El Gobierno por ahora no planea llamar a sesiones extraordinarias al Congreso, ya que no tiene en carpeta proyectos de urgencia para tratar, según pudo averiguar Página/12. En los últimos días habían trascendido especulaciones sobre la posibilidad de que se abra esa instancia para cambiar normas de procedimiento que impidan a los jueces otorgar la libertad a 17 represores de la dictadura militar que tienen prisión preventiva. Tanto diputados como senadores del oficialismo coincidieron en comentar que no tenían ninguna noticia al respecto y que no creían que la Casa Rosada convoque a extraordinarias sin habérselos anticipado.

Cuando en diciembre la Cámara de Casación dispuso la libertad de militares acusados de crímenes de lesa humanidad que están con prisión preventiva a la espera de que se les inicie el juicio oral, surgieron versiones de que el Ejecutivo le daría más herramientas a los jueces para que no puedan excarcelarlos hasta que haya una condena firme.

“Los jueces ya tienen en sus manos esas herramientas. Que las usen o no depende de ellos. Quedó en claro que se trata de un problema que tiene que resolver el Poder Judicial, no el Legislativo”, dijo a Página/12 un importante diputado oficialista.

También en la Casa Rosada consideran que la situación de los procesos en curso comenzará a normalizarse luego de la orden que dio a los jueces la Corte Suprema de Justicia para que aceleren el comienzo de los juicios orales pendientes y de la decisión del tribunal de monitorear la marcha de esas causas.

El 18 de diciembre la Cámara de Casación había dispuesto la libertad de Alfredo Astiz y otros represores por considerar que no había argumentos para que siguieran detenidos luego de que pasaran entre siete y cinco años sin que comience el juicio.

Al día siguiente, el fiscal de la Cámara, Raúl Plee apeló la decisión con el argumento de que los camaristas habían mal interpretado las normas que regulan la aplicación de la prisión preventiva y pidió que sea la Corte la que resuelva la situación. Casación aceptó el planteo y suspendió las libertades que había concedido.

Finalmente el 29 de diciembre la Corte, en su última acordada del año, le recordó a los jueces que deben “extremar los recaudos para acelerar el trámite de las causas pendientes en forma que a la vez permita resolver la situación procesal de las personas inculpadas en un plazo razonable”. Y además creó bajo su órbita una superintendencia que tiene la potestad de monitorear causas pendientes, pedir información a los jueces y disponer medidas que eviten más dilaciones.

También la Corte invitó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a trabajar en conjunto sobre este tema. Aunque ni en el Gobierno ni en el Congreso dicen que soslayarán esa exhortación, sí queda claro que centran sus expectativas en el efecto que debería tener en los jueces la orden de la Corte.