La ministra de Defensa, Nilda Garré, tomó la determinación de prohibirles a los jefes de los estados mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el “alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente” por delitos de lesa humanidad. Páginai12 había adelantado la información que ayer fue confirmada por la cartera de Defensa, al dar a conocer el texto de la resolución. Fundamentada en la Ley de Defensa Nacional y el Código Procesal Penal, la medida también prohíbe a las Fuerzas Armadas la ejecución de “requerimientos judiciales” y “diligencias procesales” sin la autorización de ese ministerio.

“En varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos, han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las FF.AA. para la realización de tareas que son propias de las Fuerzas de Seguridad”, dice en sus considerandos la norma firmada por Garré. Por eso –continúa– “resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tienen competencia, ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos”.

Según voceros de Defensa, la ministra apunta a terminar con las decisiones judiciales de optar por los cuarteles como alojamiento para los militares procesados y sentenciados por los delitos cometidos durante la última dictadura. Además busca impedir que los militares en actividad oficien como asistentes de los privilegios que gozan los represores y genocidas.

El ministerio explicó que “la nueva disposición está encaminada a que el personal militar no sea el encargado de realizar y custodiar los traslados de los detenidos que, por disposiciones de los jueces, deban realizar salidas de sus lugares de detención, carcelarios o domiciliarios”. Luego remarcó que “la presencia de los procesados implica un mal ejemplo para los efectivos que prestan servicio en las mismas y que el hecho constituye una desigualdad ante la ley”.

Con ese propósito, en agosto pasado, Garré dirigió una nota al juez federal de Tucumán, Raúl Bejas. Ya lo había hecho, en otras oportunidades, dirigiéndose con el mismo objetivo a magistrados y cámaras federales con jurisdicción en causas donde están procesados militares por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Incluso firmó un convenio con el Ministerio de Justicia por el cual se convirtió el ex Instituto Penal de las Fuerzas Armadas –ubicado en Campo de Mayo– en la Unidad Penal Federal Nº 34, a cargo del Instituto Penitenciario Federal. Pero su prédica no había tenido éxito entre los jueces. Ahora la decisión final pasará por sus manos.