Más de cinco mil personas se concentraron ayer frente al penal de Jujuy donde se encuentran alojados los 111 desocupados detenidos el pasado 20 de setiembre durante la marcha por el “que se vayan todos” para exigir su inmediata liberación. El acto lo encabezaron dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Frente de Gremios estatales jujeño –a los que pertenecen la mayoría de los manifestantes presos– y contó con la participación de varios diputados nacionales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos. La agrupación piquetera Teresa Vive también reclamó que los detenidos jujeños sean liberados durante una marcha que realizó por las calles porteñas en demanda de nuevos planes laborales y alimentos.
“Acá hubo una conspiración entre (el ex presidente Carlos) Menem, el gobernador (Eduardo) Fellner y la policía provincial usada en forma política para provocar a los manifestantes e infiltrar a efectivos policiales para que produjeran las roturas de los comercios y vehículos”, denunció el dirigente piquetero y diputado provincial bonaerense Luis D’Elía, quien viajó a Jujuy para sumarse al reclamo por la liberación de todos los detenidos. Del acto participaron también el líder de la CCC en La Matanza, Juan Carlos Alderete; el jujeño Carlos “Perro” Santillán, el titular de la CTA de Jujuy, Fernando Acosta, y los diputados nacionales Ricardo Romero (PJ), Eduardo Macaluse (ARI) y Francisco “Barba” Gutiérrez (Polo Social).
Alderete convocó a la unidad de los sectores populares “para que se vayan todos y dejen gobernar al pueblo” y anunció nuevas protestas: el próximo miércoles será otro día de piquetes para exigir “a la Justicia y al gobierno jujeño la pronta liberación de nuestros compañeros de la CCC” y 48 horas más tarde, el viernes 11, tendrá lugar una jornada de rebeldía “contra el hambre, la miseria, la represión y la muerte”, que incluirá marchas y cortes de rutas en todo el país.
“Este modelo de miseria y desocupación no cierra sin represión”, destacó por su parte Macaluse y agregó que al Gobierno “ya no le basta con haber arrasado los derechos laborales, ahora encuadra como delitos las acciones de legítima protesta social”.
La razón por la cual los manifestantes detenidos el 20 de setiembre continúan presos es, justamente, porque el juez les imputó la comisión de delitos comunes cuando en realidad protagonizaban una manifestación. Aquel día fueron detenidas 129 personas, entre ellas 33 menores y 40 mujeres; 111 siguen aún hoy en la cárcel.
Los incidentes y la represión policial que tuvieron lugar entonces llevaron a que el abogado Miguel Cabezas presentara también ayer ante la Legislatura un pedido de juicio político contra Fellner. El cargo por el cual acusa al gobernador es incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que no pudo garantizar a todos los jujeños la seguridad durante la marcha de aquel viernes, que terminó con destrozos de varios autos y comercios.