El bloque de PRO en la Legislatura lograba al cierre de esta edición aprobar la ampliación presupuestaria de 1548 millones de pesos que reclamaba Mauricio Macri. Lo conseguía gracias a que modificó el dictamen original e incorporó los votos de la Coalición Cívica. Para sumar a los lilitos, redujo los fondos extra que destinaba a las empresas recolectoras de basura, que pasaron de 411 a 210 millones. También eliminó un artículo que le permitía al jefe de Gobierno la reasignación de partidas, algo que la oposición interpretó como los mismos “superpoderes” que Macri criticaba en sus inolvidables épocas de diputado.

Tras informar que contaba con una recaudación mayor a la prevista, la gestión PRO pidió una ampliación del presupuesto que generó polémica, ya que les otorgaba 411 millones extra a las empresas recolectoras de basura. Con ese incremento, el dinero destinado a esas empresas este año llegaba a 1172 millones de pesos. La oposición cuestionaba, además, que ni el gobierno porteño ni las empresas entregaron datos que respaldaran ese presupuesto extra.

La sesión prometía durar hasta la madrugada, cuando cerca de las seis de la tarde los macristas llegaron a un acuerdo con los lilitos y consiguieron los votos necesarios. Para eso, modificaron el dictamen de mayoría. Recortaron a la mitad los fondos para las empresas recolectoras y repartieron los otros 200 millones en otras áreas: 30 millones para la reparación y limpieza de hospitales; otros 20 a los comedores hospitalarios, 99 millones para la “reparación de aceras” y 24 millones para el Instituto de la Vivienda de la ciudad (IVC).

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Alvaro González, explicó al comienzo de la sesión que “la modificación presupuestaria refleja el aumento de salarios otorgado al personal de planta permanente”. Y deslindó los puntos que no modificaron: 625 millones destinados a ese aumento salarial, 120 millones para la redefinición de precios de los servicios y otros 60 millones al pago de intereses de la deuda. “Estamos a favor de consagrar los aumentos salariales y por eso votamos a favor en general”, explicó el legislador de la CC Sergio Abrevaya. “La CC consiguió que se amplíen las becas a estudiantes y se incrementen los fondos para el IVC”, aseguró. Los lilitos también consideraron un logro propio que el proyecto no incluyera “superpoderes”.

En cambio, los kirchneristas no perdonaron ese artículo del dictamen original. “Macri una de las pocas veces que habló en el Congreso fue para fustigar la delegación de facultades y él la pide a un año de gobierno –le apuntó la legisladora Gabriela Cerruti–. Es como cuando aplaude a De Angeli porque corta las rutas y fustiga a los estudiantes que toman los colegios.” “El problema no es el doble discurso sino la doble moral: una vez más el eje está puesto en los contratistas y en las redeterminaciones de precios”, indicó Cerruti, miembro informante del dictamen de minoría que presentaron kirchneristas, ibarristas y socialistas. Todos, en contra.

“La asignación de recursos pone en evidencia una cuestión ideológica profunda: mientras las becas estudiantiles de 600 u 800 pesos anuales se analizan con lupa y deben venir con certificado de pobreza, las transferencias al sector privado, principalmente a las empresas de basura, se hacen sin ninguna explicación y por cientos de millones de pesos”, disparó el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.

El diputado del PS Julián D’Angelo se entretuvo revisando los números de la subejecución: indicó que se había ejecutado del 44 por ciento del presupuesto para los sueldos de los contratados y la planta transitoria, el 50 por ciento para la planta permanente, pero para la planta de gabinete y funcionarios ya llegaba al 75 por ciento en promedio. “Lo que ocurre es que Macri ya se gastó en un solo semestre prácticamente toda la plata para pagar a sus funcionarios y asesores. Incluso en Salud y Desa-rrollo Urbano es del 90 por ciento”, comentó D’Angelo.

También se pronunciaron en contra los diputados Martín Hourest y Liliana Parada (Igualdad Social), junto a Patricia Walsh (Nueva Izquierda). “Les niegan el aumento salarial a los docentes, mientras les dan 210 millones más a cinco empresas privadas de recolección de basura, que ahora recibirán 957 millones. Es un record histórico de la gestión de Macri”, ironizó Walsh. En su despacho de minoría, disponían un aumento para los docentes y las políticas sociales, la derogación de la ley que permitió el endeudamiento y la citación del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, para que explique la subejecución de partidas. “El gobierno usa de menos y pide de más. La insistencia en mantener el nivel de endeudamiento se está convirtiendo casi en una afrenta a la sociedad”, sintetizó Hourest.