“Para una correcta evaluación de todos estos procesos es necesario considerar que se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad”, señala una acordada del 29 de diciembre de 2008 de la Corte Suprema, sobre el estado de los procedimientos judiciales instruidos contra los responsables del genocidio.

Así como es algo sabido que en el mundo entero quedan impunes la mayor parte de los delitos de lesa humanidad, no es menos conocido que las autoridades argentinas se precian desde hace tiempo, y hacen de ello gala ante el pueblo y la comunidad internacional, de lo que el informe de la Corte, una vez más, reitera.

La acordada se emitió tras las turbulencias que produjo la postergada, por ahora, libertad provisional de algunos conocidos represores que, sin embargo, y pasando casi inadvertida, sí se hizo efectiva para otros menos notorios, aunque no menos criminales. En ella, la Corte Suprema detalla la situación en que se encuentran los distintos procesos y acuerda distintas medidas de vigilancia y ordenación. Como ya lo han manifestado distintos organismos sociales y de derechos humanos, sólo son, como las reformas procesales que se efectuaron hace pocos meses y que fueron publicitadas y celebradas con bombo y platillos por el Gobierno, un maquillaje que no evitará que sigan pendientes de resolución las cuestiones estructurales que impiden el avance adecuado de los procedimientos. No se quiere asumir la excepcionalidad de los crímenes cometidos a pesar de que, retóricamente, se afirme lo contrario. Trataré de explicarme.

Veamos primero las cifras de las investigaciones judiciales en curso. Lo ideal sería conocer el número, aunque fuera aproximado, de los culpables del genocidio, para saber cuál es la proporción de ellos que han sido sometidos a la Justicia. No será posible mientras no exista voluntad política y judicial –quedan desde luego a salvo los pocos y esforzados funcionarios políticos y judiciales que son el espejo en que muchos otros tendrían que mirarse– de abrir los archivos y profundizar las investigaciones para que se sepa cuántos militares, policías, gendarmes, prefectos, personal penitenciario, fueron los represores directos; cuántos civiles: médicos, sacerdotes, rectores de universidad, decanos de facultad, directores de colegios, jueces, fiscales, abogados, gerentes y jefes de personal de empresas, etcétera, colaboraron en los crímenes y cuántos fueron los responsables económicos coautores del exterminio.

Ante esta falencia, comparemos el número de condenados y procesados en relación con el número de víctimas. A diciembre de 2008 había en nuestro país 36 condenados y 533 procesados. Esto significa que, en relación con el número de aproximadamente 30.000 desaparecidos y asesinados, si dejamos a una lado la multitud de torturados y otras víctimas del exterminio, sólo ha sido condenado el 0,12 por ciento de represores y se encuentran procesados el 1,77 por ciento.

En otro sentido, y habiéndose instalado en el país más de 400 centros clandestinos de detención y exterminio hay, en promedio, poco más de un represor procesado por cada uno de esos centros, como si cada uno de ellos hubiera cometido en exclusiva, él sólo, todos los crímenes habidos en un centro clandestino. O, visto de otro lado, menos de dos represores procesados por cada mil víctimas.

Y esto a ocho años de que por primera vez el juez argentino Gabriel Cavallo, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –me consta que con el inestimable apoyo y asesoramiento del actual fiscal Pablo Parenti, uno de los pocos a los que antes me refería, entonces secretario de su juzgado y el igualmente secretario Hernán Folgueiro– declarara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida a la que seguirían en corto espacio de tiempo múltiples resoluciones judiciales en igual sentido, a 5 años y medio de que el Parlamento las anulara y a 3 años y medio de que la Corte Suprema ratificara estas decisiones. Si la cuestión no fuera tan seria y lacerante podríamos decir aquello de que el que no se conforma es porque no quiere.

Analicemos ahora si es justificada la autocomplacencia de la Corte Suprema.

