Un rápido apoyo en la mayoría de los bloques de la Cámara de Diputados conquistó el proyecto de reforma al Código Penal, promovido desde el kirchnerismo, para aclarar la redacción del artículo 86, donde se contemplan los abortos no punibles. Legisladores del Frente para la Victoria, aliados al oficialismo, del radicalismo, la Coalición Cívica y el socialismo ya adelantaron su adhesión a la iniciativa, que podría empezar a discutirse en los próximos días en forma conjunta en las comisiones de Legislación Penal y Mujer y posiblemente también –aunque todavía no está definido– en la de Salud.

La propuesta busca evitar la recurrente intervención judicial en esos casos y establece sin ambigüedades que no puede ser castigado el aborto cuando el embarazo proviene de una violación –a cualquier mujer–, si está en peligro la salud o la vida de la gestante y si un tratamiento médico fuera necesario y tuviera contraindicaciones en caso de mujeres embarazadas. Se agregaría, además, los casos de anencefalia y otras malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.

Desde que PáginaI12 informó en forma exclusiva de la sorpresiva presentación del proyecto por parte de tres diputados del Frente para la Victoria, la presidencia del bloque oficialista no recibió ninguna señal del Ejecutivo para que fuera cajoneado, según confió una fuente cercana al titular de la bancada, Agustín Rossi. En la jerga legislativa, significa que el Frente para la Victoria tendría vía libre para avanzar en el tratamiento de la temática. Este diario pudo saber que hasta al propio Rossi le habría caído muy bien la iniciativa que presentaron Nora César, Juan Héctor Sylvestre Begnis y Juliana Di Tullio, presidentes, respectivamente, de las comisiones de Legislación Penal, Salud y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Por esas comisiones tendrá que pasar antes de llegar al recinto.

La cuestión de las comisiones no es menor: es el primer filtro que enfrenta un proyecto. En un primer momento, desde la Secretaría Parlamentaria quisieron enviarlo también a la de Asuntos Constitucionales, pero finalmente ese giro fue descartado. No se incluyó aún que fuera a Salud, pero la lógica indica que pase también por ese ámbito. Los tres firmantes del proyecto ya pidieron que también fuera girado a la comisión que encabeza el ex ministro de Salud de la provincia de Santa Fe. Argumentan que el del aborto no punible es un tema fundamentalmente de salud.

“La idea es que las tres comisiones puedan tratarlo en los próximos días y sacar rápidamente un dictamen conjunto para pedir luego preferencia para el tratamiento en el recinto”, informó Sylvestre Begnis a PáginaI12. Ya estuvieron haciendo cuentas. Los votos, al parecer, serían mayoritarios a favor de la aprobación del dictamen.

En el único bloque donde no se identificaron apoyos al proyecto fue en el PRO. En los demás ya hay diversas diputadas y diputados –pero sobre todo legisladoras– que se están encargando de monitorear las adhesiones y de convencer a los que tienen resistencias pero están dispuestos a escuchar los fundamentos que mueven al proyecto. “Es una ley aclaratoria. Deja bien clarito que el aborto no punible alcanza a todos los casos de violación. Muchos diputados piensan que no hay que dar más vueltas con este tema y que hay que resolverlo de una buena vez para que sea un problema médico y no judicial”, apuntó Sylvestre Begnis.

“Queremos evitar la discrecionalidad de algunos jueces frente al tema y echar luz para evitar que algunas mujeres sean discriminadas a la hora de acceder a un aborto no punible. Es un tema estrictamente de salud”, señaló César, diputada por la provincia de Buenos Aires.

En todos los bloques donde despierta simpatías también encuentra rechazos: a la hora de votarse podría haber abstenciones o ausencias. Por las connotaciones del tema, es seguro que todas las bancadas dispondrán la libertad de conciencia para sus legisladores.

Otra de las kirchneristas que ya expresaron abiertamente su voto a favor es la vicepresidenta primera de la Cámara, Patricia Vaca Narvaja. También, entre otros diputados del bloque oficialista, el abogado Héctor Recalde, integrante de la Comisión de Legislación Penal. “Es una ley necesaria. Pone las cosas en su justo término. Es cierto que toda ley es interpretable, pero las interpretaciones abusivas que se han hecho del artículo 86 han dado lugar a verdaderos desatinos, causando sufrimientos a muchas mujeres”, consideró Recalde en diálogo con este diario.

El socialismo está dispuesto a acompañar el proyecto. También la Coalición Cívica, aunque tampoco en ese bloque el apoyo sería unánime. “Ni siquiera deberíamos estar discutiendo un proyecto de esta naturaleza, pero la realidad nos ha demostrado que es necesario. El problema es que muchos jueces no lo han sabido interpretar al artículo 86 y dejan a muchas mujeres en estado de indefensión. Aprobar esta ley sería un paso adelante fundamental”, opinó Marcela Rodríguez, de la CC. Sus compañeras de bancada Fernanda Gil Lozano y Elisa Carca también lo apoyan. Ambas integran la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Gil Lozano, además, la de Legislación Penal. También Vilma Ibarra, de Encuentro Popular y Social, manifestó a este diario su compromiso con el tema: ella misma, que también forma parte de la comisión de Legislación Penal, es autora de otros proyectos que establecen claramente la despenalización del aborto en casos de violación y anencefalia.

Los dos miembros radicales de Legislación Penal estarían de acuerdo con el espíritu de la iniciativa. Son Rubén Lanceta y Pedro Azcoiti. “Estoy a favor, más allá de que se cambie algo de la redacción del proyecto. Es muy importante que se apruebe esta ley”, dijo Azcoiti a PáginaI12. “Tiene que ser una norma lo más específica posible para que no quede sujeta a interpretaciones porque, como ocurre ahora, la ley puede convertirse en letra muerta”, opinó la radical Silvia Storni, vicepresidenta de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde se discutirá el proyecto. Una iniciativa con similares intenciones, pero con distinto formato, obtuvo dictamen favorable en 2007 en las comisiones de Salud y Mujer: en aquel momento los proyectos en debate se consensuaron a partir de iniciativas presentadas por la ex diputada del kirchnerismo Juliana Marino, designada embajadora en Cuba, y la socialista Silvia Augsburger: a diferencia del nuevo proyecto, no reformaba el Código Penal sino que reglamentaba el polémico artículo 86. En la comisión de Legislación Penal, donde debía ser tratada esa propuesta para llegar al recinto, consideraron que para evitar futuros cuestionamientos sería más conveniente la modificación del artículo, aclarando su redacción, y no su reglamentación.