Eduardo Duhalde cree que esta vez no se le escapa, que el Fondo Monetario no le volverá a correr el arco, y arriesgó ayer que el pacto podría rubricarse el próximo 9 de noviembre. Según el Presidente, la negociación “está avanzando”. “Me han informado que se ha alcanzado un alto grado de acuerdo que permite una cuota de optimismo”, agregó. Ese entusiasmo le alcanzó para diagnosticar que en la Argentina “se termina la recesión”.
“Es fundamental que la Argentina y el Fondo muestren al mundo un acuerdo razonable y serio”, manifestó Duhalde en su tradicional programa radial de los sábados, esta vez por teléfono desde su avión. “En cuanto a los plazos, coincido con esa fecha”, destacó cuando le preguntaron sobre el 9 de noviembre. El primero que mencionó esa fecha fue Roberto Lavagna hace un par de días. Lo hizo porque el 9 vence el período de gracia de 30 días de un pago por 250 millones de dólares que Economía debería girar el próximo miércoles. Como no lo hará, Lavagna dispondrá de 30 días antes de caer formalmente en default con el Banco Mundial.
Ese es el motivo que lleva a la primera plana del Gobierno a afirmar que antes de ese plazo se firmará el acuerdo. De lo contrario, la Argentina se declarará en cesación de pagos, tal como ya adelantaron los propios funcionarios. Mientras tanto, una misión argentina de especialistas en temas fiscales viajó a EE.UU. para avanzar en la redacción de la carta de intención. Es que el tema que genera más discusión entre el Fondo y la misión argentina refiere al “ancla monetaria”, la definición de los amparos judiciales y las tarifas de los servicios públicos. El argumento de Economía y el Central es que la salida de depósitos por amparos disminuyó sustancialmente.
En cuanto a las tarifas, según los jerarcas del FMI, la Argentina debería definir ya mismo en qué momento se otorgarán los aumentos reclamados por las empresas y cuál será la magnitud de esas subas. Para el Fondo, mientras esta variable quede en suspenso no es posible calcular la inflación del próximo año y no puede haber acuerdo. Ante el bloqueo de las audiencias públicas para discutir el tema, Economía analiza la manera de imponer aumentos para los rubros gas y energía eléctrica en un período inferior a los 60 días. Esos sectores serían los más perjudicados por el congelamiento de las tarifas y las empresas advirtieron que corre peligro el normal suministro. Ayer, el flamante secretario general de la Presidencia, José Pampuro, desestimó cualquier aumento tarifario.