A diciembre de 2008 en Chile había 245 condenados y 698 procesados. Lo que implica que, respecto del número aproximado de 3000 detenidos y asesinados en ese país, han sido condenados el 8,16 por ciento de represores y está procesado el 23,26 por ciento (quien desee informarse sobre el origen, evolución y estado actual de los procesos en Chile puede entrar en cualquier buscador de Internet y buscar “jueces especiales en Chile”).

No es necesario pues mirar muy lejos para descubrir el abismo existente entre la realidad y la afirmación de nuestro máximo órgano judicial.

No es que la administración de justicia chilena, tan lastrada de funcionarios, jueces y fiscales adictos a Pinochet y sus secuaces como los hay a Videla y los suyos en la Argentina, constituya un ejemplo. Valga decir que en Chile aún no se anuló la ley de amnistía, lo que posibilita que haya jueces que persisten en aplicarla o que hasta la propia Corte Suprema establezca fórmulas de prescripción parcial a crímenes que son imprescriptibles para el conjunto de la comunidad jurídica internacional o que, en muchos casos, se impongan penas ridículamente leves en relación con la gravedad de los delitos.

Se trata simple y sencillamente de que desde hace ya algunos años se han designado para el seguimiento de estas causas jueces, fiscales, asesores y personal de apoyo técnico, especializados y con plena y exclusiva dedicación. Se consiguió con ello que los procesos que estaban estancados y dispersos en distintos juzgados y tribunales se concentraran en los designados para esta tarea y avanzaran meteóricamente en pocos años. Lo cual no evita, por supuesto, que los afectados y sus defensores denuncien la situación como una violación del principio del juez natural (principio que garantiza que un presunto delincuente debe ser juzgado por un tribunal constituido con anterioridad al hecho delictivo), como si éste impidiera que el juzgamiento de delitos complejos o crímenes internacionales aberrantes, como en este caso, no necesitara que la natural jurisdicción penal civil, a la que corresponde conocer de los mismos, sea estructurada con operadores jurídicos especializados y determinados a hacer justicia, creándose nuevos tribunales si es preciso.

En un artículo, publicado en Página/12 en junio de 2008, señalé que las designaciones de estos órganos y funcionarios han sido producto de una exigencia permanente, renovada cada vez que se ha pretendido poner fin a su actuación, de los organismos sociales y de derechos humanos chilenos con el apoyo de las principales organizaciones internacionales en la materia, incluida la Comisión Internacional de Juristas. Las cifras –actualizadas en éste– no sólo corroboran sino que acreditan la profundización de la tendencia. No deja de llamar la atención que sólo algunos organismos argentinos sostengan con contundencia esta elemental reivindicación, cuando es una parte sustancial de la solución.

Hace ya algunos años, asistí a una disertación pública en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Uno de los conferenciantes era un ilustre jurista argentino, que ocupa un lugar destacado en nuestro Poder Judicial y que, cómo no, señalaba deficiencias pero ponía por delante todo lo que se había avanzado. Alguien, desde el público, cuestionó su optimismo planteando las cuestiones que son motivo de este artículo, entre otras referidas a lo que ya se anunciaba como una frustración a las expectativas despertadas inicialmente. Al terminar el evento, a la hora de los saludos personales y antes de tenderle su mano, con afecto, pero con inocultable disgusto, el jurista fulminó al cuestionador: “Vos siempre rompiendo las pelotas”.

En mayo de 2008, en una reunión celebrada en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) con representantes de los organismos que integran el espacio “Justicia Ya” para debatir sobre estas temas, Carlos Lordkipanidse, ex detenido-desaparecido, que tanto ha hecho por la justicia, denunciando una y otra vez a los criminales de la ESMA, me dijo: “¿Sabés, Carli (así me llaman mis amigos)? Lo que siento es que nos están entreteniendo.”

Aunque a muchos les disguste, no hay alternativa. Mientras nos sigan entreteniendo, habrá que seguir rompiendo las pelotas.