Ante la crisis financiera internacional, tanto la CGT como la CTA están reclamando al Gobierno una batería de medidas para evitar despidos y suspensiones masivas, como ya está ocurriendo en algunos sectores, como el automotriz, el de neumáticos y el frigorífico. La entidad que conduce Hugo Moyano volvió a reclamar ayer un aumento salarial mediante una suma fija de 500 pesos antes de fin de año y abogó por la implementación de una “doble o triple” indemnización en caso de despidos injustificados. Detrás de este reclamo, la CGT también está presionando al Gobierno para que tome una decisión política, luego de que la Corte Suprema abriera el juego a la libertad sindical. Por su parte, la CTA solicitó que se prohíban los despidos por seis meses y la profundización del procedimiento preventivo de crisis (como ya se aplicó en los casos de General Motors, Mercedes Benz y en Easy). El jefe de Gabinete, Sergio Massa, descartó la posibilidad de que el Ejecutivo adopte “paquetes de medidas” y aseguró que los posibles conflictos laborales se analizarán caso por caso. La UIA criticó la doble indemnización.

Dentro de la “batería de medidas” que están reclamando las centrales obreras, el menú de la CGT es el que más ruido hace en el sector empresario y dentro del propio Gobierno. Hasta hace unas semanas, Hugo Moyano había puesto en stand-by el reclamo de un aumento de 500 pesos, a pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también le había solicitado al sector empresario no despedir personal.

Pero el escenario local e internacional fue cambiando con los días. Por un lado, la crisis financiera y económica mundial se agudizó, lo que trajo aparejados despidos y suspensiones en el país; y por el otro, la Corte Suprema de Justicia arremetió contra el poder de la CGT, lo que hizo reflotar automáticamente el aumento de los 500 pesos más la doble indemnización por despidos injustificados, como una forma de presionar al Ejecutivo para que adopte una “solución política” sobre el fallo. Moyano recalcó ayer que es posible que “se elabore una ley con efecto retroactivo para evitar la especulación en los despidos”.

Desde el bloque del Frente para la Victoria interpretaron el pedido del camionero como la “necesidad de resarcirse como gremio frente a sus afiliados y no porque crea que es la medida correcta a tomar”. En este sentido, desde el bloque oficialista aseveraron a PáginaI12 que frente a esta situación de incertidumbre económica “hay que calmarse y analizar el impacto de cualquier medida que se tome, con el objetivo de seguir preservando el empleo”.

A los que no les cayó bien el reclamo de la CGT es a los empresarios de la Unión Industrial Argentina. Su titular, Juan Carlos Lascurain, advirtió ayer que la posibilidad de la doble indemnización “traería mayor incertidumbre” al empresariado, que debe tomar decisiones de inversión ante la crisis financiera mundial. “No creo que se esté en un proceso de despidos sumamente importante, más allá de lo que aconteció en algunos sectores, como el automotor”, aseguró Lascurain, quien manifestó que “lo más sensato sería tomar decisiones a medida que se vayan sucediendo los acontecimientos”. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, indicó algo similar al señalar que el Gobierno no adoptaría ningún paquete de medidas y que se dedicaría a atender caso por caso.

“Este es un tema para discutir sector por sector. Me parece bien que la CGT quiera defender a los trabajadores, pero las pymes también lo hacemos, porque son nuestro mercado interno. No hay que tomar medidas apresuradas porque eso podría traer más despidos”, reflexionó ante PáginaI12 el titular de la Central General Económica de la República Argentina, Marcelo Fernández.

La CTA tampoco se mostró a favor de la doble indemnización pero sí de exigirle al Gobierno que evite cualquier tipo de despidos por seis meses.

El titular de la central alternativa, Hugo Yasky, aseveró a PáginaI12 que a pesar de su reclamo la cartera laboral que conduce Carlos Tomada no tiene en mente prohibir los despidos por seis meses. “Las 15 principales empresas del país obtienen una renta promedio anual del 24 por ciento, y un 15 por ciento con la deducción de impuestos, es decir el doble que en otros países capitalistas. Si acumularon ganancias en todos estos años, no se les puede permitir ningún despido”, reclamó Yasky.

La CTA también le planteó al Ejecutivo la instrumentación del pago de salarios por hijo para todos los trabajadores no registrados, y un aumento en la capacidad de consumo de los sectores más pobres, “para evitar que sigan cayendo bajo la línea de pobreza”. La central de trabajadores ya tiene registrados 1500 empleados suspendidos en diferentes frigoríficos del país, la suspensión de actividades que comenzará a realizar FATE a partir de esta semana, donde hay 1400 involucrados, y más de 1000 trabajadores de la industria automotriz a los que no les renovarán sus contratos o suspenderán.

“Miles de trabajadores se verán afectados por los coletazos de la crisis. La situación tenderá a agravarse, por eso entiendo que estamos en el momento justo para que el Gobierno adopte una estrategia anticrisis y se discuta en una suerte de consejo nacional de desarrollo un mapa del riesgo laboral provincia por provincia para orientar las políticas públicas en defensa del trabajo”, concluyó Yasky.