“La orden se impartió desde el vértice, la dio el imputado (Carlos) Menem”, determinó un juez federal de Córdoba y procesó al ex presidente por el delito de “estrago doloso agravado por muerte de persona”, en la causa por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, que en noviembre de 1995 causó la muerte a siete personas y dejó heridas a decenas. Tal como venían planteando la querella y la fiscalía, el magistrado entendió que la voladura de la planta fue intencional y tuvo como objetivo encubrir el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Ana Gritti, viuda de una de las víctimas y única querellante en la causa, impulsó este proceso, que ya está en condiciones de ser elevado a juicio oral, con la energía de quien libra una batalla personal. Su abogado, Horacio Viqueira, calificó la resolución como “inédita” respecto de las responsabilidades políticas, aunque lamentó que el juez no procesara también al ex jefe del Ejército Martín Balza, ya que consideró que había elementos para hacerlo.

En la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, por la que Menem llegó a estar preso, la fiscalía había establecido que las explosiones en la planta de Río Tercero fueron producto de un acto deliberado destinado a ocultar el faltante del material bélico enviado al exterior. Junto a los querellantes, el fiscal Carlos Stornelli había pedido las indagatorias de Menem y de Balza, al definir a la fábrica cordobesa como un “escenario preponderante para la toma de decisiones” sobre el tráfico de armas que se habría concretado, entre 1991 y 1995, al amparo de cuatro decretos del gobierno del riojano.

El juez federal de Río Cuarto Oscar Valentinuzzi, que investiga como subrogante la explosión en la fábrica militar, procesó al actual senador Menem y a otros dos acusados, el ex secretario de Planificación para la Defensa, Heriberto Baeza González, y en número dos de Fabricaciones Militares, Norberto Osvaldo Emanuel, con embargos en 200 mil pesos. A criterio de Valentinu-zzi, la orden de Menem “bajó rápidamente al Ministerio de Defensa, vía el asesor de Asuntos Militares (...) y del mismo modo a la rígida formación militar a quienes ocuparan cargos en la misma y en la Fábrica Militar de Río Tercero, cuyos miembros se debían al poder político del presidente, comandante de las fuerzas armadas del país”. El juez concluyó que “la responsabilidad de Carlos Saúl Menem puede apreciarse con fuerza dados los suficientes elementos convictivos receptados en la instrucción”. En cambio, dictó la falta de mérito de Balza, Raúl Gómez Sabbaini, Antolín Mosquera, José Ezcurra y Máximo Groba.

Viqueira, ex diputado y denunciante en la causa por contrabando, destacó el valor del procesamiento del ex presidente porque “nunca antes se había podido avanzar con los cargos políticos, la investigación estuvo limitada a la fábrica”. Según el abogado querellante, también es importante el procesamiento de Baeza porque “fue el primero que salió en aquel momento a dar cifras falsas, a mentir una explicación muy elaborada que, además, se tomó por buena durante años: la hipótesis del accidente”. Si bien Viqueira se lamentó de que el juez no haya dictado la prisión preventiva de Menem, para la cual cree que había razones dada la figura legal que le imputó, ponderó que haya aplicado la “teoría mediata”, que sirve para juzgar las responsabilidades de los funcionarios en estos casos. En esta causa los acusados habían llegado a juicio bajo el cargo de estrago culposo, pero el tribunal oral modificó la calificación y ordenó volver a investigar todo con la figura del estrago “doloso”, es decir, con intención. Están ya procesados los militares Jorge Cornejo Torino, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Oscar Quiroga, y Marcelo Gatto.

La voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero se produjo el 3 de noviembre de 1995 y las explosiones continuaron en los días siguientes, afectando un radio de unos 20 kilómetros. El hecho coincidió con el pase de Fabricaciones Militares del Ministerio de Defensa a Economía, y los investigadores siempre sospecharon que la planta fue volada porque era inminente la realización de un inventario que habría dejado al descubierto el contrabando de armas.