En la cárcel donde se aloja el dictador Jorge Rafael Videla funcionó tras el golpe de Estado uno de los cuatro centros clandestinos de Campo de Mayo. Según ex empleadas del Hospital Militar que declararon en causas por apropiación de menores, en el edificio donde pasan sus días militares procesados por crímenes de lesa humanidad se habrían producido partos de mujeres cautivas que permanecen desaparecidas. “Es inaceptable la idea de que Campo de Mayo sea una cárcel común, más allá de la custodia a cargo del Servicio Penitenciario”, consideró Luciano Hazán, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. “Es un privilegio que viola el principio de igualdad ante la ley”, destacó la abogada Alcira Ríos, que patrocina a familiares de víctimas.

Como comandante en jefe del Ejército, Videla vivió en Campo de Mayo mientras gestaba el golpe y hasta 1980. Allí funcionaron durante la dictadura varios lugares de detención: El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar –la mayor maternidad clandestina de la fuerza– y la cárcel, que en enero dejó de ser el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas para convertirse en unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal.

Según un cable del 20 de agosto de 1976 de la agencia Ancla, montada en la clandestinidad por Rodolfo Walsh para denunciar los crímenes que la prensa no publicaba, “en la prisión militar de encausados de Campo de Mayo habría –hasta la redacción de este cable– 38 detenidos, pero el Comando General del Ejército tiene registrado el ingreso de 206 personas”.

El general Agatino Di Benedetto, director del Hospital Militar durante la dictadura, reconoció en 1998 ante el juez Adolfo Bagnasco que allí dieron a luz mujeres trasladadas desde el penal de Campo de Mayo. Cuatro ex empleadas relacionaron la cárcel con embarazos y partos:

- La obstetra Lorena Tasca declaró en la causa Bianco que a partir de 1978 y por orden del médico Julio César Caserotto, jefe de ginecología, atendió a tres secuestradas embarazadas. A una de ellas, en la cárcel de encausados. La llevaron en ambulancia y como “medida de seguridad” Caserotto le ordenó quitarse la identificación. La paciente, sin vendas, tenía “unos treinta años”, era “morocha, de baja estatura, delgada”, con un embarazo de entre cinco y seis meses, describió.

- La médica Silvia Bonsignore de Petrillo, que trabajó en la guardia tocoginecológica, declaró en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de niños que a pedido del médico Norberto Bianco atendió una cesárea de urgencia. Cuando terminó, Bianco le aclaró que el nacimiento no se iba a registrar y que la paciente debía volver a la cárcel de encausados. “Era joven, menos de veinte años, de pelo castaño, lacio y hasta la altura de los hombros, ojos oscuros, cara chica y fina, piel mate, contextura menuda, alrededor de un metro sesenta de altura”, describió. Bianco estuvo preso por dos apropiaciones y está detenido en Paraguay para ser extraditado a la Argentina.

- La obstetra Luisa Yolanda Arroche declaró que atendió a una parturienta en la cárcel de encausados entre 1978 y 1979. “Era una mujer morocha que rengueaba, con buen temple, sonriente”, recordó.

- Nélida Valaris relató en la causa Bianco que por orden de Caserotto, que a su vez invocó al director Di Benedetto, entre 1976 y 1978 participó de dos partos en Campo de Mayo, uno de ellos en la cárcel de encausados.

Testigos de Jehová que estuvieron presos en el penal de Campo de Mayo durante la dictadura supieron de niños y embarazos. Según testimonios tomados por APDH, en 1980 un religioso vio pasar una fila india de “detenidos subversivos”, entre los cuales le llamó la atención una joven embarazada de pelo castaño largo, anteojos negros, cara pequeña, con muchas pecas. Otro contó que a fines de 1978 los obligaron a limpiar celdas que habían usado “personas acusadas de subversión”. Allí encontraron once cunas de madera y ropa de bebés. Sobre más de treinta mujeres embarazadas secuestradas en la zona militar 4, con epicentro en Campo de Mayo, apenas en cinco casos los hijos recuperaron su identidad.

En diciembre, cuando Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex de Prefectura, Abuelas solicitó a los jueces que los militares presos en unidades de Fuerzas Armadas fueran trasladados a cárceles comunes. La ministra de Defensa, Nilda Garré, firmó un convenio con su par de Justicia para transformar el Instituto Penal –donde se alojaba la mayor cantidad de represores– en una unidad del Servicio Penitenciario. Una fuente oficial aseguró a PáginaI12 que la cárcel está totalmente aislada del predio militar, que los detenidos duermen en celdas, usan teléfono público y no tienen privilegios ni contacto con militares. “Es una cárcel”, resumió, que aloja a más de treinta retirados procesados por delitos de lesa humanidad.

“Campo de Mayo no es una cárcel común. En términos simbólicos es un lugar donde funcionó un centro clandestino, donde se torturó y mató, y donde nacieron niños en cautiverio”, disintió Luciano Hazán. “No hay garantías de que se cumplan los fines de la detención, de que los militares no tengan privilegios, no puedan escaparse o ser asesinados. ¿Qué puede hacer un penitenciario en medio de un regimiento, aislado, donde están subordinados al Ejército?”, se preguntó. “La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas prohíbe cualquier privilegio a personas imputadas por delitos de lesa humanidad”, concluyó.

“Que haya militares en Campo de Mayo es un privilegio que viola el principio de igualdad ante la ley. Pero es un tema estrictamente político, no jurídico”, explicó Alcira Ríos, ex abogada de Abuelas que patrocina a familiares de víctimas. Desde la Comisión Campo de Mayo, que reúne a sobrevivientes y familiares de ese centro clandestino de detención, evalúan el tema con preocupación. El traspaso al Servicio Penitenciario y su funcionamiento con un régimen teóricamente igual al que reciben presos comunes minimizó cuestionamientos y postergó una toma de posición, al menos hasta conocer fehacientemente si los militares gozan o no de privilegios en su hábitat natural.