El Gobierno argentino rechazó el pedido de los seis presos paraguayos que desde hace casi dos meses están en huelga de hambre reclamando que los consideren perseguidos políticos y les otorguen el reconocimiento de refugiados o asilados. Ante esta noticia, lejos de levantar la medida los dirigentes campesinos y de Patria Libre iniciaron ayer una huelga seca, es decir que tampoco ingerirán líquidos. Ahora la Corte Suprema deberá decidir si concede la extradición que reclama Paraguay para juzgarlos como partícipes del asesinato de Cecilia Cubas, acusación que ellos rechazan y adjudican a la “persecución” de la que dicen ser víctimas.

A instancias de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, un equipo médico los revisó en la cárcel de Marcos Paz y concluyó que “tuvieron pérdida de peso importante (entre 12 y 15 kilos), y sus antecedentes de trabajo expuestos a agrotóxicos aumentan el riesgo de descompensación”.

El Gobierno ayer rechazó la apelación de los presos argumentando que no habían encontrado elementos para variar el criterio esgrimido en su momento por el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare), que consideró que no reunían las condiciones para pedir asilo.

La semana pasada la Asociación Americana de Juristas –que integran Martín Almada y Beinusz Szmukler, entre otros– argumentó que la acusación “está basada en dichos de un testigo que habría sido comprado y que tendría relaciones con la mafia. Se comprobó que Cecilia Cubas había muerto con anterioridad a la fecha que dio ese testigo y como se caía la acusación en una parodia de juicio cambiaron la fecha de la muerte, por eso decimos que allá no tienen garantías de un juicio imparcial”. Dijo la AAJ que “ante el riesgo de vida que implicaba ser encarcelados en su país, donde hay antecedentes de sicarios que matan presos por encargo, viajaron a Argentina, ingresaron legalmente y pidieron asilo político”. La LADH calificó la decisión del Gobierno como “una verdadera afrenta a la tradición argentina de solidaridad con las luchas populares”.