Los jueces que llevan adelante el juicio oral por el atentado a la AMIA solicitaron a la Defensoría General de la Nación que “evalúe aplicar sanciones disciplinarias” al defensor oficial Eduardo García, quien la semana pasada había pedido la recusación del presidente del tribunal, Miguel Pons.
García había argumentado que los magistrados estaba cercenando el derecho de defensa del ex policía Raúl Ibarra, acusado de “partícipe necesario” del ataque a la mutual judía. Pero el defensor se retractó el mismo día, aunque demoró la audiencia tres horas y puso en riesgo la continuidad del juicio. Para los jueces, la recusación impulsada por García fue “un hecho grave” y “reprochable” porque sólo debería utilizarse en casos extremos y afectó un juicio en que el Estado “hizo un gran esfuerzo”.
El tribunal hizo su anuncio antes de iniciar la audiencia de ayer, en la que un testigo aseguró que antes de la explosión de la AMIA que escuchó la frenada de un vehículo. El dato cobra relevancia ya que los querellantes y defensores discrepan acerca de si hubo o no un coche bomba en el atentado.