El Ministerio de Trabajo le prometió a la CTA que armará un paraguas para impedir que las empresas despidan personal. La Central de Trabajadores Argentinos le llevó ayer al ministro Carlos Tomada su preocupación por las suspensiones y cesantías como efecto de la crisis internacional. La alarma por la pérdida de puestos de trabajo, una situación sobre la que también está advirtiendo la CGT, es minimizada por el Gobierno, que asegura que “todavía no se ha detectado una afectación del nivel de empleo”. En el ministerio hablan, en ese sentido, de que se tratan de tomar “medidas preventivas”. La principal es la imposición a las empresas de la obligación de iniciar un procedimiento preventivo de crisis si quieren reducir personal; en caso de que no lo hagan, el Gobierno dictará la ineficacia del despido. Este mecanismo, que permite la intervención del Estado en las decisiones del sector privado, obligará a abrir un paréntesis de 45 días de negociación cada vez que haya un intento de cesantías. También se reforzarán los subsidios a las empresas para evitar despidos.

La intención es extender este tipo de protección frente a las suspensiones; los trabajadores precarizados serán, por su condición, quienes van a quedar afuera del paraguas.

La reunión de la CTA con el ministro de Trabajo fue la primera después de que la Corte Suprema dictara el fallo que permitió ser delegados a quienes no están afiliados a un sindicato con personería gremial. El fallo es la antesala para que la CTA acceda a la personería gremial, y el encuentro tenía como objetivo para la conducción de la Central insistir en ese reclamo, en el que no hubo avances (ver aparte). De todas formas, los dirigentes de la Central pudieron avanzar en el otro tema de la agenda.

“La propuesta que llevamos al ministerio es la de que el Gobierno prohíba por seis meses despidos y suspensiones; vamos a ver si este paraguas funciona”, señaló Hugo Yasky, al salir del encuentro. El secretario general de la CTA estuvo acompañado en la reunión por el adjunto Pablo Michelli (ATE) y otros dirigentes de la Central.

Pedro Wasiejko (trabajadores del Neumático) integra uno de los gremios afectados por la situación: “Estamos teniendo adelanto de vacaciones, despidos y suspensiones. Un ejemplo es el caso de FATE, que anunció que desde la semana que viene va a suspender la actividad cada miércoles. Son 1400 suspensiones”. Los despidos encubiertos entre los bancarios, la situación de las automotrices y de los empleados de la industria del cuero fueron otros de los casos sobre los que se habló en la reunión.

En el Ministerio de Trabajo no cayó nada bien que los dirigentes de la CTA salieran a anunciar lo del paraguas apenas pusieron un pie afuera del edificio. La guerra por el protagonismo con la CGT ya había tenido en la semana bastante movimiento como para agregar un motivo más de mal humor. Tal vez por eso en la cartera que conduce Tomada se tomaron el esfuerzo de aclarar que se trata de instrumentos que existen “desde hace tiempo” y que ya fueron informados “a la CGT e incluso a la Comisión de Legislación Laboral de Diputados” antes que a la CTA. ¿No hay nada nuevo, entonces?, consultó PáginaI12. “Lo nuevo es que vamos a utilizar los viejos instrumentos que no estábamos utilizando”, respondió el consultado. Y detalló en qué consisten:

- Implementación del procedimiento preventivo de crisis: nadie puede despedir si no hay un procedimiento preventivo, y en el caso de los despidos individuales, no puede haberlos si no se informa al ministerio. “Lo que hemos resuelto es que vamos a disponer la ineficacia del despido a quien no cumpla con ese requisito”, apuntó la fuente. Como un procedimiento preventivo dura entre 15 y 20 días hábiles y a eso, si hay conflicto, se le puede dictar una conciliación obligatoria durante la cual la empresa no puede despedir, hay en total un tiempo de 45 días durante el cual los despidos no pueden hacerse efectivos. El procedimiento preventivo de crisis ya se usó para dar marcha atrás con los despidos en Easy, Mercedes Benz y General Motors. Este último se convirtió ayer en un caso testigo porque la empresa no acató la conciliación (ver aparte).

- Subsidios: son los del programa de reproducción productiva, destinado a empresas que hayan abierto el procedimiento preventivo. Se usó en fábricas recuperadas y en la industria de la carne, durante el conflicto por las retenciones móviles.

- Empleo público: el Gobierno, dicen en el ministerio, tiene la decisión política de impulsar la efectivización de los trabajadores de la administración pública que cobran con planes Jefes de Hogar. La CTA asegura que hay provincias donde la mitad de la plantilla del Estado está formada por precarizados con planes de empleo. Entre las promesas también está la de reactivación a través del Plan Federal de Obras Públicas, del Ministerio de Planificación.

La cúpula de la CTA se volverá a reunir con Tomada en diez días para tratar la cuestión de la personería gremial. Los dirigentes dejaron en el despacho del ministro un reclamo de mayor intervención del Estado para frenar la caída de la actividad económica. La universalización del salario familiar por hijo, créditos para las cooperativas y un paquete que impulse la industria y el compre nacional son las propuestas que quedaron en la agenda, junto con el pedido de que se convoque a una suerte de Consejo de Crisis que, integrado por representantes del sector empresario, sindical y del Gobierno, monitoree los efectos de la recesión mundial sobre la economía del país.

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