Los funcionarios de Mauricio Macri se encontraron ayer con una visita inesperada: un grupo de policías que llegaron con una orden de allanamiento. Siete dependencias del gobierno porteño fueron requisadas por orden del juez Roberto Andrés Gallardo, quien dispuso secuestrar documentos que apuntan a demostrar que la administración macrista no acató la orden judicial de garantizar la atención médica a un centro de refugiados donde sobreviven los ex habitantes de Villa Cartón. En ese lugar falleció un bebé por falta de asistencia médica, por lo que Su Señoría citó a Macri y a varios de sus ministros a dar explicaciones a una audiencia que se hizo el martes sin que se presentara ninguno de ellos. A raíz de esto, el jefe de Gobierno y varios de sus funcionarios fueron denunciados penalmente.

La Policía Federal allanó el Palacio de Gobierno, el Ministerio de Salud porteño, el de Desarrollo Social, las sedes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Corporación Sur y los hospitales Piñero y Pirovano. En la sede de la Jefatura de Gobierno hubo ataques de histeria de funcionarios de segundas líneas, que amenazaron con denunciar al juez por “abuso de autoridad”. No entregaron la documentación, ya que adujeron que no se encontraba allí, pero aseguraron que se la alcanzarán al juzgado. En los otros casos, secuestraron documentos sobre las condiciones en las que el gobierno porteño mantiene a cerca de 440 familias evacuadas luego del incendio de Villa Cartón, en el que perdieron todas sus pertenencias.

En febrero de 2007, cuando fue el incendio, el gobierno porteño primero destinó a las familias que vivían bajo la AU7 a un conjunto de carpas. Luego de que una de las refugiadas muriera durante una tormenta, los trasladó al Parque Roca. Era supuestamente en forma transitoria, hasta que el IVC les construyese viviendas definitivas, que deberían haber estado listas hace más de un año. Olvidadas por el olvido, las familias sobreviven cerca del Riachuelo en viviendas precarias, sin iluminación, sin gas, sin agua, sin sistema de cloacas y sin asistencia médica. Un asentamiento creado por el Estado.

Ante un pedido de un defensor oficial, Gallardo concedió un amparo en diciembre del año pasado, en el que ordenó que hubiera médicos en el lugar “las 24 horas”. Sin embargo, el 13 de agosto pasado falleció allí Javier, de cuatro meses. Cerca de las 10 de la mañana, su madre lo encontró “morado” y, como no había médicos, ni existe ningún transporte que llegue hasta allí, tardó más de una hora en llegar al Hospital Piñero, donde el bebé murió antes del mediodía.

El juez citó para dar explicaciones a Macri, al ministro de Salud, Jorge Lemus; a la ministra de De-sarrollo Social, María Eugenia Vidal; al procurador, Pablo Tonelli; al titular del IVC, Roberto Apelbaum; y a Humberto Schiavoni, que conduce la Corporación Sur. Ninguno fue. Sólo se presentó un abogado de la Procuración, Marcelo Wagnszld, quien aseguró que los médicos no estaban para asistir al bebé porque “con motivo de la inseguridad hubo una orden de que no fueran más”.

–¿Quién dio la orden? –quiso saber el juez.

–No, en realidad, dejó de obligárselos a ir –sostuvo el funcionario PRO, quien no pudo presentar ningún documento que respaldara sus dichos.

A raíz de esto, la titular de los asesores tutelares, Laura Musa, y el defensor oficial Fernando Lodeiro Martínez presentaron una denuncia penal contra Macri y los funcionarios citados por “desobediencia” e “incumplimiento de los deberes del funcionario público”. Los allanamientos de ayer tenían como fin secuestrar la documentación que probaría que no cumplieron con la orden judicial y que existía una guardia permanente de tres policías que permitía la asistencia de los médicos. Hoy la policía le entregará los documentos requisados al juez.

Luego de los allanamientos, decir que había malhumor en el gobierno porteño es poco. “¡Gallardo reaccionó histéricamente, como una mina, e hizo esos allanamientos ridículos!”, se escuchó cerca de Macri. “Si lo hubiera pedido, se lo hubiéramos dado nosotros –aseguró a PáginaI12 el procurador porteño Pablo Tonelli–. Fue innecesario el allanamiento. Fue un espectáculo para los medios y una muestra de su enojo por el fracaso de la audiencia. Está claro que Gallardo actúa políticamente.”

“Había citado al jefe de Gobierno y a no sé cuántos funcionarios. No fue nadie, como corresponde. No le vamos a celebrar una reunión de gabinete en su despacho”, sostuvo el funcionario, que va a pedir una serie de nulidades en la causa. “Lo escandaloso no son los allamientos, sino que existe un barrio creado por el Estado que está siendo desatendido por todos los ministerios”, le respondió la asesora tutelar, Laura Musa.