EL PAíS › EDUARDO FREILER, PRESIDENTE DE LA CAMARA FEDERAL PORTEÑA
› Por Irina Hauser
“Aquí vive un ser alegre y divertido. Por favor no traiga malas ondas”, dice un pequeño cuadro, con un muñequito sonriente, al lado de la puerta. Del otro lado está el despacho de Eduardo Freiler, presidente de la Cámara Federal porteña. Después de trabajar medio enero, está con un pie afuera, a punto de irse de vacaciones a Necochea, su ciudad natal, donde a los 26 años, en 1989, fue secretario de Turismo del PJ y luego secretario de Gobierno. Fue fiscal en los ’90 y en 2004 llegó a camarista.
–¿Enero es el mes de las causas de drogas?
–Siempre son las mayoritarias en este fuero. Pero en verano las excarcelaciones a resolver son casi exclusivamente por drogas.
–¿Son expedientes por tenencia para consumo personal o narcotráfico?
–Son más los de tenencia simple con fines de comercialización.
–¿Hay que despenalizar la tenencia para autoconsumo?
–Es lo que vengo fallando. El Estado no puede inmiscuirse en actos íntimos, como decía la vieja doctrina de la Corte. Castigar la tenencia para consumo vulnera garantías sin lograr el objetivo de la ley de drogas de combatir el narcotráfico. Así, es inconstitucional.
–Usted pertenece al fuero que también investiga a los funcionarios. ¿Es cierto, como han dicho el fiscal Manuel Garrido y algunas ONG, que actualmente hay trabas para investigar la corrupción?
–No, hay formas de hacerlo. El funcionario judicial que ve dificultades concretas las tiene que denunciar. No lo digo sólo por Garrido, pienso también en el titular de la Asociación de Magistrados (habló presiones políticas). A veces hay sobreactuación. Larga denuncias sin precisiones no ayudan a mejorar. En años electorales el fuero federal se vuelve arena de combate de políticos que cruzan denuncias para intentar debilitarse. Frente a denunciantes que tratan de agigantar las expectativas sociales, desde la Justicia también hay que tener mesura.
–Sin embargo, es un clásico que las causas con cierto sustento que afectan al poder de turno se dilaten por años, a menos que echen a los funcionarios involucrados.
–Sí, eso se constata. Hay algo básico: los jueces y fiscales no tenemos equipos de investigación propios, dependemos de las policías o del servicio de inteligencia, que reportan al Ejecutivo. Para conseguir las pruebas hay que meterse en las estructuras de poder y eso cuesta. Pero si un juez o fiscal federal se siente presionado por investigar al gobierno de turno, le recomendaría que se cambie de fuero.
–Como sea, parece un milagro que un caso llegue a juicio oral. ¿Por qué?
–Cuando hay grandes personajes implicados, tienen grandes estudios jurídicos detrás que usan recursos para dilatar las causas hasta que la sociedad pierde interés. A eso se suma la dificultad para acceder a la prueba. Las investigaciones son largas y no siempre tenés un soborno filmado. Hay toda una ingeniería de la corrupción.
–Con el kirchnerismo, ¿avanzan menos las causas contra funcionarios?
–En estos años han avanzado más causas de lo que avanzaban con el duhaldismo, el delarruismo o el menemismo.
–¿Tuvo más presiones políticas como fiscal o ahora como camarista?
–Como camarista no tuve. Como fiscal tuve discusiones públicas con funcionarios, pero no las tomé como presiones. Me pasó con Federico Storani, incluso con (Fernando) de la Rúa. Me han denunciado, por ejemplo, cuando investigaba los sobornos en el Senado.
–¿Está de acuerdo con la excarcelación de represores por el tiempo que llevan detenidos sin juicio?
–Los delitos de lesa humanidad se deben tratar de una forma particular, sin quitarles a los implicados las garantías que ellos no dieron, y con preventivas mayores al plazo de dos años. Infelizmente tenemos experiencias como la desaparición de Julio López. Si estando detenidos pueden lograr que desaparezcan los testigos, ¿cómo suponer que no va a haber peligro de que se fuguen? O de que conspiren contra los juicios. Es una barbaridad que el Estado los deje libres mientras promueve juzgar los crímenes de lesa humanidad.
–La Corte señaló la falta de tribunales orales y problemas procesales.
–Los tribunales son pocos y hay problemas procesales, pero también están las pocas ganas que algunos actores judiciales tienen de entenderlo. Hoy, con un grado de sospecha suficiente, el que quiere puede elevar una causa a juicio sin esperar toda la prueba. Además, no todos los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público están comprometidos con el avance de estas causas. Basta mirar dónde hay avances y dónde no.
–¿Tiene amigos en la política?
–Raúl Pérez, diputado bonaerense. Considero amigos a otros que veo menos, como Miguel Bonasso. ¿Quién más?..., debo estar en baja (se ríe).
–De qué lado está: ¿Kirchner o Duhalde?
–Kirchner. Vengo del peronismo de base de La Plata. Me desafilié del partido cuando me nombraron fiscal. Ahora me identifico con el espacio de Carta Abierta. Y sigo con atención a Pino Solanas.
–¿Volvería a un cargo político?
–Difícil, salvo que sea una función que me tiente.
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