El Gobierno declaró ayer “la emergencia ocupacional”. El bonaerense Eduardo Duhalde llegó a la Casa Rosada alertando sobre el peligro de la desintegración social. Esta conclusión se asentaba en el reconocimiento de la crisis institucional, la crisis económica y la crisis social. Para intentar resolver la primera, convocó a “un gobierno de unidad nacional”. Para enfrentar la segunda, devaluó la moneda, repiensa el corralito, cruza los dedos y mira al Norte. Para vérselas con la situación social, el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, comenzó a instrumentar un plan que pretende llegar a 500 mil jefas y jefes de hogar desocupados con un subsidio de hasta 200 pesos mensuales. La ayuda es por un período de tres meses, renovable por el plazo previsto para la emergencia laboral: un año.
El programa asistencial lleva el nombre de “jefas y jefes de hogar desocupados”. Se presentará en sociedad en la Casa de Gobierno, cuando hoy a las 13 se reúnan Atanasof, la virtual ministra de Desarrollo Social, Hilda “Chiche” González de Duhalde, representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y una ministra de Costa Rica, país cuya experiencia es considerada modelo por el PNUD.
Si bien la ayuda social se financiará con partidas previstas en el Presupuesto nacional, la participación de delegados de Naciones Unidas tiene como objetivo otorgar transparencia a un área que tradicionalmente fue utilizada para hacer clientelismo político. Ayuda, subsidios, cajas alimentarias que las más de las veces fueron a cambio de votos, fichas de afiliación u otras formas de control político. Clientelismo que con sus modificaciones se desarrolló por igual desde el norte argentino hasta la provincia de Buenos Aires. Motivos tiene el gobierno de Duhalde para buscar transparencia con la presencia de las Naciones Unidas.
El plan social que instrumentará el Gobierno busca llegar a los jefes y jefas de hogar desocupados, los casados desde 18 años de edad, y las familias con hijos no mayores de 18 años. También están contemplados para recibir el subsidio las mujeres que se encuentren embarazadas. Los beneficiarios deberán presentar el certificado de escolaridad y de vacunación de sus hijos. El requisito permite a los funcionarios describir el plan como un subsidio de desempleo y formación. El nombre se asemeja formalmente a la propuesta formulada por el Frente Nacional contra la Pobreza. Claro que en este caso difieren no solamente el monto de la ayuda sino también las características del plan.
La asistencia durará un año y contempla una inversión de mil millones de pesos, fondos que salen del presupuesto nacional. La idea del gobierno es que la instrumentación de este programa sea totalmente descentralizada. Es decir que el primer paso será la firma de los convenios entre las provincias y el Estado nacional. Paso seguido, los gobernadores lo descentralizarán en los municipios. Al llegar a esta instancia se contempla la formación de un comité de fiscalización del programa, integrado por Organizaciones No Gubernamentales, representantes del credo local, representantes de los trabajadores y empresarios zonales.
Entre el jueves o viernes próximos se firmará el primer convenio con una de las provincias. En este caso será con la provincia de Buenos Aires. La cantidad de planes destinados a cada provincia saldrá de la aplicación de un fórmula que contempla un 60 por ciento el porcentual de coparticipación provincial y un 40 correspondiente a los últimos índices de pobreza.