Ningún político de este país puede fingir ignorancia sobre lo que significó, como factor distorsivo y retrógrado, la influencia de los intereses representados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta misma semana, los problemas en el transporte ferroviario y aerocomercial volvieron a recordar los aspectos negativos de las políticas privatizadoras de los años ’90, consumadas con los auspicios celebratorios de ese y otros organismos de crédito multilaterales. A pesar de tantos antecedentes y de consecuencias desgraciadas que hasta hoy están presentes en la vida nacional, el factor FMI desapareció de las ecuaciones argumentales que pretenden descalificar la decisión presidencial de cancelar la deuda pendiente con el Club de París. Pueden ser motivo de controversia la oportunidad elegida o la imposibilidad de mayores plazos, pero la ficción se vuelve hipocresía cuando la crítica pretende ignorar que al honrar la deuda la Nación recupera porciones equivalentes de soberanía y de autodeterminación. La determinación de pago tenía que ser sorpresiva para que los enemigos de la independencia, que no son pocos en el país desde la Revolución de Mayo hasta la fecha, no tuvieran tiempo de organizar la campaña de hostilidades.

La teoría de la dependencia, tan en boga en los años ’70, fue arrasada más tarde por la caída del Muro de Berlín y la hegemonía neoliberal del “pensamiento único” y del “fin de la historia”. Esa preponderancia terminó casi al mismo tiempo que el siglo XX y ya es tiempo de recuperar nociones que fueron ignoradas con absoluta premeditación y alevosía. La relación desigual entre metrópoli y periferia existió y aún perdura en los términos de la llamada globalización de la economía, no sólo en el ámbito internacional sino en el interior de cada país. El caso boliviano en estos días es paradigmático por el estruendo de la confrontación entre el gobierno central de Evo Morales y cuatro de las principales gobernaciones provinciales, pero desigualdades y crispaciones similares distorsionan el desarrollo armónico en todos los territorios de América latina. Desde la izquierda la crítica principal cuestiona que no sean saldadas las deudas internas, cuando todavía hay millones de argentinos en la miseria, con la misma premura y diligencia que las externas. Es una opinión válida siempre que reconozca el valor que tiene, incluso para pelear contra las desigualdades, la libertad de acción que implica no tener al FMI montado sobre las políticas públicas.

Para los que confían en las encuestas, la opinión de la mayoría absoluta de la población, en algunas muestras hasta el ochenta por ciento de los encuestados, apoyó el anuncio oficial. Es un dato creíble dado que cualquier entidad crediticia, bancaria o comercial, podrá confirmar que los más humildes son los más cumplidos con los compromisos adquiridos y recuperar el prestigio perdido como Nación empata con el sentido particular de dignidad y honradez. A pesar de esa actitud favorable, puede ser que su impacto no alcance para modificar el malhumor social, fomentado por las dificultades reales para mantener un cierto nivel de vida y, además, por la sostenida promoción de las dificultades que realizan algunos voceros mediáticos, tanto en la prensa escrita como audiovisual. Por cierto, la marcha del Gobierno todavía no alcanza para ubicarse a la vanguardia de los acontecimientos y algunas de sus iniciativas, que deberían conmover a muchos, son esterilizadas por una cierta dosis de mezquindad en la redistribución de las riquezas.

La movilidad de las jubilaciones, instigada por la Corte Suprema que ha dejado de ocuparse del sexo de los ángeles y de los grandes negocios como en el pasado para meterse con los principales casos de la sociedad, es una referencia concreta de esa percepción de escasez en la oferta de reparaciones. El principio que motiva el método es justo pero la fórmula de cálculo es muy escasa, sobre todo si se tiene en cuenta la injusticia de origen en los montos jubilatorios, pese a los doce aumentos otorgados durante los últimos cinco años. Las dos centrales de trabajadores, CGT y CTA, apelaron juntas ante la presidenta Cristina para mejorar el proyecto y fueron bien recibidas, pero aún así tendrá que pasar algún tiempo para juzgar si los efectos conseguidos por la ley en trámite son los merecidos. En este tema, como en los salarios recompuestos por las paritarias, pesa como un salvavidas de plomo el aumento de precios a productos de consumo masivo, sobre todo en las capas medias y bajas. Si las estadísticas del Indec hubieran recuperado la confianza pública no desaparecerían las tendencias inflacionarias, pero al menos el debate podría darse desde cifras compartidas, en lugar de manejar cualquier dato y difundirlo como cierto en los circuitos mediáticos. Por no contar con esa base estadística confiable y con una gestión exitosa en el control de precios, el prestigio de la recuperación económica pierde fuerza en la consideración más extendida. Las alusiones al pasado inmediato empiezan a sonar en el oído de la calle, como memoria histórica y hasta se transforma en ficción en lugar de presente consolidado y promesa de futuro.

