“El salvataje a los centros financieros significa que todos los habitantes del planeta, pero sobre todo las mayorías populares, tendríamos que cosernos los dos bolsillos”, advierte Hugo Yasky en el primer piso de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Sobre el escritorio cubierto de papeles tiene un documento, el texto que esta semana le dejaron al Gobierno proponiendo políticas que transfieran ingresos a los sectores pobres y a los trabajadores de la base de la pirámide salarial para protegerlos de la crisis y reactivar el mercado interno. El titular de la CTA no oculta su inquietud por los efectos de la recesión mundial; la matiza, sin embargo, con lo que define como la fortaleza de esta época: ser parte “del único continente donde los movimientos populares están en alza, con procesos que se despegan de la lógica de la sociedad de mercado”. Críticas a la CGT por retirar el pedido de un extra salarial.

–¿Ya hay suspensiones en los gremios que integran la CTA?

–En algunos, como la industria del neumático. En otros se está hablando de adelantar vacaciones o cortar horas extras. En la industria farmacológica, los laboratorios multinacionales, quizá justamente por ser multinacionales, están dando marcha atrás con algunos planes de inversión.

–¿Qué proyección hacen?

–Vemos que un problema que se puede plantear es que las multinacionales comiencen a hacer ajustes globales, que usen las empresas de los países periféricos para equilibrar una única cuenta. Podemos encontrarnos con despidos en sectores altamente rentables, porque además son empresas a las que puede resultarles más barato despedir en la Argentina que en otros lugares del mundo.

–No es un sector de poco peso en la economía local.

–No, hablamos de las empresas que concentran prácticamente el 70 por ciento de las exportaciones del país.

–La crisis financiera global...

–Una aclaración: nosotros no creemos que esto solamente sea una crisis financiera, sino que pensamos que hay una crisis profunda, sistémica, del capitalismo a nivel global. Lo que sucede es que toda crisis tiene primero una manifestación financiera. Si uno gasta más de lo que produce, entra en rojo en el banco, o con la tarjeta de crédito, o no le puede pagar al almacenero, y no anda diciendo “estoy con una crisis financiera”. Lo que estamos viendo no es el estallido de una burbuja, la de los créditos hipotecarios, sino que hay un descalabro total.

–¿Por qué dice lo de coserse los dos bolsillos?

–La lógica del capitalismo es concentrar las ganancias y socializar las pérdidas. Los argentinos tuvimos un ejemplo en el 2001, cuando los trabajadores fuimos los que pagamos el costo de la devaluación, del subsidio a los bancos, del resarcimiento a los grupos empresarios para salir de la convertibilidad y terminamos con un 25 por ciento de desocupación y una caída del salario que fue una revolución al revés. En esta nueva crisis, los grupos económicos, hasta por una cuestión de la misma lógica del sistema, van a tratar de transferir las deudas que genera el salvataje al bolsillo de los trabajadores. La crisis va a plantear dos lógicas de resolución: una es que el mercado defina quién vive y quién muere. Si dejamos que resuelva el mercado, no tenemos destino. La otra es intervenir con políticas de Estado, coordinadas a nivel regional con los otros países latinoamericanos. Tenemos una posibilidad porque estamos en la periferia del anillo del huracán; si se toman medidas que hagan de valla, se pueden morigerar los efectos. A diferencia de lo que fue el 2001, cuando la crisis estaba encima de nosotros, hoy estamos en la periferia. Hay que generar medidas que nos permitan seguir en la periferia y no ser arrastrados al centro.

–¿Cómo ve la reacción del Gobierno frente a la crisis?

–Hasta ahora no pasó de la gestualidad.

–¿Qué hubiera querido ver?

–Una reacción rápida y coordinada con las naciones de América del Sur, a nivel regional, para armar ese paraguas.

–La CTA se reunió esta semana con el ministro de Trabajo, ¿qué propuso?

–Propusimos la extensión del pago del salario por hijo a todos los trabajadores y desocupados, un aumento de emergencia en las jubilaciones y un aumento en el monto de los planes de empleo. Es decir, garantizar primero la protección a los sectores más vulnerables de la sociedad, y fortaleciendo la capacidad de consumo de los que están en la base de la

pirámide de ingresos. Cuando un jubilado, un desocupado o un asalariado de los que están en el tercio de abajo de la pirámide recibe una mejora, eso inmediatamente reactiva el mercado. En segundo lugar pedimos que se prohíban las suspensiones y los despidos por 180 días. Puede parecer una medida extre-ma, pero tiene que ver con la caracterización que hacemos.

–Mencionó el pedido de políticas sociales universales. ¿Tienen expectativas de que se concreten?

