Por Raúl Kollmann y Laura Vales

El abogado Ariel Garrido, del estudio Moreno Ocampo, ratificó ayer ante la Justicia que a uno de sus clientes le ofrecieron conseguirle una excarcelación a cambio de 15.000 dólares. Igualmente confirmó que tiene información sobre pedidos de dinero hechos a otros familiares de detenidos. Esto confirma lo publicado ayer por Página/12 en exclusiva: la existencia de un pedido de la Cámara Federal para que se investigue una denuncia por coimas contra el juez Jorge Urso, uno de sus secretarios y el abogado Víctor Stinfale. El Consejo de la Magistratura resolvió también ayer iniciar una pesquisa propia sobre los hechos, mientras que el juez Urso, en un breve y ríspido diálogo con este diario, señaló que “justo cuando el Consejo de la Magistratura está por cerrar el juicio político en mi contra, me llama la atención que salga a la luz una denuncia que es una infamia”. En otras palabras, el magistrado cree que hay alguna movida política detrás de las acusaciones contra su juzgado.
Fuentes de la Cámara Federal le dijeron ayer a la agencia Télam que “se pidió investigar principalmente a abogados particulares, como el mencionado Víctor Stinfale y a ex jueces, aunque Urso aparece mencionado como posible último receptor del dinero”. También hubo ratificación de la denuncia de Ariel Garrido y Hugo Wortman Jofre, los dos letrados del estudio Moreno Ocampo que defienden a detenidos en una causa por adulteración de nafta. “Tenemos información que se vincula con pedidos de dinero a cinco personas distintas de los once procesados con prisión preventiva en ese expediente”, redondeó ayer Wortman Jofre en una entrevista periodística.
La ratificación de Garrido fue ante la Justicia. El letrado se presentó ayer en el juzgado federal de Claudio Bonadío para confirmar que el abogado Víctor Stinfale le pidió dinero a su cliente, en concreto 15.000 pesos y luego 50.000 supuestamente para “arreglar” al secretario del juzgado, Oscar Aguirre, y también al juez Urso. “Tenemos también conocimiento que los familiares de nuestro defendido tomaron contacto con otros familiares que recibieron pedidos de dinero similares”, dijo Garrido en su declaración judicial, presenciada por el fiscal, Guillermo Marijuán. El letrado agregó que hay más testigos de los pedidos de dinero para conseguir la excarcelación.
Este diario se contactó con varios familiares a los que se le hicieron distintas propuestas de pago para sacar del penal de Devoto a sus allegados. A ellos se les acercaron distintos abogados e incluso ex jueces y ex secretarios, de manera que Stinfale no sería el único transmisor de los supuestos pedidos de coimas.
Además del abogado mediático, en la denuncia presentada por la Cámara Federal aparece mencionado por uno de los familiares el secretario del juzgado, Oscar Aguirre, quien se encuentra actualmente realizando un curso en Italia. Aguirre tiene otra complicación legal: está acusado de falsificarle la firma a varios fiscales en distintas causas judiciales. Aguirre argumentó que no eran firmas sino unas inscripciones que realizó y que parecían firmas. En principio, el secretario fue sobreseído, pero recientemente la Sala I de la Cámara Federal revocó ese sobreseimiento y la investigación continúa.
En cuanto al juez Urso, ayer el Consejo de la Magistratura resolvió abrir una investigación propia sobre el caso. “Será un trabajo paralelo a la que haga la justicia y vamos a corroborar o descartar las sospechas”, señalaron fuentes del Consejo. Tres miembros del organismo, Eduardo Orio, Juan Gersenobitz y Humberto Quiroga solicitaron que la Comisión de Acusación “investigue la conducta del doctor Urso para determinar si hubo ilícito”. La presentación fue acompañada de un ejemplar de Página/12 de ayer. Este diario tuvo un breve diálogo con el magistrado quien estaba visiblemente molesto y, de hecho, se consideró víctima de una maniobra oscura, casi seguro proveniente de la política. Debe recordarse que fue Urso quien resolvió en su momento la detención de Carlos Menem en la causa Armas y lo concreto es que la defensa del ex presidente buscó por todos los medios apartarlo de la causa. Fue la Corte Suprema, con un fallo a favor de Emir Yoma, la que puso en libertad a Menem y después los letrados del riojano consiguieron finalmente que el expediente pasara al juez en lo penal económico, Julio Speroni. Desde entonces, la causa parece paralizada.
En el diálogo telefónico con el juez, éste sólo atinó a señalar: “Es una canallada la que se ha hecho en mi contra. La denuncia de la Cámara Federal no es en mi contra. Llama la atención que todo esto aparezca justo cuando el Consejo de la Magistratura está por cerrar mi juicio político. Esto es una infamia”. De inmediato, el magistrado cortó. Por sus dichos, el juez cree en alguna jugada política y, por supuesto, desde esa óptica el supuesto pedido de coimas sólo sería atribuible a Stinfale y a los distintos abogados que le hicieron llegar la oferta a los familiares de conseguir la excarcelación a cambio de dinero.