La actitud defensiva en la que quedó el Gobierno, después de la derrota legislativa de las retenciones agroexportadoras, tampoco favorece a sus propuestas y muestra una imagen de creciente debilidad. Al repasar el debate legislativo sobre el rescate de Aerolíneas Argentinas sobresale el argumento opositor sobre el gasto para el Tesoro nacional, en lugar de mostrar el efecto devastador que tuvieron las privatizaciones a mansalva de los años ’90, con gobiernos subordinados al FMI. La mayoría oficialista aparece justificando ese costo, como si fuera una culpa propia cuando en realidad es el resultado del fracaso de las políticas conservadoras de la década menemista. Hay que decir también que el Gobierno queda descolocado en esa confrontación debido al deficiente desempeño de los funcionarios del área de transporte que dejaron hacer a los socios mayoritarios sin ejercer el control irrenunciable del Estado, así fuera por razones de política exterior, en este caso con las autoridades amigas de España, y cuando quedan al descubierto nadie se hace cargo del desaguisado. Aprovechándose de todo, la derecha toma la ofensiva para instalar la idea de la “reestatización” de las empresas privatizadas, a cualquier costo, como si fuera una voluntad ideológica del Poder Ejecutivo que despilfarra los recursos aportados por el favorable comercio exterior. Es una fantasía, pero se vende bien.

Las ficciones oficialistas, en cambio, se parecen demasiado a otras épocas, cuando los muchachos cantaban con entusiasmo “ni yanquis ni marxistas”. La conspiración trotskista que develó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para explicar los últimos incidentes con el servicio ferroviario de los hermanos Cirigliano, afortunados emprendedores de la naciente burguesía K, finge desconocer cuáles son las condiciones que reciben los usuarios a cambio del retoque en las tarifas (diciembre/2007) y a los suculentos subsidios estatales. A principios de agosto último, según datos que ninguna fuente oficial desmintió, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, repartió 2652 millones de pesos para trenes, subtes y colectivos que circulan en el área metropolitana. El Estado paga aparte los gastos de infraestructura y la reposición de los trenes. Claudio y Mario Cirigliano controlan TBA, que recibe el 35 por ciento de los pasajeros de tren suburbano, el grupo Plaza de ómnibus, diez líneas de colectivos urbanos y otros servicios en La Plata, La Pampa y Bahía Blanca. Hace trece años que tienen la concesión y nunca cesaron las protestas de los viajeros cotidianos. En ese tiempo la empresa habrá cosechado amigos y enemigos a granel.

El ministro Fernández explicó que la formación más moderna de TBA fue objeto de sabotaje en el tablero central, pero no aportó hasta el momento ninguna prueba que vincule a los activistas con ese daño. Es factible que entre los atacantes del tren hubiera trotskistas preparados para la agresión, dado que ellos también tienen sus ficciones sobre el mundo y sus alrededores, pero lo que nadie puede desconocer, el Gobierno menos que nadie, es el descontento generalizado entre los usuarios y la contribución diaria del servicio al malhumor colectivo. Excluir a la empresa de toda responsabilidad y criminalizar a grupos de la izquierda es una mala reacción para un gobierno que pretende impartir justicia con equidad. ¿Hay activistas de segunda? Los piquetes de la “Mesa de Enlace” jamás fueron acusados por el mismo ministro pese a las violaciones a la ley y a la seguridad interior que cometieron sin respeto por las normas vigentes. Cada vez que un gobierno comienza a pensar que el origen de sus males está en la izquierda, minoría absoluta, sólo indica debilidad para enfrentarse con sus verdaderos enemigos, también minoría pero poderosa. Ese tipo de ficción es peligroso de verdad, pero no por lo que pueda hacer la izquierda sino porque alienta a la derecha para que siga empujando.

Mientras algunos transportistas reciben esas generosas donaciones, los bomberos voluntarios del valle de Punilla, esos cordobeses que aparecieron esta semana combatiendo, balde en mano, un incendio que devoró alrededor de 50 mil hectáreas, perdieron los subsidios que les daba el gobierno de la provincia por decisión arbitraria del gobernador Schiaretti que busca fondos para compensar el desastre que heredó de su compadre Juan Manuel de la Sota. El municipio de La Cumbre que cobra el impuesto al consumo de agua, tiene un retraso de varios meses en liquidar la proporción que les corresponde a los bomberos del lugar, que trabajaron en este incendio –apagado por una oportuna nevada– durante 72 horas sin dormir, consumiendo algún sandwich de milanesa y las bebidas que les donaban los vecinos del lugar.

Esta es una provincia expuesta al fuego todos los años durante los largos meses de sequía debido a causas naturales (altas temperaturas, considerables grados de estática y tormentas eléctricas) y a desaprensión humana: es tradición que los propietarios residenciales quemen las hojas que vuelcan los árboles en otoño sobre sus jardines y es leyenda en el campo que antes de sembrar hay que quemar los abrojos porque “mejora el rinde de la tierra”. Los fuertes vientos y la escasez de agua en la superficie se encargan del resto. Todo esto sin contar alguna piromanía con ánimos de venganza, de revancha o de puro trastorno. Es posible prevenir desastres como el que acaba de ocurrir, pero eso requiere un plan de fuego, tanto nacional como provincial, que sea de alerta temprana y que profesionalice los recursos humanos que arriesgan la vida cada vez que se juntan las llamas y los vientos. Lo demás, es puro cuento.