Cuando ya se había apagado el fuego que devoró la formación más moderna de la ex línea Sarmiento, Aníbal Fernández encendió otra hoguera que continúa prendida. Para explicar los incendios en los trenes de la empresa TBA, el ministro de Seguridad y Justicia lanzó una acusación muy dura contra el Partido Obrero, el MST, Quebracho y Proyecto Sur de Pino Solanas. Ayer, un día después de haber hecho esa imputación, la polémica se propagó. En el Gobierno ratificaron la denuncia y el propio Fernández la repitió en declaraciones radiales. “Estaba todo preparado. Tenemos las filmaciones y haremos las presentaciones para que la Justicia las evalúe”, adelantó. Desde la Casa Rosada avalaron sus dichos, aunque también hubo correcciones. “Haber acusado a Pino fue un error”, dijeron a PáginaI12. Entre los acusados hubo reacciones indignadas, duros cuestionamientos al ministro y presentaciones en la Justicia. El MST querelló por calumnas e injurias a Fernández, Solanas prometió que iniciará un juicio y el Partido Obrero, tras negar los cargos, pidió formalmente una audiencia con el jefe de Gabinete, Sergio Massa. La acusación por la presunta responsabilidad en los incidentes de Castelar y Merlo promete seguir en la Justicia.

Aunque ya le prometieron llevarlo a los Tribunales, Fernández se mostró muy confiado en “las pruebas” que estarían en manos del Gobierno. “Estaba todo preparado”, remarcó. También ratificó que José María Escobar, militante del PO, era quien “estaba al frente” cuando se incendió un tren en la estación de Merlo. Más tarde, el jefe del PO, Jorge Altamira, calificó de “acusaciones infames” los cargos contra Escobar. “Es un ex candidato a intendente del PO, un militante, un docente y un orgullo de nuestra organización”, dijo Altamira. Según hicieron saber sus compañeros del partido, Escobar asistió ayer a su trabajo “con total normalidad” y no recibió ninguna comunicación sobre un eventual pedido de captura.

En los incidentes del jueves, no sólo se quemaron siete vagones con aire acondicionado en Merlo. En Castelar se intentó prender fuego a otro tren al encender una fogata bajo la locomotora, pero el incendio se evitó cuando apareció la Guardia de Infantería. En la estación se robaron las máquinas expendedoras de boletos y también saquearon un kiosco. Según Fernández, también hubo violencia frente al centro de operaciones de la ex línea Sarmiento, entre Castelar e Ituzaingó. “Los pasajeros bajaron a la vía y agredieron a los maquinistas. Destrozaron dos autos, dos motos y dos bicicletas”, dijo el ministro. Los primeros incidentes comenzaron cuando una formación se detuvo a las 7 de la mañana en la estación Ituzaingó. La causa de esta detención, como también la parálisis que sufrió otro tren que llegó en auxilio, son centrales en la investigación.

Según el Gobierno y la empresa TBA, esos dos trenes sufrieron un “sabotaje” que impidió reanudar el servicio. Al primero le habrían provocado un cortocircuito en los circuitos electrónicos, al segundo le habrían accionado el freno de emergencia. “Hubo un sabotaje, fue una acción organizada y premeditada. Y lo hizo alguien que sabe del tema”, había dicho Fernández el jueves en conferencia de prensa. Desde el Partido Obrero no parecieron tomar muy en cuenta esas hipótesis. “¿Creen que estábamos agazapados esperando que se parara un tren?”, argumentaron para rechazar el presunto boicot. Pero Fernández dijo tener otras pruebas. Aseguró que el Gobierno disponía de filmaciones en las que se veía a pasajeros que llevaban bengalas y aerosoles en las mochilas.

El ministro de Seguridad no fue el único que habló de un sabotaje. “Los incidentes fueron armados intencionalmente”, había dicho el ministro del Interior, Florencio Randazzo. La primera información sobre los incendios que recibió Randazzo le llegó a través del intendente de Merlo, Raúl Othacehé. “Acá hay organizaciones determinadas”, le dijo el jefe comunal. No pasó mucho tiempo para que comenzaran a escucharse las acusaciones contra el PO, el MST y Quebracho. Y también se involucró a Solanas. Las denuncias tuvieron una indignada respuesta de los acusados.

“Las acusaciones se han derrumbado. El volante del que habló Fernández era un volante contra el tren bala que el PO había impreso hace cuatro meses. El ministro buscó eludir la responsabilidad de su Gobierno en haber otorgado TBA a un grupo de vaciadores”, dijo a PáginaI12 Marcelo Ramal, del PO. “Cada vez que el Gobierno no puede dar respuesta a situaciones que provoca su propio modelo, salen a buscar algún cuco para echarle la culpa”, aseguró a este diario Lucía Corsiglia, de Quebracho. Con el paso de las horas se fueron sumando otras críticas, que llegaron de sectores afines al kirchnerismo o por lo menos no abiertamente opositores.

“La prioridad no puede ser el tren bala, sino un plan de recuperación de la soberanía ferroviaria. Esto es lo que hay que hacer y no dedicarse a la caza de brujas de militantes de izquierda”, advirtió el comunista Patricio Echegaray. “Aníbal Fernández adjudicó los hechos a ‘vándalos’ enrolados en partidos de izquierda. Alguien más habló de ‘infiltrados’. Son argumentos de triste memoria, usados durante los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde”, reprochó Humberto Tumini, de Libres del Sur. Sorprendió también la crítica del Frente Grande, con varios funcionarios en el Ejecutivo. “Rechazamos el intento de criminalizar la protesta social en todos los casos. No podemos pasar por alto las desafortunadas expresiones del ministro de Justicia.” También hubo críticas desde la CTA. “Más allá de que nunca falta algún trasnochado que piensa que cuanto peor mejor, creo que las declaraciones fueron desmesuradas. Particularmente, la mención a Pino Solanas es inadmisible desde todo punto de vista”, dijo Hugo Yasky.