El juez federal Ariel Lijo allanó cinco dependencias de la empresa Siemens en busca de documentación sobre el pago de sobornos vinculados al contrato para la informatización de los DNI. El expediente se reactivó luego de revelaciones de medios de prensa alemanes, que señalaron que la Justicia de ese país tendría indicios del pago de coimas durante las gestiones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. El juez buscó especialmente datos sobre las empresas que habrían servido de intermediarias para entregar millonarias sumas a Menem, el ex ministro de Interior Carlos Corach y el ex titular de Migraciones Hugo Franco.

Los procedimientos ordenados por el magistrado y llevados a cabo por efectivos de la Gendarmería abarcaron cuatro edificios de la compañía en la ciudad de Buenos Aires –incluida la casa central de Julio A. Roca y Bolívar– y un depósito en el partido bonaerense de San Martín.

Lijo secuestró cuatro cajas con documentación contable relativa a las sociedades armadas para la licitación de los documentos de identidad, así como papeles informales (comunicaciones internas, mails, etc).

El juez también solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe sobre los movimientos de aquellas sociedades armadas por Siemens. Por el momento, espera que la justicia de Alemania responda un exhorto mediante el cual requirió cualquier tipo de documentación que involucre a funcionarios argentinos con el cobro de sobornos.

La semana pasada, los diarios alemanes Der Spiegel y Süddeutsche Zeitung (SZ) aseguraron que existía un papel en poder de Siemens y de la fiscalía de Munich que serviría como prueba de que Menem, Corach y Franco recibieron plata para favorecer a la empresa en el contrato de los DNI. Allí aparecerían sus iniciales –CM, CC y HF– al lado de las sumas de dinero presuntamente entregadas (16 millones de dólares, 9 millones 750 mil y un millón novecientos respectivamente) y las empresas a través de las cuales se habrían producido los pagos (Pepcom, Mirror Development y Finli Advisors).

El contrato para la digitalización de los DNI, un negocio que rondaba los mil doscientos millones de dólares, fue rescindido en 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa. La investigación alemana aportó indicios acerca de que luego, durante la presidencia de Duhalde, hubo un pago que apuntó a reflotar ese contrato.