Luego de burlar con éxito a las fuerzas de seguridad durante tres años y cinco meses, Interpol detuvo ayer en Río de Janeiro al mayor retirado Norberto Raúl Tozzo, con pedido de captura de la Justicia chaqueña por su actuación en la Masacre de Margarita Belén durante la dictadura. Con su detención, la lista de prófugos por delitos de lesa humanidad se reduce a 41 represores. En Mar del Plata, en tanto, fueron detenidos los abogados Eduardo Cincotta y Eduardo Salvador Ullúa, ex miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria, que después del golpe de Estado se integraron al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército. Ambos se negaron a declarar ante el juez federal Alejandro Castellanos y quedaron alojados en la Alcaldía 44, pegada al penal de Batán, junto con marinos retirados y el ex CNU Nicolás Cafarello.

Dueño de medios de comunicación en Entre Ríos, Tozzo fue detenido en 2003 por orden del juez Carlos Skidelsky. Luego, la Cámara Federal de Resistencia liberó a todos los imputados por la masacre de diciembre de 1976. Cuando el juez volvió a pedir su detención, ya se movía cómodo con documentos falsos. Interpol siguió sus pasos y lo detuvo ayer por la mañana, con colaboración de sus pares de Brasil, cuando salía de un hotel de Río. Una vez extraditado se sumará a los diez imputados por la masacre, causa que próximamente se elevará a juicio.

Cincotta y Ullúa fueron detenidos el martes a la noche. Ambos fueron vistos en el GADA por familiares de desaparecidos y, según un informe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dipba) que publicó PáginaI12, “colaboraron con el Ejército en la lucha antisubversiva” tras el golpe de Estado. Ullúa había estado preso por el asesinato de Silvia Filler en 1971 y fue amnistiado por Héctor Cámpora. A fines de 1974 fue contratado como oficial segundo en la fiscalía de Gustavo Demarchi. El suboficial Orestes Vaello declaró en Conadep que Ullúa era jefe de la CNU local, que “dependía del Destacamento de Inteligencia”. En 1996 fue condenado a 17 años de prisión por contrabando de drogas en la Operación Langostino. En la cárcel se recibió de abogado. Cincotta fue entre 1975 y mayo de 1976 secretario general de la Universidad Provincial, donde contrató en tareas de seguridad a sus compañeros de la CNU. Luce en su estudio una distinción por servicios “en la lucha contra la subversión”.