Dom 06.10.2002

EL PAíS  › EL AMBIENTE EN EL SENADO ALTERA EL SISTEMA DE FAVORES Y CONTRAPRESTACIONES

Las olas que está haciendo la investigación

“¿Sabe por qué no pagaron coimas? Porque nadie les garantiza que puedan cumplir.” La insólita explicación revela el quiebre y la desorientación que vive “el sistema” legislativo. Y también la estridencia de los repudios, las protestas y juras de inocencia.

› Por Eduardo Tagliaferro

“¿Sabe por qué en esta ocasión los bancos no pagaron coimas para frenar las leyes que les preocupaban?”, pregunta a Página/12 una legisladora que conoce la lógica del mundo de las finanzas.
“No”, es la escueta y rápida respuesta de este diario interesado en escuchar de la propia interlocutora el resto de su argumento.
–Porque en esta fenomenal crisis política, nadie les podía garantizar el cumplimiento de algún pacto. Por eso recurrieron a los embajadores.
El diálogo pone de manifiesto no sólo el clima que se vive en el Congreso, sino también la ruptura de modos y formas de comportamiento que marcaron el estilo de una época. Precisamente los años que pavimentaron el camino hacia la quiebra social y el default con los organismos de crédito internacional. La pesquisa por los presuntos sobornos en el Senado ha trascendido al hecho mismo y comienza a dejar al descubierto una trama de intereses y relaciones que llevan a la política a transitar por los bordes del Código Penal. Una semana escandalosa, de histrionismo, gestos para la tribuna, acciones judiciales y muchas declaraciones, algunas con expreso pedido de reserva. Los entretelones de la fenomenal crisis que está sacudiendo a los senadores, al Gobierno, a los banqueros y también a la Justicia. Todo para ratificar al inefable senador Luis Barrionuevo que repite que los periodistas “todos los días joden con el Senado”.
Banqueros de bronce y barro
Después de la catártica sesión en la que los senadores más cercanos a la conducción del bloque oficialista estigmatizaron a los banqueros con el mote de “traidores a la patria” por reclamarle a los embajadores del Reino Unido, Robin Christopher, y de los Estados Unidos, James Walsh, la postergación de un acuerdo del FMI con la Argentina, fue lógico que los financistas desistieran de concurrir a la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se desarrolla una cuestión de privilegio para dilucidar la existencia de los presuntos sobornos. En general, a nadie le gustaría asistir a su propio linchamiento. Por cierto que los banqueros no suelen asustarse por algunas declaraciones subidas de tono. Por lo menos en la Argentina, la palabra de los legisladores no lleva al pánico, ya que aunque todo parezca trágico, todo parece tener arreglo.
El chaqueño Jorge Capitanich bien tendría que tener en cuenta la respuesta de la legisladora con la que se inicia este artículo. En parte le explicaría algunas de las preguntas que con cierta inteligencia y lógica él formuló el jueves en la comisión que preside la santacruceña, Cristina Fernández de Kirchner. El ex jefe de Gabinete intentó desmenuzar el artículo del Financial Times y poner en negro sobre blanco algunas aseveraciones que se hacen en él. Así fue que luego de leer el párrafo en el que el periódico londinense afirma que la legislación cuestionada por los bancos, entre ella la tasa del 2 por ciento para el fondo de desempleo bancario, “podría costarle a los bancos cientos de millones de dólares”, el chaqueño aventuró un interrogante: “Si el monto de la erogación hubiese sido, por ejemplo, de 200 millones de dólares, el supuesto pedido de soborno era mucho más barato, de acuerdo a la lógica del artículo”. El argumento de Capitanich buscaba pavimentar la idea de que detrás del artículo periodístico había una gran operación de prensa. Esta posición es compartida por la conducción de la bancada peronista. De esta manera los senadores se correrían del centro de la escena y aparecerían como los abanderados de la Nación contra la conspiración de los representantes del capital.
