La promesa de una sociedad segura al costo de sacrificar derechos fundamentales no es nueva. El denominado Pacto Social en Seguridad que el pasado 29 de agosto anunció el gobernador de Mendoza reivindicó la doctrina del enemigo del derecho penal y la tolerancia cero en un acto donde no fueron convocados los organismos de derechos humanos. Se trata de un discurso violento que nos coloca en una “guerra contra el delito”, donde los “enemigos” deben ser destruidos con “mayor poder de fuego”. En las guerras no hay derechos, hay acciones. El año pasado el ex gobernador Cobos también intentó impulsar reformas de mano dura en el mismo sentido, sin éxito gracias a la oposición del CELS y otros organismos de derechos humanos. Limitar derechos fundamentales y encarcelar a los pobres aun cuando se trate de delitos leves, bajar la edad de imputabilidad a los menores, eliminar garantías para practicar allanamientos, entre otras medidas, no han demostrado ser efectivas para bajar los índices de violencia, todo lo contrario. Es que la violencia se despliega en todas sus formas, no sólo disfrazada del crimen común contra la propiedad y la vida: está presente en cada barrio popular, en cada villa miseria, en la vida cotidiana de quienes no tienen nada que perder. La derecha solo muestra interesadamente una parte del problema postulando la promesa de una solución represiva frente a un fenómeno estructural, complejo y multicausal propio de sociedades desiguales e injustas como la nuestra. El encierro masivo de jóvenes de los sectores vulnerables, sin educación ni trabajo en las hacinadas cárceles provinciales, no ha dado ningún resultado positivo en términos de índices de criminalidad. Una política de seguridad democrática y respetuosa de los derechos de todos debería ir acompañada de una reforma carcelaria que permita la inclusión social de los condenados. Esta reforma está pendiente en Mendoza, a pesar de existir compromisos internacionales en ese sentido. Frente a esto creímos necesario señalar nuestras diferencias y abandonar nuestros cargos en un gobierno provincial que ha asumido, al menos por ahora, el discurso de la derecha.

* Funcionarios renunciantes del área de Derechos Humanos de Mendoza.