–Es mucho más difícil en este escenario, en el que se activan algunos resortes conservadores. Vamos con viento en contra.

–La CGT dio marcha atrás con el pedido del extra salarial de 500 pesos. ¿Comparten que había que hacerlo para cuidar el nivel de empleo?

–En realidad, no compartimos el pedido en los términos en que lo formuló la CGT, como una suma por una única vez, y menos todavía pensamos que las demandas salariales tengan que ser archivadas. Lo que hay que plantearse es la necesidad de establecer un orden de prioridades. Hay sectores que están en la base de la pirámide del ingreso, con salarios que deben ser recompuestos. Otros han logrado buenos acuerdos, se han ubicado de la mitad para arriba de la pirámide salarial y que razonablemente pueden postergar la demanda. Pero hay trece millones de argentinos que no pueden esperar a un nuevo ciclo de crecimiento de la economía capitalista, son sectores que dependen de las políticas públicas.

–¿Podría ponerles nombre?

–Por ejemplo, los trabajadores del NEA y el NOA, que están cobrando 300 pesos como empleados públicos en escuelas y hospitales. La inmensa mayoría de los empleados de los municipios de esas provincias, que cobran planes sociales por lo que debería ser trabajo conveniado, sin salario familiar. Los desocupados, los trabajadores que figuran como ocupados pero que tienen ocupaciones precarias y discontinuas. Ellos son los que dependen de la capacidad del Estado de generar políticas públicas que garanticen un piso en los ingresos.

–¿Qué pasa con los demás? ¿Se puede atravesar la crisis sin que los salarios pierdan poder adquisitivo?

–Creemos que la salida es apostar a fortalecer el mercado interno, y la forma de hacerlo es dándoles mayor capacidad adquisitiva a los sectores que están en la base de la pirámide salarial. Son ellos los que en la medida en que tengan más poder adquisitivo, van a volcar todo al mercado interno, porque son sectores que no tienen la posibilidad de fugar capitales o de guardar en el colchón. Y con eso vamos a construir una sociedad más justa, que es la gran deuda que todavía tenemos en la Argentina, donde el crecimiento económico generó paradójicamente mayor desigualdad. Hoy es la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen es mayor que la que había hace años, cuando el crecimiento era menor.

–Su gremio, el docente, está reclamando aumentos en varias provincias, desde antes de esta crisis, ¿y ahora?

–Hay situaciones diferenciadas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la negativa de Mauricio Macri tiene que ver con un posicionamiento ideológico. Me hace acordar a (el ex gobernador de Neuquén Jorge) Sobisch, que alargó el conflicto con los docentes al extremo de llegar a producir el asesinato de Carlos Fuentealba sólo para demostrar que era capaz de disciplinar las demandas sociales. La Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que tiene un ingreso por cápita similar al de algunos países de Europa. Tenemos otras donde hay también demandas docentes, pero con un ingreso per cápita similar al de Africa.

–¿En esas otras, entonces, los maestros deberían dejar para más adelante los pedidos de aumentos?

–No, los salarios de la mayoría de los docentes que están en conflicto están por debajo de los 1500 pesos, que es lo que hace dos meses calculábamos como canasta básica familiar.

–¿Qué opina del pedido de los industriales de un dólar más alto?

–Que en todo caso hay que discutir la devaluación en el marco de una política que contemple otras variables, como el ingreso de los trabajadores, el papel de la obra pública en la generación de empleo.

–Más allá de las medidas que tome o no el Estado, ¿cómo cree que va a verse afectado el poder de negociación de los sindicatos?

–En los ’90 llegamos a tener una capacidad de negociación casi nula, hubo momentos en los que sólo podíamos discutir qué porcentaje del sueldo perder a cambio de que no hubiera despidos. Hoy estamos en una etapa distinta, hubo un proceso de transformación social que produjo un reverdecer de la movilización popular en América latina. El movimiento popular está en alza en la región, somos el único rincón del mundo donde los movimientos populares están en alza y hay procesos de transformación que se despegan de la lógica de la sociedad de mercado. Esa es una fortaleza que en otras crisis no tuvimos. Creo que va a depender del escenario. La crisis del ’30 terminó en la Segunda Guerra Mundial, con 60 millones de muertos, el excedente de mano de obra que el sistema capitalista necesitaba para resolver la crisis. Es decir que en una crisis puede cambiar dramáticamente la correlación de fuerzas para el campo popular. Por eso es necesario sostener estos procesos en un marco regional, la suerte de los trabajadores de la Argentina está atada a los de Brasil, a Bolivia, hay una interdependencia. Lo que suceda a los sectores populares no va a decidirse en cada nación por separado.