¿Qué hay detrás de este supuesto enfrentamiento de los senadores peronistas con los banqueros? Es la pregunta que pocos aventuran responder con algún grado de certeza, luego de la sesión del pasado jueves. Cuesta creer que los senadores recién en ese momento se hubieran enterado del contenido de un artículo publicado hace ya más de 30 y tantos largos días. Publicación que fue traducida a los pocos días por los traductores del Senado e incorporada a las actuaciones parlamentarias. Parte de esa respuesta la entregó la tucumana Malvina Seguí. En una entrevista radial con Nelson Castro, la senadora se preguntó: “¿Qué pasa ahora que los bancos extranjeros han ido a reclamar a sus sedes diciendo que les piden coimas? ¿Es que se ha roto la amistad?”, dijo refiriéndose a la relación de los banqueros con el poder político. Para que no queden dudas redondeó su argumento diciendo: “No se ha roto la amistad, lo que sucede es que la crisis es tan grave que los propios banqueros saben que el negocio financiero se ha achicado y están viendo cómo se lo reparten”.
Palabras más, palabras menos, la misma definición que el jueves pasado entregó en la comisión parlamentaria. En el Senado, con todas las letras, Seguí sostuvo que “el sistema financiero está quebrado”. En esa ocasión no repitió algo que dijo frente a las radios: “En una quiebra todos tienen que cobrar en moneda de quiebra, no solamente los ahorristas argentinos atrapados y esto los bancos por la vía de los hechos van a tener que entender”. Un discurso que remite a varios proyectos fracasados de bonos y que transmite la música que suele entregar en sus definiciones Roberto Lavagna el actual ministro de Economía.
En este rincón.....
Entre cuestiones de privilegios, pedidos de informe y otras yerbas, en el Senado tendrán que definir cómo, quién y por qué difundió la versión de que existía un video de un asesor parlamentario cobrando una coima. En esa ocasión, y llamativamente, en los medios se instaló el nombre de Seguí. Ella siempre lo asoció a una campaña de prensa. No definió de quién, pero dijo que era por su informe sobre las entidades financieras, en el que reconoció la ayuda de miembros de la consultora Ecolatina, enrolada con Lavagna. Seguí dejó caer un nombre: Carlos Bercún. Un desconocido. Entre el listado de amistades que se le conoce al consultor y entre las más estrechas, se encuentra la del ex senador Ricardo Branda, hoy director del Banco Central, con buena llegada al titular del BCRA Aldo Pignanelli. ¿Será casualidad que detrás de este escándalo aparezcan las figuras de dos eternos enemigos íntimos como Lavagna y Pignanelli? Por cierto que no se trata de una disputa doméstica. Son muchas las diferencias y mucho lo que está en juego aparte de los miles de millones de pesos que representa el virtual colapso y redefinición del sistema financiero.
Más allá de las internas, está quedando al descubierto la fuerte comunión de los intereses privados con los públicos. Dato común y corriente después de la colonización del Estado en la década del 90. Bercún dejó de ser un desconocido y quedó fotografiado como el hombre que llevaba y traía. Enlace es la denominación oficial.
Al día siguiente que este diario difundiera que Bercún estaba contratado por el Ministerio de Economía para entregarle informes con el seguimiento de las actividades parlamentarias, no fueron pocos, en el Senado, los que pusieron sus barbas en remojo. La preocupación no estaba en que por un trabajo similar el Estado pagara 19 mil pesos mensuales y la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) 25 mil, sino en las fuentes de la información de Bercún. Sus informes no sólo trataban de cuestiones públicas. Fundamentalmente desarrollaban el contenido y las definiciones de los legisladores en las reuniones de comisión, muchas de ellas secretas. Son funcionarios del Central los que comentan que gracias a los oficios de Bercún se enteraron de las posiciones de los legisladores respecto al discutido y polémico nombramiento de Roque Maccarone antes de que esas definiciones fueran públicas.
