La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante en la causa por la de-saparición de Carlos Rocha en Tucumán, se presentó ante el juez federal Daniel Bejas para pedir que se ordene la captura de Héctor Schwab. El militar retirado faltó en dos oportunidades a la citación de la Justicia. El abogado Bernardo Lobos explicó a PáginaI12 que “atento la particularidad de delito, desaparición forzada de persona y torturas y la persecución que sufriera Rocha como trabajador, está claro que Schwab está en rebeldía”.

Rocha desapareció en 1977 mientras Schwab se desempeñaba como director de Parques y Jardines de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, durante la intervención de Antonio Domingo Bussi. El militar que en democracia trocó en empresario de seguridad y se transformó en uno de los sostenes financieros e ideológicos del grupo de Cecilia Pando desapareció de sus domicilios habituales. Ni en la sede de su empresa Scanner SA en Florida al 800 ni en su piso de Arcos al 2000 lo ubicó la comisión policial que intentó notificarlo por pedido de Bejas. El juez federal porteño Julián Ercolini fue el encargado de cursar la requisitoria.

Schwab logró eludir la acción de la Justicia gracias a las leyes de punto final y obediencia debida. Con la nulidad de esas normas se reactivaron los procesos y la causa que instruye Bejas es la más avanzada. Lobos explicó que hay otros expedientes en los que también aparece mencionado el oficial que supo actuar como lugarteniente de Bussi.

El secuestro del empresario Manuel Pérez, liberado luego de un pago de un millón de dólares, es otra de las cuentas pendientes que aún no fueron saldadas en Tucumán. Los hijos de Pérez denunciaron que Schwab era el oficial que después de la liberación seguía presentándose para cobrar una virtual extorsión.

El notorio integrante de la Comisión 100 del Ejército también está mencionado en el expediente por los traslados de mendigos a Catamarca que se ordenó durante la gestión de Bussi. Schwab tiene pendiente un pedido de captura internacional dictado por el juez español Baltasar Garzón. La posibilidad de ser apresado apenas traspase las fronteras lo mantuvo desde el 2003 dentro del país. De la decisión del juez de Tucumán dependerá que sea también buscado dentro del país.