El reiterado reclamo de Cristina Fernández de Kirchner a la Justicia para que acelere las causas por delitos de lesa humanidad tuvo ayer una respuesta frontal de la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay:

- “(La Presidenta) Dice que el Ejecutivo y el Legislativo ya hicieron todo y que ahora es la hora de la Justicia. Esto no es cierto”.

- “El Ejecutivo y el Legislativo nos recortaron el presupuesto y ahora les tuvimos que pedir que si quieren que aceleremos los juicios, primero nómbrennos los jueces.”

- “Todos los años mandamos el presupuesto del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura y todos los años el Ministerio de Economía, que es el Ejecutivo, y el Legislativo después lo recortan.”

El domingo, al inaugurar la Asamblea Legislativa la Presidenta exhortó a la Justicia a que haga su tarea, puesto que el Ejecutivo y el Congreso ya habían hecho lo necesario para que se juzgue a los responsables del terrorismo de Estado. Las declaraciones de Argibay ayer en Mendoza están en línea con dos decisiones que vienen madurando los supremos desde la semana pasada: pedir que se habilite la redistribución de jueces para que se hagan cargo de causas por violaciones a los derechos humanos y formar una comisión tripartita con los otros dos poderes del Estado para encontrar caminos que permitan acortar los tiempos. “La Corte sola no puede”, es el argumento reiterado en el edificio de Talcahuano.

“Si quieren que aceleremos los juicios, primero que nombren los jueces que no tenemos”, dijo Argibay, un proceso en el que interviene el Consejo de la Magistratura. En los tribunales repiten que uno de los motivos de las demoras es que hay muchos juzgados vacantes o a cargo de subrogantes que se declaran incompetentes y se entra en una cadena en la que las causas se eternizan. “Ellos creen que con haber puesto por delante la intención de hacer los juicios y derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ya estaban hechos. No es cierto. Todavía falta mucho y hay que hacer muchas cosas. Las investigaciones no son fáciles y ha pasado mucho tiempo”, planteó en alusión al Ejecutivo. En tribunales señalan que hay 800 causas en trámite y sólo 33 fueron elevadas a juicio.

A pesar de la defensa cerrada del Poder Judicial, Argibay admitió que “no es sólo una cuestión de dinero. Reconozco que hay culpa de muchos jueces. Aquí ninguno es un santo, ninguno está libre de culpa ni puede tirar la primera piedra”. La ministra participó en Mendoza de una conferencia sobre “Capacitación e independencia judicial” en el salón de actos de la Suprema Corte de Justicia. La acompañaron el titular del cuerpo, Jorge Nanclares, y el gobernador Celso Jaque, entre otros funcionarios.

El ex presidente Néstor Kirchner había criticado sin medias tintas hace un par de años a la Cámara de Casación. El tribunal, presidido entonces por Alfredo Bisordi, se había transformado en un embudo donde quedaban paralizadas las causas. Kirchner acusó a Bisordi de obstaculizar los procesos por su coincidencia ideológica con la dictadura. Bisordi terminó renunciando antes de que avanzara el juicio político en su contra y este año asumió la defensa personal de represores. Las antiguas lealtades de la corporación judicial con la dictadura son uno de los motivos no explicitados de las dilaciones.