El gobierno de los Estados Unidos no cuestiona la ley de repatriación de capitales dispuesta por la Argentina, según se desprende del nuevo Informe Internacional Sobre la Estrategia de Control de Narcóticos, difundido ayer por el Departamento de Estado. En el informe se especifica que “las normas reglamentarias para la implementación de la ley” promulgada por Argentina “estarán sujetas a las leyes, disposiciones y normas relacionadas con la prevención de delitos financieros”.

El nuevo capítulo del informe fue distribuido anoche junto a un comunicado de la Embajada de Estados Unidos que dice que el Departamento de Estado “ha completado la actualización que acompaña al texto” del nuevo trabajo y aclara que el informe que circuló días atrás “sólo cubre hechos ocurridos durante el año 2008”, por lo que “no anticipa las especificaciones de las reglamentaciones de implementación o lo conversado en el GAFI el mes pasado en París”.

El origen de la controversia fue que el primer informe “estaba basado en datos recogidos hasta comienzos de diciembre de 2008”, según se apresuró a aclarar la propia Embajada de Estados Unidos, por lo que las advertencias que en él aparecen “habían quedado desactualizadas”.

El comunicado de la embajada fue interpretado como una nueva muestra de la voluntad de la administración de Barack Obama de encarrilar la relación con la Argentina. Ya había dado muestras de eso la semana pasada, luego de la queja del canciller Jorge Taiana por unas declaraciones del nuevo jefe de la CIA, Leon Panetta, quien colocó a la Argentina entre los países cuya estabilidad corría riesgo por la crisis económica mundial. En un gesto inusual, Panetta llamó luego al embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para disculparse y pedirle que le transmita el mensaje a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Argentina tiene una larga historia de fuga de capitales y de evasión impositiva, y los argentinos tienen miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal. Gran parte de estos fondos fueron legítimamente obtenidos pero que no pagaron los correspondientes impuestos”, comienza el nuevo informe elaborado por el Departamento de Estado.

Luego, agrega que “para combatir la fuga de capitales y alentar la repatriación de estos miles de millones no declarados, el 18 de diciembre de 2008, el Congreso argentino aprobó una moratoria impositiva y una ley de repatriación de capitales que permitiría una amnistía impositiva para las personas que repatríen activos no declarados durante un período de seis meses”. Concluye que “las normas reglamentarias para la implementación de la ley se promulgarán en febrero de 2009 y aclararán que las operaciones alcanzadas por esta ley estarán sujetas a las leyes, disposiciones y normas relacionadas con la prevención de delitos financieros, y asimismo incluirán presuntamente la exigencia de que las transferencias desde el extranjero se originen en países que cumplen con las normas internacionales de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo”.