La democracia tiene deudas con toda la sociedad y una de ellas, sin dudas, es la sanción de una nueva ley de Radiodifusión.

¿Por qué? La respuesta es sencilla. No puede estar vigente una ley que lleva las firmas de Videla y Martínez de Hoz, que se basa en la Doctrina de la Seguridad Nacional y que se hizo cuando la televisión era en blanco y negro. A 25 años de la asunción del gobierno democrático, esta ley nos llena de vergüenza.

Pero ésa no es la única explicación posible y necesaria.

Nuestra Constitución nacional garantiza en su art. 14, el derecho a expresar las ideas por la prensa sin censura previa. El problema hoy es llegar a la prensa, no en términos personales sino que todos los sectores estén medianamente reflejados.

Con la reforma de 1994 se incorporaron a la Constitución una serie de tratados y convenciones internacionales que ratificaron y profundizaron este principio de libertad de prensa y lo ampliaron al de libertad de expresión e información.

Corresponde entonces al Estado argentino dictar las normas complementarias que hagan efectivo este derecho: buscar y recibir información, con acceso igualitario.

Sucede que, en el caso de la radio y la televisión, se utilizan frecuencias radioeléctricas, que son como rutas aéreas por donde navegan los contenidos. Esas frecuencias son consideradas un bien de la humanidad que administran los Estados y, como son escasas, su administración debe ser democrática. ¿Qué significa esto? Que se deben otorgar por concurso, que se deben renovar periódicamente, que debe respetarse la propuesta cultural por la cual fueron adjudicadas, que debe cumplirse con el horario de protección al menor y que no pueden alterarse los parámetros técnicos, porque si no perjudican a terceros.

Todo esto lo contempla una ley de Radiodifusión. Pero además debe contemplar los avances tecnológicos y la posibilidad de ampliar la oferta cultural y periodística, establecer normas que permitan el ingreso de otros actores históricamente postergados, un sistema federal que estimule la producción local de contenidos, etc.

Desde 1983 se presentaron 70 proyectos de ley. Sólo uno tuvo despacho de comisión y ninguno obtuvo, en estos 25 años, media sanción de ninguna de las dos cámaras. Pudimos cambiar la Constitución, encarcelar a los genocidas, anular el indulto, pero no pudimos modificar la ley de Radiodifusión.

Sin embargo, desde 1989 la ley sufrió innumerable cantidad de cambios, casi todos por decretos de necesidad y urgencia, que permitieron iniciar un proceso de concentración que hace peligrar el derecho a la libertad de expresión.

En 1989 el gobierno de Menem, utilizando la “reforma del Estado”, permitió a través de la modificación del art. 45 el ingreso a la radiodifusión de los titulares de medios gráficos, iniciando la etapa multimediática. En 1998, se permitió y se facilitó la transferencia de paquetes accionarios a través del DNU 1062, ya que el grupo CEI-Citicorp, que impulsaba la re-reelección, comenzó la compra de varios canales de televisión. Al año siguiente se firmó el decreto 1005 que posibilitó blanquear las compras de canales y se pasó de un máximo de cuatro licencias por grupo a un total de 24.

De esta manera se consolidaba el proceso de concentración mediática que, sumada a la falta de controles adecuados por una ley inaplicable, pone en serio riesgo la pluralidad de opiniones.

Aún está vigente el art. 96 que establece que al Comfer lo gobierna un directorio formado por un presidente y seis vocales: un representante del Ejército, uno de la Marina, uno de la Fuerza Aérea y uno de los servicios de inteligencia. Todo un absurdo.

¿Cómo se garantiza la libertad de expresión? Con más voces. ¿Cómo se consolida la democracia? Con más democracia.

Es necesaria una reforma integral. La nueva ley debe ampliar fronteras, promover la diversidad, incorporar los avances tecnológicos, sumar voces y fundamentalmente garantizar derechos.

Podríamos aprovechar esta fecha y comenzar los siguientes 25 años de democracia terminando con la última ley de la dictadura.

* Ex secretario de Cultura porteño. Subsecretario general de la Presidencia.