Julio Alberto Cirino fue jefe de un grupo de tareas del Batallón de Inteligencia 601 y, según sus palabras, conoció al menos tres centros clandestinos. En 1979 se explayó en la embajada de los Estados Unidos sobre los engranajes del terrorismo de Estado. Aseguró que los desaparecidos nunca iban a aparecer y admitió que habían matado a personas sin ningún vínculo con organizaciones armadas sólo ante el riesgo de que pudieran reconocerlos. En los ’90, la SIDE lo envió a la embajada argentina en Washington y, en los últimos años, como periodista, historiador, analista internacional, docente y demás pergaminos, se explayó sobre el retorno de los “populismos revolucionarios”, la seguridad hemisférica y el terrorismo, especialidad que nadie podrá negarle. Sus audiencias fueron desde el programa de la apologista del genocidio Malú Kikuchi hasta miembros del Comando Sur de los Estados Unidos y la Junta Interamericana de Defensa. Pero se le terminaron las ganas de hablar. Fue detenido y se negó a declarar.

A partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por orden del juez federal Ariel Lijo, el Gordo Cirino fue arrestado por personal de la Policía Federal. Ayer pasó su primera noche en el penal de Marcos Paz. Será patrocinado por otra celebridad: el ex juez Alfredo Bisordi.

Los datos más fehacientes sobre el pasado de Cirino datan del 7 de agosto de 1979 y surgen de un largo diálogo que, con el nombre de cobertura Jorge Contreras, mantuvo con el consejero político William Hallman y el oficial de seguridad James Blystone en la embajada norteamericana. El memo de la conversación, incluido entre los documentos desclasificados del Departamento de Estado, se titula “Tuercas y tornillos de la represión a la subversión” y brinda detalles pormenorizados sobre el terrorismo de Estado.

El falso Contreras se presenta como director del Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601. Advierte que si otros servicios se enteran del diálogo lo acusarán “de traición por cooperar con una potencia extranjera”. Se muestra “ansioso” de obtener el visto bueno de la embajada aunque asegura haber sido autorizado por el jefe del 601, coronel Alberto Tepedino, y el de la Central de Reunión, coronel Jorge Arias Duval (hoy, ambos con arresto domiciliario). Cuenta que el GT7 se dedica a recopilar y analizar información sobre “estudiantes, grupos políticos y cuerpos religiosos” y que antes encabezaba una subsección dedicada a estudiar a “chinos y rusos” en la que lo reemplazó su propia esposa, María Cristina Rinaldi, cuya captura también pidió la Secretaría de Derechos Humanos.

Cirino les advierte que el aparato represivo es “un entramado complicado”, con entes secretos superpuestos, y que se explayará en base a la “sensibilidad adquirida” en tan noble tarea. Calcula que el 80 por ciento de los centros clandestinos había dejado de funcionar y anticipa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que un mes después visitaba el país para verificar denuncias, “no va a encontrar paredes vacías y espacios no utilizados” porque habían sido “remodelados” para no ser reconocidos. Así fue.

El falso Contreras informa que las “desapariciones” (comillas de los norteamericanos) “bajaron bruscamente durante 1978”. Admite que existen operaciones “por ultraizquierda”, “sin permiso o conocimiento superior”, y grafica: “si se secuestra a la persona buscada, se publicita; si traen a un ama de casa o a la tía de alguien, se niega”. Consultado sobre la cueva de calle Paseo Colón, denunciada por exiliados, Cirino sonríe, admite que es correcto (allí funcionó el Club Atlético, cuyas patotas y secuestrados habían sido trasladados a El Olimpo) y que conoce otros dos centros de detención.

En 1976 y 1977, explica, las personas que demostraban no tener vínculos con “la subversión” también eran asesinadas, ya que liberarlos implicaba que pudieran reconocer a interrogadores y lugares de cautiverio. Algunos comandantes estaban dispuestos a arriesgar sus operaciones, otros creían “que el proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que el sistema peligre”.

El represor, dice el documento, “insinuó que los prisioneros eran ejecutados si habían causado alguna muerte o habían puesto vidas en peligro”, y que aun “si accedían a cooperar eran asesinados”. Otros eran blanqueados y a otros, con los que admitía tener contacto, les permitían “trabajar desde sus casas”.

–¿Cuánto puede durar el proceso? –le preguntaron los norteamericanos.

–Es como si me pregunta qué tan largo es un pedazo de hilo. Es imposible saberlo. Lo único que puedo decirles es que quienes desaparecieron temprano no van a aparecer.

Durante ese diálogo, ni siquiera se privó de criticar a sus colegas. Consideró que la “competencia” entre patotas derivaba en “acciones rápidas” que luego se confirmaban equivocadas. Pero cada comandante “siente que tiene y debe continuar teniendo el derecho a operar como le plazca”, dijo. A excepción de la Armada, confesó, las demás fuerzas no envían a sus mejores cuadros a la Central de Reunión, creada para intercambiar figuritas. Los jefes de zonas militares tampoco respetan las jurisdicciones ajenas, lamentó.

Según el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, Cirino fue un “enlace” entre el 601 y la Embajada de Estados Unidos y actuó como agente civil del batallón entre 1977 y 1985. “Tuvo un rol clave en tareas de contrainsurgencia en Centroamérica”, agregó. Fuentes cercanas a la investigación apuntaron que se formó en grupos católicos ligados al cura antisemita Julio Meinvielle y que en 1974 llegó al Estado de la mano del fascista Alberto Ottalagano. En 1976 escribió Argentina frente a la guerra marxista, en editorial Rioplatense. Cirino es uno de los cientos de represores que gracias a la clandestinidad del terrorismo de Estado permanecen impunes (en su caso, hasta ayer), aunque sus trayectorias posteriores aportan indicios útiles para inferir sus oficios en tiempos de trabajos sucios. La división Seguridad de Estado de la Policía Federal lo detuvo ayer por la mañana, por orden del juez Lijo, que investiga el rol del Batallón 601 en 1979 y 1980. Esta historia recién comienza.