El Gobierno tomó ayer una medida complicada: decidió dejar sin efecto el tope de 3000 pesos a los sueldos de los funcionarios públicos dispuesto por Adolfo Rodríguez Saá durante su fugaz paso por la Presidencia. Pese a que cuando asumió Eduardo Duhalde deslizó la idea de que sus funcionarios trabajaran gratis por seis meses, ayer debió tomar la opción contraria dado el estado de rebelión generalizada que existía en algunos niveles de la administración pública y las dificultades operacionales que la rebaja significaba en áreas como la Cancillería. Para amainar las iras que la nueva medida seguramente despertará en las asambleas populares de los barrios porteños, por la noche el Gobierno anticipó que lo más probable es que para los funcionarios políticos siga corriendo el tope de 3000.
El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial fue muy cuidadoso en sus términos. Allí se explicó que el decreto 23 firmado por Rodríguez Saá provocó “dificultades originadas en la equiparación generalizada de los distintos niveles remunerativos, al margen del efectivo ejercicio de responsabilidades de carácter general o ejecutivo, así como del reconocimiento de la carrera administrativa”. También sostuvo que la derogación del tope no significaba que el Gobierno modificara su “indeclinable voluntad” de ahorrar los dineros públicos.
Con la derogación se vuelve al sistema anterior, establecido por el gobierno de Fernando de la Rúa en julio pasado. El mismo día que anunció la rebaja del 13 por ciento a los empleados públicos y jubilados, la gestión delarruista redujo también los sueldos de los funcionarios poniendo como tope la remuneración del jefe de Gabinete –de 5900 pesos–, ahora de vuelta en boga.
En su semana de mandato Rodríguez Saá llevó el recorte al extremo. Ya en la Asamblea Legislativa adelantó que se bajaba el sueldo a 3000 pesos y que nadie en el Estado podía ganar más. Además, decidió que no se pagaran más gastos de teléfonos celulares, que se remataran los autos oficiales y hasta se dio el lujo de anunciar la venta del Tango 01, tantas veces prometida y nunca cumplida.
Duhalde también quiso dar una señal en ese sentido y en sus primeros días como presidente tanteó la posibilidad de que los funcionarios políticos –incluyendo legisladores y asesores– dejaran de cobrar su sueldo por un período de seis meses. La idea nunca llegó a tomar forma. Luego en la Rosada supieron del enojo generalizado que existía entre los funcionarios con categoría de directores generales y jefes departamentales, en su mayoría con muchos años de carrera en el Estado o seleccionados por concurso, que habían visto drásticamente afectados sus ingresos por una medida que consideraban meramente simbólica y no un ahorro real en las cuentas estatales.
La poda afectó a unos siete mil funcionarios, muchos de los cuales iniciaron reclamos administrativos y judiciales. Incluso se conformó una informal comisión de funcionarios de varias reparticiones que hizo lobby para que Duhalde firmara un decreto como el que se publicó ayer. Entre los argumentos que utilizaron para convencer a sus interlocutores en Gobierno, los funcionarios explicaron que áreas que se manejaban en dólares, como el servicio exterior de Cancillería, con la nueva rebaja se habían vuelto inoperables. En otras, que el recorte produjo tal achatamiento de la escala salarial que un jefe cobraba lo mismo que un empleado con muchas menos responsabilidades.
Finalmente, Duhalde firmó el decreto pero en la Rosada no se quedaron tranquilos. La norma se conoció el mismo día en que trascendió que el presupuesto para este año confirma la rebaja de empleados públicos y jubilados y elimina el Fondo de Incentivo Docente. Así que para detener una probable ola de reprobaciones, anoche, desde Gobierno, dejaron trascender que al decreto de ayer le seguiría uno complementario –y un tanto confuso– que restablecería el tope para el caso de los funcionarios de origen político, respetando el sueldo que venían cobrando hasta diciembre los funcionarios de carrera.