Allegados al lobbysta aseguraron a este diario que de sus informes participaban unas siete personas. Muchas de ellas en puestos de gran influencia. Por eso luego de que Página/12 revelara el doble empleo de Bercún no fueron pocos los parlamentarios que repasaron las páginas del Código Penal y se detuvieron en el artículo que se refiere al delito de administración infiel. En él se castiga a los funcionarios públicos que utilizaren para uso privado información y materiales reservados producidos por reparticiones estatales. Quedará para los próximos días ver cuál es la saga de hombres involucrados en esa tarea. No son pocos los que señalan que no se trata de un negocio nuevo sino de una práctica extendida. Más allá de que el titular del Senado, el cordobés Juan Carlos Maqueda, mostrara su indignación diciendo que “es muy grave” que Bercún aparezca contratado para la misma tarea por el Estado y las entidades bancarias, tendrá que revisar qué pasa en su casa, por cierto bastante revuelta y desprolija, para ser benévolos.
De forma
“El orden del día 398 (que contenía el proyecto de creación del virtual fondo de desempleo bancario) estaba impreso y no tenía disidencias, ni observaciones, por lo que los presidentes de los bloques no plantearon ninguna objeción ante el pedido de tratamiento en esa sesión”, comentó el radical Carlos Maestro para explicar la ruta que había tenido la iniciativa de Barrionuevo, hoy tan demonizada por los banqueros. Lo cierto es que las dudas de los legisladores surgieron cuando se dieron con que la única comisión por la que había pasado el proyecto era la de Trabajo, que precisamente preside el gastronómico. Extrañamente el proyecto no había contado con el visto bueno de la Comisión de Finanzas, o de Presupuesto. El dato no deja de ser llamativo. “Como Gioja manifestó que se encontraban presentes en la sesión diversos dirigentes del gremio bancario que fueron a presenciar el debate... sostuvo que era bueno que ese tema se tratara en esa sesión y no con posterioridad”, concluyó Maestro. Lo más parecido a una apurada. Lo cierto es que el proyecto no mereció cuestionamientos en el recinto. Y no deja de tener su justeza, salvo para los hombres de las finanzas. Igualmente el hecho no hace más que mostrar la ligereza con la que se abordan algunas iniciativas parlamentarias, más allá de los formalismos y el lenguaje críptico que suelen emplear los senadores. Cámara que ha dado sobrados ejemplos de no caracterizarse por la rigurosidad, salvo honrosas excepciones. El punto de equilibrio tal vez lo entrega el entrerriano Jorge Busti, quien suele repetir que “no se trata de matar al mensajero, pero tampoco al proyecto del fondo de desempleo bancario”.
Catín, Catín
No deja de sorprender la andanada que cayó sobre el corresponsal del Financial Times, autor de la nota que disparó el escándalo. Los peronistas lo han ridiculizado de todas las maneras posibles. González Catán, lo bautizó Miguel Angel Picheto. Catín fue la manera de nombrarlo que utilizó Gioja. Lejos de la chicana, fueron los hombres del radicalismo los que más se mostraron indignados. Llama la atención la vehemencia con la que Maestro repite a cada momento que querellará al periodista. En este punto no deja de repetir el mismo alineamiento que el radical José Genoud tuvo con el peronista Augusto Alasino cuando las sospechas de sobornos rodeaban a la Ley de Reforma Laboral que condujo al renunciamiento del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez hace dos años. No son pocos los que suelen tener palabras laudatorias para el juez de la causa, Claudio Bonadío. Pocos, salvo Diana Conti, han condenado la extralimitación del magistrado en el rastreo de las llamadas telefónicas del cronista y su posterior entrega de ellas a la SIDE. Precisamente conducida por un histórico ex legislador del peronismo y funcionario del menemismo, de Rodríguez Saá, y ahora de Eduardo Duhalde, como es el porteño Miguel Angel Toma. Lejos de aplacarse, el escándalo continuará. Porque las preguntas más importantes están lejos de responderse. ¿Existió el pedido de coimas? ¿Quién lo hizo y apañado por quién?

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