EL PAíS › EMPEZó EN SAN LUIS EL PRIMER JUICIO ORAL EN CUYO POR CRíMENES DE LA DICTADURA
La hermana de Graciela Fiochetti, asesinada en 1976, pide que los jueces “apliquen el castigo que se merecen” a los cinco represores que comenzaron a ser juzgados. Ayer se leyeron las acusaciones, trámite que continuará hoy y mañana.
“Hoy empecé a revivir una nueva muerte de mi hermana. Pero en esta nueva instancia renace la esperanza, sin ningún ánimo de venganza, ya que ellos tienen la posibilidad de un juicio de defensa, cosa que nuestros hermanos no tuvieron; que la Justicia aplique el castigo que ellos merecen, eso es nuestro deseo”, le dijo Cuqui Alvarez a Páginai12. Es una de las cuarenta personas que lograron entrar a la reducida sala de audiencia donde comenzó el primer juicio oral y público de Cuyo por crímenes de lesa humanidad. Es la hermana de Graciela Fiochetti, una joven de 22 años, secuestrada el 21 de septiembre de 1976 en La Toma y luego trasladada a la Jefatura Central de policía puntana. Ahí la torturaron, la violaron, la sometieron a golpes y luego la asesinaron en las Salinas del Bebedero, a 60 kilómetros de la capital. Su caso es uno de los cuatro que se ventilan en este proceso.
Con los cinco acusados presentes en la sala, el Tribunal Oral Federal de San Luis realizó la primera audiencia del juicio, que duró cinco horas. Durante esta jornada, sólo se leyó una parte de las cuatro acusaciones que pesan contra los represores. La lectura seguirá hoy y también mañana. Según los cálculos, el debate podría comenzar recién el jueves. Se espera que, a partir de ese momento, el tribunal se pronuncie sobre varias cuestiones clave como la intervención que tendrá el obispo emérito Juan Rodolfo Laise. Señalado por uno de los acusados como quien le encomendó “hacer desaparecer” a un cura que había dejado los hábitos, los jueces lo convocaron como testigo. Pero todavía no se sabe si el obispo que reside en Italia participará. Su abogado mandó una carta para pedir que se acepte una declaración por escrito y el tribunal aún no lo decidió.
Junto a la causa de Graciela Fiochetti, el tribunal empezó a analizar la desaparición forzada de Pedro Valentín Ledezma y de Santana Alcaraz, y también los tormentos sobre Víctor Fernández.
Los acusados son dos militares y tres policías. El ex subjefe de la policía puntana, el ex capitán Carlos Esteban “El Chueco” Plá, que participaba en persona de los secuestros e interrogatorios bajo tortura, está sindicado como autor material de la muerte de Fiochetti. Estuvo prófugo dos años, lo detuvieron en 2007. Los otros son el ex coronel Miguel Fernández Gez, ex jefe de la Guarnición Militar San Luis; el ex comisario David “El Japonés” Becerra; el ex subcomisario Juan Carlos Pérez y el ex cabo Luis Orozco. Becerra, Pérez y Orozco eran jefe, subjefe y encargado de la división investigaciones (D2) de la policía provincial.
Durante las cinco horas de audiencia, ellos hablaron y se hicieron comentarios. Muchos fueron inaudibles en la sala, pero al público no se le escapó el gesto del abogado de El Chueco Plá cuando le sirvió cafecito a su asistido.
Como sucede en todo el país, excepto en Capital, el tribunal permitió televisar la primera audiencia. A pedido de integrantes de los organismos de derechos humanos locales y familiares de las víctimas, también habilitó una sala paralela para poder seguir el juicio en un espacio más amplio.
La audiencia empezó a las 9, media hora después de lo previsto, y se extendió hasta las 14. La lectura de la acusación se demorará porque la causa está dividida en dos partes. A raíz de la situación de Plá, que estuvo prófugo durante dos años, una parte contiene la acusación de los otros cuatro represores. La otra, la de Plá. Se calcula que el jueves comenzará formalmente el debate.
De la lectura, Cuqui Alvarez escuchó cosas que aún la siguen sorprendiendo. Un ejemplo fue la intervención de dos médicos de los que se hablará más en los próximos días. Se trata de Ernesto Moreno Recalde, el ex jefe de la división criminalística de la policía, y de Jorge Moyano. Los dos aún siguen ejerciendo y se desempeñan en un sanatorio privado. Cuqui sabía que Moreno Recalde había firmado la autopsia de su hermana enterrada como NN en un cementerio pero no, en cambio, que –según la acusación fiscal– también le había quitado los dedos de las manos para evitar, aparentemente, que la identificaran.
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