Si hay algo que nadie podrá reprocharle a Alfredo Bisordi, es la coherencia como juez y en su nueva faceta como abogado. El ex camarista de Casación no sólo recluta clientes entre los dinosaurios, sino que se ha convertido en motor de los intentos por reflotar la teoría de los dos demonios con denuncias judiciales que buscan equiparar la guerrilla con el terrorismo de Estado. En esta cruzada no está solo: lo acompaña Eduardo Sinforiano San Emeterio, un abogado de represores, ex militar y ex agente de inteligencia que fue custodio de Otto Paladino, jefe de la SIDE en la dictadura. Juntos, en su apuesta más ambiciosa, pidieron que se abra un juicio por la verdad –como los que se han hecho para conocer el destino de los desaparecidos– sobre el “período 1959-1989”, pero en especial acerca del copamiento del regimiento de Formosa realizado por Montoneros, donde murieron militantes y soldados. La fecha de aquellos sucesos, 5 de octubre de 1975, es la que usan la dirigente castrense Cecilia Pando y sus amigos militares para homenajear una vez al año en Plaza San Martín a los “caídos por la subversión”.

Bisordi consiguió jubilarse en junio de este año en medio de un proceso de juicio político que terminó de madurar, donde se lo acusaba de demorar las causas sobre violaciones a los derechos humanos. Las resistencias corporativas, judiciales y militares, fueron fuertes y el Gobierno prefirió dejarlo ir. En agosto recibió su matrícula de abogado en un acto que tuvo lugar al son de los aplausos enfervorizados del ejército de Pando. En estos días está en plena acción, del otro lado del mostrador.

Cuando lo detuvieron la semana pasada, Julio Cirino, ex agente de inteligencia del Batallón 601, enseguida le dijo al juez Ariel Lijo que aspiraba a obtener los servicios de Bisordi. El miércoles último el ex camarista hizo realidad su deseo y asumió la defensa. Al despacho de Su Señoría llegó en compañía de su coequiper San Emeterio, un ex subteniente de reserva y ex agente de la SIDE que ahora atiende a acusados por la represión ilegal (ver más datos aparte).

En esa visita a Tribunales hicieron gala de haber pedido un juicio por la verdad en Corrientes contra Montoneros. Ahí parece estar la clave del nuevo papel de Bisordi, que se inscribe en una movida que trata de convertir a la Justicia en un boomerang instalando la idea de que las organizaciones armadas cometieron en los ’70 delitos de lesa humanidad que, además, son imprescriptibles. Esa tendencia se advierte en los intentos de apertura o reapertura de expedientes como el de la muerte del teniente coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP; el del asesinato del líder de la CGT José Ignacio Rucci, atribuido a Montoneros en un libro del periodista Ceferino Reato; y el del crimen del capitán Humberto Viola y su hija, por el que la viuda acusa al ERP y al gobierno de Héctor Cámpora.

El nuevo aporte de Bisordi y su amigo intenta darle una vuelta de tuerca a la concepción de “justicia completa” que proclama la señora Pando. Ahora el leit motiv es “el derecho a la verdad histórica” de los represores. La estrategia reciclada apunta a desafiar los límites que han puesto tanto el procurador general de la Nación (a partir del caso Larrabure) como la Corte Suprema (cuando invalidó las leyes de impunidad en 2005) al definir que sólo se pueden considerar delitos de lesa humanidad aquellos cometidos desde el aparato del Estado. El propósito sería forzar un debate sobre los alcances de los juicios por la verdad, a pesar de que siempre tuvieron una finalidad clara incluso señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura y establecer el destino de los desaparecidos en momentos en que las leyes de punto final y obediencia debida impedían juzgar penalmente y condenar a los responsables, lo que constituye una obligación del Estado.

La verdad jurásica

La elección de la Justicia correntina, argumentan Bisordi y San Emeterio, se debe que en esa provincia tenía “asiento” la “Columna 27 de Montoneros”. La presentación, a la que accedió PáginaI12, es sumamente abarcativa: empieza con un pedido de juicio por todos “los hechos acaecidos durante el período comprendido entre los años 1959 y 1989, es decir –señala– desde los orígenes de las actividades subversivas hasta los hechos acaecidos en el intento de copamiento del Regimiento 3 de Infantería de La Tablada”. Luego solicita focalizar en el copamiento del Regimiento de Infantería de Monte en Formosa y la muerte de José Luis Aspiazu, que se atribuye a la propia organización Montoneros, a la que pertenecía. El ataque al regimiento, donde murieron 15 militantes y 12 soldados, es mencionado como punto de inflexión en lo que llama “la generalización del terrorismo en todo el territorio nacional”. Para avalar esa tesis, cita en forma elogiosa el decreto que un día después firmó el gobierno de Isabel Perón que disponía “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

Todo el planteo se basa en una singular interpretación del derecho a la verdad, y en una protesta porque, dice, ni los jueces ni los fiscales investigan “los crímenes cometidos por las organizaciones político-militares subversivas”. “Se ha coartado la acción punitiva del Estado en exclusivo beneficio de estos delincuentes subversivos (...) que se han convertido en pseudo víctimas de la guerra que ellos mismos iniciaron”, dice el texto, al tiempo que elogia la reapertura de la causa por el asesinato de Rucci.

A todo este repertorio le suman la lista de los “delincuentes terroristas”, las mismas palabras que aún siendo juez usó Bisordi al referirse a Graciela Daleo, lo que le valió una sanción disciplinaria.

Coherentes

Este año San Emeterio fue defensor del capitán del Ejército (R) Juan Carlos De Marchi, apodado El Electricista por su manejo de la picana, y del coronel Rafael Manuel Barreiro en el juicio en el que fueron condenados en Corrientes por secuestros y tormentos, homicidios y desapariciones. Fue la famosa audiencia en la que Cecilia Pando acusó a los jueces de “cobardes”, hizo el gesto de degüello mientras insultaba a sobrevivientes y familiares de desaparecidos y amenazó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, con matarlo con “sus propias manos”.

En coincidencia con la lectura de los fundamentos de la sentencia, Bisordi asomó por Corrientes y visitó al tribunal, según relatan fuentes judiciales. Su sintonía con San Emeterio no es nueva. El año pasado, mientras el ex camarista despotricaba en las radios y acusaba a Néstor Kirchner de buscar “la suma del poder público” por pedir celeridad en las causas por los crímenes dictatoriales, el abogado-ex militar-ex espía se ocupaba de denunciar penalmente al entonces presidente y a la diputada Diana Conti –impulsora de la remoción de su amigo– por amenazar a los jueces.

Es poco probable que el dúo consiga instalar su teoría de los juicios por la verdad, por razones que podrían ir desde su falta de legitimación, la ausencia de motivos para un proceso de ese tipo y el hecho de que ya hubo causas sobre los casos que eligieron. Pero está claro que lo que buscan es alimentar, como sea, una penosa campaña.