Son los primeros enjuiciados por cortar calles en la era de la Justicia contravencional porteña y mañana se conocerá su sentencia. Los diez integrantes de la comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), acusados del presunto corte de la avenida General Paz durante marchas realizadas a mediados de 2007, podrían ser condenados a pagar una multa y a no ejercer actividad gremial durante un año. Esto ocurrirá si la Justicia acepta el pedido de la fiscalía y desoye los argumentos de la defensa, que consideró “inconstitucional y persecutorio” el caso. Afuera del juzgado hubo un piquete de empleados públicos y sindicalistas.

“Esta causa no tiene razón de ser, no hubo contravención y lo vamos a demostrar, pero le dije a la jueza (Cristina Nazar, juzgado contravencional 26) que es inaudito que la fiscalía pida que se les aplique a los trabajadores la imposibilidad de ejercer actividad gremial, no corresponde a las leyes de este país y a la Constitución”, dijo a PáginaI12 el abogado de ATE, Juan Carlos Capurro. “Hay una insistencia que nos preocupa contra las libertades, y se llega a juicio por una cuestión menor en medio de un reclamo sindical”, agregó el letrado. Durante las protestas de agosto, septiembre y octubre de 2007, los trabajadores del INTI desplegaron un intenso plan de lucha que culminó con éxito en la modificación de su convenio laboral, con sustantivas mejoras. “No cortamos la General Paz, marchamos por la colectora y dejamos un carril libre porque queríamos repartir volantes a los automovilistas”, había explicado en junio José Magallanes, uno de los miembros de la comisión interna, cuando este diario publicó que el proceso se había suspendido por las impugnaciones presentadas por la defensa.

Una sentencia condenatoria sentaría un precedente adverso para las protesta en las calles porteñas, pero Capurro minimizó su impacto porque entiende que “hay otras instancias de apelación”. Si bien admitió que se desató una presión mediática en torno del juicio, se mostró optimista en cuanto a conseguir un resultado absolutorio. La contravención de obstruir la vía pública tiene una multa de hasta mil pesos y una sanción de uno a cinco días de trabajo comunitario o “probation”. Los anteriores procesos por cortes de calles, a un grupo de obreros de la construcción y de taxistas, no llegaron a la instancia de juicio porque aceptaron esa sanción. Los trabajadores del INTI, en cambio, entendieron que eso era equivalente a resignarse a “no protestar”.

En el primer día del juicio, en el que los acusados se negaron a declarar, manifestantes de ATE cortaron durante varias horas Tacuarí al 100, sede del tribunal. Este proceso para sancionar los cortes no influyó en las movilizaciones programadas para ayer: la de los docentes que están de paro por aumento salarial, la que hizo la Corriente Clasista y Combativa y otras agrupaciones piqueteras frente al Congreso Nacional por la derogación de los superpoderes, y la que concretó Izquierda Socialista frente a la embajada de Colombia contra “el gobierno represivo de Alvaro Uribe”.