La firma que la Federación Agraria le estampó a la solicitada del sábado último, junto a todo el arco de entidades patronales ligadas al negocio de las cerealeras, estuvo a punto de provocar un cisma interno en la organización. Enfrentada a la propuesta de un ente público que actuara como regulador y “testigo” del mercado de granos, el tono de repudio de la solicitada a la intervención oficial en dicho negocio provocó reacciones en dirigentes del interior de la entidad que no comulgan con las ideas “propias de una derecha conservadora y dependiente” que expresa su texto, según lo calificaron ante este diario. En las negociaciones que se reinician hoy, Eduardo Buzzi se verá enfrentado a la alternativa de mantener la forzada unidad de acción de la Mesa de Enlace o responder a las demandas históricas que expresan sus filiales del interior, si es que la propuesta del ente de comercialización de granos se pone a debate. Si la alternativa elegida es la primera, parte de la representación del interior amenaza con una fractura.

Para las dirigencias de la Sociedad Rural y de Confederaciones Rurales Argentinas no hay contradicción interna en rechazar cualquier medida que implique regulación del Estado. Repudian cualquier tipo de control que signifique restringir el libre juego de la ley de la selva del mercado y sólo resignarían parte de esa resistencia ante alguna conveniencia coyuntural en ceder. Frente a la propuesta de un ente oficial regulador, el rechazo tendría como único costo el deslegitimar su renovado discurso que pretende hablar en nombre de los pequeños productores o de los que trabajan la tierra en áreas marginales.

El impacto de un debate similar en Coninagro es una incógnita, dada su base fuertemente diezmada en los últimos años y una estructura con escasa capacidad de llegada a la vastedad del territorio nacional. Pero no será su opinión, en un sentido o en otro, lo que defina la suerte de la Mesa de Enlace.

En la Federación Agraria se refleja el debate más interesante, desde el punto de vista político e ideológico. Por reivindicación histórica, los proyectos de creación de un ente oficial de comercialización de granos de Alberto Cantero (FpV, Córdoba) y Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad, SI, Buenos Aires) expresan casi como un espejo la demanda de la entidad, al menos la que sostenía y defendía antes de la extraña (aunque coyuntural, según definen sus dirigentes) unidad con la Mesa. El proyecto que viene delineando el Gobierno recoge y refleja aquellas dos propuestas. ¿Podría la FAA negarse en forma tajante a discutirlo, tal como harían SRA o CRA? Algunos allegados a la entidad, incluso con representación interna, rechazan esa posibilidad, pese a la adhesión de la entidad a la solicitada del sábado último. La entidad que lidera Eduardo Buzzi enfrenta esa encrucijada, desde lo ideológico y lo político.

Desde lo ideológico, casi no hay lugar para matices. De un lado, el espíritu de la solicitada, firmada por entidades patronales del agro, bolsas de comercio (sin la de Buenos Aires) y de cereales, corredores y consignatarios, dueños de puertos privados, fabricantes de maquinaria agrícola, aceiteros y productores avícolas, pero no los molineros, tamberos ni la industria láctea, como las ausencias más notables. El texto “rechaza enfáticamente” la intervención estatal en el negocio de los granos, cuyo impacto, anticipa, será “una grave disminución de la producción (...) y paralizará la comercialización”. Pondrá “a la sociedad al borde de otro conflicto, innecesario y de consecuencias imprevisibles”, agrega en tono catastrófico, casi evocando otro marzo, pero de 33 años atrás. Y todo a partir de “trascendidos”, “comentarios y rumores”, según admite la misma solicitada. En política internacional, es lo que, aplicado a la política de las potencias dominantes e invasoras, se denomina la teoría de la guerra preventiva: atacar antes de que el rival lo haga, porque se presupone que alguna vez lo hará. En este caso, el rival es el Estado, y su ataque sería intervenir en el comercio de granos, “estatizando” lo que hoy manejan cinco cereales multinacionales.

Del otro lado está el proyecto de crear un ente nacional “testigo” en el mercado, arbitrando precios y distribución de las disponibilidades de granos. Tan “estatizante” como el que aplican Australia o Canadá, y con un grado de intervención muy inferior al de la Unión Europea o Estados Unidos, donde hasta la distribución de las áreas a sembrar por cultivo es monitoreada y controlada por el Estado. No debería extrañar que alguno de los mediáticos dirigentes rurales de estos tiempos calificara a todos esos países de “comunistas”.

Desde lo político, pueden pesar otras evaluaciones. A Eduardo Buzzi le fue relativamente bien, hasta ahora, en jugar a ser el vocero de una Mesa de Enlace heterogénea pero con un firme objetivo común: torcerle el brazo al Gobierno. Ello lo ha convertido en el dirigente con más exposición pública y el más aplaudido en los actos en el interior. También, desde otra parte del arco político, incluso entre ex compañeros de lucha, es el más repudiado. Su figura asciende, pero por un camino de cornisa, jugado al límite.

Pero hay dos elementos que han modificado sustancialmente el escenario. Uno hace a la relación interna dentro de la Mesa: las negociaciones paralelas de Hugo Biolcati, titular de SRA, con el Gobierno. Sin que nadie lo diga en público, la “no condena” a Biolcati supone que todos quedaron habilitados a hacer lo mismo, si lo consideran conveniente. La otra novedad es –ya lo es, por la sola puesta en debate– la propuesta de un ente oficial de comercialización. Por el espíritu del proyecto, Federación Agraria debería ser la más tentada a cruzar el puente y sentarse a discutirlo. Así lo entienden algunos de sus dirigentes de segunda línea. Pero si la entidad, o su cabeza, decide quedarse arrojando misiles desde la otra orilla, junto a las otras entidades de la Mesa, el costo sería la fractura interna. Si Buzzi no lo hace, otros cruzarán por él. El camino de cornisa se le puede haber hecho más angosto.