informaron al juzgado que desconocen su existencia.
“Vicens se puso nervioso al hablar de Bercún y cuando le pidieron sus números de teléfono”, refirió a este diario uno de los investigadores, en alusión a la declaración testimonial que prestó ayer el presidente de la ABA. Otra fuente aclaró que Vicens no aceptó definir a Bercún como “lobbista” y explicó que sólo lo contrataron para que les proveyera de sus informes sobre la marcha de los proyectos de leyes que interesan a los banqueros. Y refirió que el presidente de la ABA insistió en que recién asumió en ese cargo el 1º de julio y las reuniones que mantuvo, incluso con senadores, fueron abiertas y formales. Vicens se preocupó en marcar que quien tiene un trato más fluido con Bercún es el director de la ABA, Norberto Peruzzotti. Los investigadores encontraron en su agenda, que hasta ayer pensaban pertenecía a Vicens, una reunión mantenida con el secretario general de la Asociación Bancaria Juan José Zanola.
Vicens tuvo que dar explicaciones sobre su visita al presidente del Senado, Juan Carlos Maqueda, el 2 de agosto. Repitió que se trató de un encuentro “protocolar” y aseguró que “gente de Ceremonial” lo hizo ingresar al Congreso. Si bien su entrada no figura en los registros de la Cámara alta, los investigadores constataron que la circulación allí es como “un queso gruyère”, de modo que, “o pasó y no fue registrado o la reunión fue afuera del Senado”. En su primera declaración, Vicens había omitido mencionar el encuentro con Maqueda.
El siguiente en sentarse frente al juez federal Claudio Bonadío fue el presidente del bloque de senadores justicialistas, el sanjuanino José Luis Gioja. La denunciante Seguí le había dicho al magistrado que Gioja reprochó a senadores en su presencia el hecho de haberse reunido afuera del Senado con banqueros. “Esas reuniones fueron a posteriori del tratamiento de la ley”, aclaró al salir del juzgado. El senador enfatizó que “el tratamiento parlamentario de la ley en cuestión fue absolutamente normal y fue aprobada por unanimidad”, aunque aclaró que no puede poner “las manos en el fuego por nadie”.
“Tanto el juzgado como la fiscalía están haciendo esfuerzos para reconstruir algo que no surgía con toda claridad del escueto artículo (del FT)”, afirmó Marijuán ante Página/12. “Cuando (senadores y banqueros) están negociando hay un cohecho activo y un cohecho pasivo, los dos son autores de un delito”, agregó. Y también estimó que “puede ser que los banqueros no digan nada por dos supuestos: porque hayan sido parte de unilícito por una negociación que mantuvieron o bien porque la política de sus entidades los llevan a guardar silencio”.