Carlos Branca todavía usa el mismo bigote espeso con que lo mostró la cámara oculta que en 1997 marcó el final de su carrera como juez. Desde hace un mes y medio se lo ve regularmente en el edificio de los tribunales federales en Retiro. Y no es por sus habilidades como abogado, sino porque por tercera vez –créase o no– enfrenta un juicio oral y público por aquellos hechos que lo obligaron a dejar la toga: brindar protección a contrabandistas. El primer juicio había quedado a mitad de camino cuando un integrante del tribunal se enfermó. En el segundo, Branca fue absuelto, pero la Cámara de Casación anuló la sentencia porque se habían obviado importantes pruebas y ordenó enjuiciarlo de nuevo. Ahí está ahora, rindiendo cuentas once años después y con chances de volver a la cárcel. Lo juzgan el mismo tribunal y el mismo fiscal que a Carlos Menem por la venta ilegal de armas.

El caso de Branca tiene varios rasgos que lo hacen emblemático. Es, por empezar, el primer juez federal porteño que llega a un juicio oral y el único de la legendaria servilleta de Carlos Corach que aterrizó en el banquillo. El fuero federal es el que maneja las causas de corrupción contra el poder político, las de narcotráfico y derechos humanos. No ha sido fácil concretar el enjuiciamiento, como evidencia el derrotero de Branca, a un miembro de esa blindada familia. La trama que lo involucra, además, es paradigmática entre las causas que han puesto el foco en la burla a los controles aduaneros, como la de las narcovalijas de Southern Winds, la venta ilegal de armas y, más reciente, la de los 800 mil dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson.

Branca fue escrachado por una cámara oculta que dejó a la vista sus lazos con una banda de contrabandistas que operaba en Ezeiza trayendo artículos importados como palos de golf, perfumes y otros artículos de free shop. El puntapié de su caía lo dio un integrante del grupo, que reveló las actividades ilegales ante una comisión legislativa que seguía rastros de la “aduana paralela”. El arrepentido, el ex combatiente de Malvinas Marcelo Paolini, que trabajaba como guarda de pista en el aeropuerto, fue quien se prestó a filmar en secreto al ex juez y a su entonces secretario, Juan Carlos Pinto. La mercadería venía en avionetas de la empresa Celta y estaba todo sincronizado con funcionarios de la ex Policía Aeronáutica (PAN) y la Aduana. La función del juzgado era proteger la operación.

La destitución le llegó a Branca en diciembre de 1997. A fines de ese mismo mes, el juez Jorge Brugo lo mandó a detener por asociación ilícita y contrabando. Estuvo diez meses preso, hasta que salió en libertad bajo fianza. El día de su indagatoria en el juicio actual contó con cierta emoción que en la cárcel de Caseros fue donde conoció a Roberto Schlagel, su actual socio y abogado defensor. Schlagel fue secretario del ex juez de Dolores Hernán Bernasconi y fue condenado a ocho años de cárcel por armar pruebas en el “caso Cóppola”. En los últimos años el dúo se dedicó a defender policías enjuiciados y narcos. Representaron, por ejemplo, a uno de los narcos acusados en el juicio por el caso “Merluza Blanca”, que consistió en el envío de cocaína a España en merluza congelada.

El primer juicio oral contra Branca y otra veintena de imputados tardó seis años en comenzar. Estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE3). A los tres meses, uno de los jueces, Héctor Acuña, se enfermó. Por norma, si pasan más de diez días sin audiencias hay que anular todo el proceso, y eso sucedió. El argumento es que se pierden la continuidad y la inmediación de la prueba. Acuña, que tenía decorado su despacho con una foto de Menem, siempre tuvo fama de esquivar los juicios importantes. Dejó su cargo este año, cuando estaba por comenzar el proceso por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Su renuncia, de hecho, fue uno de los motivos de postergación de las audiencias, que recién arrancaron esta semana.

Anulado el primer juicio al ex juez, la Cámara de Casación decidió nombrar otro tribunal para intervenir, el TOPE1, que en 2004 volvió a convocar a Branca. Sin embargo, el dream team de los acusados se redujo: se dieron por prescriptas las imputaciones por delitos culposos (que implican negligencia) y sólo sobrevivieron los dolosos. Los jueces Jorge Pisarenco, Enrique Schlegel y Susana Pellet Lastra absolvieron a los personajes centrales: a Branca, a su secretario, a los funcionarios de Aduana y la Policía Aeronáutica. Los únicos condenados sólo por el delito de contrabando, con penas leves en suspenso, fueron personajes vinculados a la empresa aérea que traía la mercadería a Ezeiza. Es más, el tribunal ordenó investigar al juez Brugo, que había mandado a Branca a la cárcel.

Tiempo después, la apelación de la fiscalía logró empañar el festejo de Branca y el resto de la banda, cuando consiguió que la sala III de la Cámara de Casación anulara la sentencia absolutoria por falta de documentación y ignorar importantes pruebas. Además, señaló que se debía aplicar el delito de asociación ilícita.

Y así fue como todo volvió a empezar. Desde principios de septiembre Branca encabeza un desfile de diez acusados que por ahora han pasado bastante inadvertidos. La lista incluye a su ex secretario, a un capitán de la ex PAN, guardas de pista, pilotos y el jefe de salón de la Aduana. Los juzga otra vez el TOPE3, pero compuesto íntegramente por jueces subrogantes (Luis Imas, Horacio Artabe y Gustavo Losada), los mismos que llevan adelante el juicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. También coincide el fiscal, Mariano Borinsky, titular de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando. Lo acompaña Marcelo Agüero Oberá. La Aduana es querellante. Sus representantes están preocupados porque el caso podría prescribir el mes que viene.

A esta altura, ya se proyectó el video de la cámara oculta, ya fueron indagados todos los acusados y en estos días terminarán de declarar los 100 testigos previstos. Branca y Schlagel asisten a la mayoría de las audiencias. Ensañados con la fiscalía llegaron a plantear, sin éxito, que los fiscales no hicieron preguntas. En unos diez días habrá alegatos y cerca de fin de mes llegaría la sentencia.