Sáb 12.10.2002

EL PAíS  › PANORAMA POLITICO

Abstemios

› Por J. M. Pasquini Durán

Termina la semana y en su transcurso otros cinco jóvenes de ambos sexos, de 10 a 19 años de edad, se habrán suicidado en el país. El número de suicidios duplica el promedio de la última década y los especialistas de Unicef, que registra la estadística, opinan que la drástica decisión obedece a la falta de ideales, la crisis de valores y la desesperación de origen socioeconómico. Otro registro, el del Indec, indica que en los primeros nueve meses de este año el ejército de desocupados reclutó a 470 mil nuevos miembros que perdieron el empleo y otros 300 mil que no llegarán a debutar en un trabajo. En lo que va del año, 100 mil estudiantes desertaron de los colegios secundarios en la provincia de Buenos Aires. Sumados los datos son más que la población total de provincias como La Rioja.
Detrás de cada número hay historias humanas que recorren la gama completa de los tormentos que produce la decadencia nacional, sin contar los millones de hogares que no alcanzan a reunir los 716 pesos mensuales que es el costo actualizado, según dicen, de la canasta básica de una familia tipo. Aunque sea doloroso el repaso, es oportuno para recordar en qué consiste el drama nacional, sobre todo en estos días cuando algunos piensan que la mayor tragedia es la ausencia de candidatos atractivos para las próximas elecciones. En todo caso, son elementos indivisibles de una única realidad agobiante, insoportable y claustrofóbica. Justamente, el espesor de la trama vuelve tan difícil y complicada la búsqueda de vías rápidas de escape, sobre todo porque entre los que ocupan el puente de mando son tan escasos los que tienen la voluntad verdadera de participar en esa búsqueda.
En el minimundo de los profesionales de la política y de las burocracias gubernamentales el problema central es cómo salvaguardar los intereses particulares o de grupo en ese club de trueque donde la materia de intercambio es la recíproca protección, así tengan que recurrir a veces al inocultable chantaje para conseguir el amparo necesario. El degradante itinerario del abortado juicio político a los miembros de la Corte Suprema es una evidencia contundente de esa metodología, sólo comparable a ciertas prácticas de las mafias ilegales. Sólidas como piedras, se acumularon en seis mil páginas las pruebas de las infracciones graves cometidas por la mayoría de los jueces supremos, lo mismo que las demandas cívicas para su remoción que constan en innumerables actos callejeros y en todas las encuestas de opinión, pero no alcanzaron para conmover la conciencia de aquellos diputados nacionales que acompañaron al Poder Ejecutivo en el trueque de impunidad a cambio del cajoneo de fallos que serían justicia pero complicarían la gestión de la Casa Rosada, sobre todo en el área económico-financiera y en la aplicación de principios de los derechos humanos.
Así, la credibilidad y el prestigio de los tres poderes de la Constitución, soportes teóricos del régimen republicano y democrático, están más devaluados que la moneda nacional, lo mismo que todas las liturgias cívicas, en primer lugar las elecciones que ni siquiera aparentan la decisión de remover las principales causas de la minusvalía. Sólo a título de referencia, en las recientes elecciones de Brasil el cincuenta por ciento del Congreso fue removido y reemplazado por tendencias y candidatos/as sin vinculaciones con los partidos que acompañaron al presidente Fernando Henrique Cardoso durante los dos mandatos de gobierno. Aquí, hasta el momento, esa chance es impensable si las encuestas tienen razón cuando presentan el ranking de los pretendientes con chances de ganar. Por lo pronto, en esas mismas estadísticas el ganador absoluto, por mayoría contundente, es “ninguno”debido a la proporción de los ciudadanos que declaran, por ahora, la abstención o la anulación del voto como la mejor opción.
El régimen de partidos es tan impenetrable que no tolera siquiera la presencia de ciudadanos independientes en las internas para nominar las candidaturas. Con la opinión a favor de aquella jueza “Burunbundía” que puso la mala nota en el impecable humor de Tato Bores, las internas estarán reservadas a los afiliados y condiciones que decidan las juntas partidarias, o sea a la puja entre los aparatos facciosos que se mueven, por lo general, a fuerza de dinero y de prebendas a plazo fijo. Aun así, el partido de gobierno, el único de los dos que controlaban al electorado en las últimas décadas, está incapacitado para ofrecer un liderazgo único, ya que sus grupos dirigentes comparten sólo la sigla partidaria, puesto que por lo demás es un archipiélago de baronías semifeudales. Ninguno de ellos podrá gobernar sin el concurso de los demás, no sólo del propio partido sino también de las fuerzas sociales que hoy están más cerca de expresar a la sociedad que las representaciones convencionales.
Mientras tanto crece la consternación en la sociedad por un futuro incierto, aunque los sentimientos depresivos todavía no abatieron las protestas populares. La magnitud de los problemas, como los que fueron citados al comienzo de este comentario, impide a muchos bajar los brazos. Una simple estadística, obtenida de las noticias publicadas en la prensa de todo el país, registró hasta doscientas actividades diarias de ciudadanos alzados por sus reivindicaciones. Ayer mismo tuvo lugar la “Jornada Nacional de Rebeldía” convocada por la CTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el día anterior los seguidores de la coordinadora Aníbal Verón junto con un movimiento santiagueño de sin tierra, y el día anterior los jubilados, los ahorristas y los bancarios y el día anterior... el balance es interminable, tanto hacia atrás como hacia delante de acuerdo con los anticipos que ya se conocen.
Los deseos, por supuesto, viajan más rápido que las posibilidades prácticas y, en consecuencia, aparecen visiones contradictorias. Los que esperan que las protestas populares se traduzcan en un alzamiento generalizado que cambie todo de un solo mandoble y, en la vereda paralela, los que creen que ninguna movilización será suficiente si el movimiento popular no es capaz de reunir a sus dirigentes en un solo comando alrededor de una plataforma compartida. Unos y otros dejan de lado un simple cálculo de tiempos: Lula da Silva está a punto de llegar a la presidencia de Brasil después de veintidós años de actividad del Partido de los Trabajadores (PT) y que, además, primero hubo que romper la hegemonía del neoliberalismo en la región y en el mundo.
La referencia no indica, necesariamente, que será preciso caminar por el desierto durante dos décadas para llegar a un desenlace parecido. Por otra parte, la cuenta no comenzó en diciembre del año pasado, sino que esas jornadas fueron un nuevo punto de partida, pero, a la vez, el resultado de la experiencia acumulada, incluidas las ilusiones extraviadas en la década del ‘90. Hay que anotar también que las diferencias en el movimiento popular involucran a minorías comprometidas con la militancia cotidiana, más que al ciudadano común, el que forma las mayorías electorales, que suele tener expectativas muy tenues a propósito de los mismos temas.
En el panorama de la región, sobre todo en los países que viven propuestas de cambio, como Venezuela y Brasil, las opiniones populares sufren de la dualidad o de la ambigüedad que derivan de sus propias tradiciones o de las influencias que predominan y que cortan a la opinión pública de arriba hacia abajo mucho más que la condición económico-social que vive cada uno. Por eso, en tanto llegan definiciones más auspiciosas una parte de los esfuerzos que bregan por la justicia y el honor de la democracia deberá dedicarse a aliviar los tormentos de los que sufren, con la urgencia de los que no saben si lograrán sobrevivir al día siguiente. De ahí que la solidaridad y la cooperación sean mandatos de vida para todos los que aún conservan la condición humana íntegra, dispuesta a reconocer a sus semejantes, aun en la diferencia.

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