Entre el 6 y el 8 de julio de 1977 los principales abogados laboralistas de Mar del Plata fueron secuestrados de sus estudios y trasladados al centro clandestino La Cueva, en la Base Aérea local, donde fueron vistos por última vez. El caso pasó a la historia como la Noche de las Corbatas. Ayer, 31 años después, el juez federal Alejandro Castellanos procesó con prisión preventiva a siete miembros del Ejército, dos de la Fuerza Aérea y dos civiles miembros de la Concentración Nacional Universitaria que integraron grupos operativos al mando del coronel Pedro Barda. Entre los procesados sobresale por su faena criminal previa al golpe de Estado y sus buenos contactos en la Justicia local el abogado Eduardo Cincotta, preso desde hace quince días en la cárcel de Batán.

En la causa por crímenes en dependencias de la Armada en Mar del Plata, en tanto, el juez federal subrogante Rodolfo Pradas procesó a seis marinos y tres prefectos y amplió el procesamiento contra otros seis altos jefes de la Base Naval local. Ambas resoluciones se produjeron un mes después de que la unidad de la Procuración General de la Nación que coordina las causas de lesa humanidad, a cargo del fiscal Jorge Auat, emitiera una serie de recomendaciones para asegurar que Mar del Plata tenga en 2009 juicios orales y públicos significativos.

Hasta hace dos semanas, la causa La Cueva, nombre del centro de detención de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, tenía sólo dos procesados: Barda y el suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina. La novedad no es sólo el avance sobre Cincotta y su camarada del CNU Nicolás Cafarello, sino sobre los máximos jefes de la AADA 601 y de la Base Aérea, que cedió al Ejército su viejo radar como centro de tortura y exterminio.

Los flamantes procesados, además de Molina, son el coronel Aldo Carlos Máspero, que reemplazó a Barda como jefe de la subzona 15 en octubre de 1977; el coronel Leandro Edgard Marquiegui, jefe de inteligencia de Barda; el jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 durante 1976, coronel Roberto Atilio Bocalandro; los segundos jefes del GADA, coroneles Eduardo Jorge Blanco (1976) y Jorge Luis Toccalino (1977 y 1978), y el jefe de operaciones del GADA, general Alfredo Manuel Arrillaga. De la Fuerza Aérea procesó a los comodoros Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Beccio, jefe y subjefe de la Base Aérea, respectivamente. Los CNU y Beccio, menores de 70 años, están presos en Batán. El resto goza de arresto domiciliario.

En la causa de la Armada los nuevos procesados son el coronel Máspero como jefe de subzona de la que dependía la Base Naval; el ex jefe de la base durante 1978 y 1980, contraalmirante Raúl Alberto Marino; el ex jefe de la agrupación Buzos Tácticos, capitán de fragata José Omar Lodigiani; el ex jefe de contrainteligencia Julio César Falcke, el abogado auditor Juan Carlos Guyot y el suboficial de inteligencia Narciso Angel Racedo, que se presentaba en los operativos como “Comisario Pepe”. Pradas también imputó al ex jefe de Prefectura Juan Eduardo Mosqueda, a su jefe de inteligencia, Ariel Macedonio Silva, y al ex jefe de la oficina de Policía de Seguridad, Pedro Luis Bustamante. Falcke, Racedo, Guyot y el prefecto Silva ya están en Batán. El resto, en sus casas.

El juez amplió los procesamientos de Arrillaga (algunos testimonios lo sindican en operativos navales); del ex jefe de la Base Naval en 1977, vicealmirante Juan José Lombardo; los ex subjefes, capitanes de navío Justo Alberto Ortiz (1976) Rafael Alberto Guiñazú (1977) y el contraalmirante Roberto Luis Pertusio (1978), y del ex jefe de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), capitán de navío Mario José Fórbice. Todos gozan de arresto hogareño, excepto Pertusio, trasladado a Marcos Paz desde que PáginaI12 informó que trabajaba como asesor del almirante Jorge Godoy en el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada.