El fiscal Federico Delgado solicitó que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo sea sometido a un juicio oral y público por una presunta defraudación a la administración pública que habría provocado, en 2001, un perjuicio al patrimonio del Estado de casi 50 millones de pesos.

El fiscal le reprocha a Cavallo haber dispuesto que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dependiente de la cartera a su cargo, desistiese de reclamar a empresas pesqueras el pago de sentencias por más de 48 millones por reembolsos a las exportaciones cobrados ilegítimamente.

En su presentación, efectuada al juez federal Jorge Luis Ballestero, Delgado sostiene que Cavallo “sustrajo fondos anómalamente a la comunidad” al efectuar una “deliberada transferencia de recursos públicos a un grupo de empresas pesqueras que habían percibido ilegalmente sumas de dinero en concepto de reintegro por exportaciones”.

La causa se inició por denuncia de la camarista en lo Contencioso Administrativo Federal María Jeanneret de Pérez Cortés, quien advirtió la maniobra en un expediente que había tramitado ante el tribunal que integra y pidió que se investigue el accionar del ex ministro.

Cavallo, sostuvo Delgado, “dictó un acto administrativo amparado en la capacidad jurídica derivada de su cargo de ministro de Economía, a través del que, con conciencia y voluntad, causó un dañó a las arcas públicas transfiriendo fondos ilegalmente a empresas privadas, violando, de esta manera, los deberes que reclamaba el cargo”.

De acuerdo con las constancias del expediente, mediante la resolución cuestionada se “perjudicó al erario público porque la decisión se tradujo en la renuncia a recuperar fondos anómalamente percibidos por las empresas en concepto de exportaciones que no reunieron las condiciones legales para acceder al beneficio del reembolso”.

Según la Sindicatura General de la Nación, “hay por lo menos 25 causas, con sentencia firme y 19 en trámite cuyo importe a recuperar para la Dirección Nacional de Aduanas asciende a 25.590.790,62 de pesos y 22.619.059,44 de pesos respectivamente”.

“El comportamiento del imputado tuvo concretos perjuicios fiscales conforme lo señaló la Sindicatura General de la Nación, pero el organismo de contralor individualizó otro dato de suma importancia a la hora de acreditar que el comportamiento (de Cavallo) fue doloso”, ya que el porcentaje de sentencias favorables para la Aduana era de un ochenta y cinco por ciento”, explicó Delgado.

El Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión para el delito de defraudación a la administración pública, por el que ahora Cavallo puede ir a juicio.