La demora en los juicios por violaciones a los derechos humanos volvió a enfrentar al Gobierno con la Corte Suprema. La discusión sobre la lentitud de los procesos contra los represores –un debate que pasó a estar centrado ahora en las trabas que pone un sector del Poder Judicial para llevar a los acusados a juicio– tuvo ayer un nuevo capítulo, cuando otro ministro de la Corte, Carlos Fayt, se cruzó por el tema con Cristina Kirchner. La polémica empezó cuando Fayt, al llegar al Palacio de Tribunales, declaró a los movileros que hacían guardia en las escalinatas que el problema se debía a que “no hay jueces ni infraestructura”. El ministro respaldó así el planteo que había hecho el día anterior su colega Carmen Argibay, pero desde la residencia de Olivos, Cristina Kirchner calificó de “inexacta” esta argumentación e insistió en reclamar a la Corte “que cumpla con su rol”. La Presidenta se quejó de que “las causas de lesa humanidad estén demoradas por las constantes dilaciones de los jueces en tomar resoluciones” y extendió las críticas al estado general de la Justicia. Ministros y legisladores del oficialismo se sumaron al cuestionamiento del Poder Judicial (ver aparte).

Según los datos de los organismos de derechos humanos, los tribunales tienen en trámite unas 500 causas por hechos de terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura, con cerca de mil represores imputados. Pese a la vasta cantidad de causas abiertas tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, sólo se dictaron hasta ahora poco más de treinta sentencias.

Consultados por un mayor detalle, en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) señalaron que actualmente existen 1039 implicados en los juicios, de los cuales sólo 40 fueron juzgados y 38 condenados. Las causas con movimiento se estiman, según sus registros, en unas 200, pero sólo el 17 por ciento fue elevado a juicio oral y todavía no tienen fecha de debate asignada. Como la mayoría de los represores son septuagenarios, de seguir a este paso difícilmente lleguen a ser sentados en la sala de audiencias; de hecho 193 de ellos ya murieron, sin haber sido llevados a juicio.

El riesgo de que los hechos de la dictadura quedaran en la impunidad venía siendo, con todo, una sensación atenuada, en parte porque un número de los procesados habían sido encarcelados. En diciembre, sin embargo, la Cámara de Casación Penal sacó varios fallos para excarcelar a represores que habían superado los tres años de prisión preventiva sin sentencia. Apoyándose en la demora de los juicios, la Cámara ordenó la libertad de Alfredo Astiz, de Jorge “Tigre” Acosta y de otra veintena de acusados por delitos de lesa humanidad. Las excarcelaciones no se concretaron por una apelación de los fiscales, que suspendió transitoriamente la puesta en libertad hasta que la Corte resuelva cuál debe ser el criterio. De todas formas, los fallos de Casación abrieron una puerta a que otros represores pidieran su excarcelación. Y de hecho, advierten en los organismos, las está habiendo en todo el país. El cóctel de lentitud en los procesos, edad avanzada de los acusados y la clara voluntad de algunos jueces de que los represores esperen el juicio oral en libertad atemperan la fuerza del proceso que se inició con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final.

La pelea de la Casa Rosada con la Corte se activó el domingo, cuando en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso la Presidenta sostuvo que era la hora de actuar de la Justicia, porque el Poder Ejecutivo ya había dotado de recursos a los tribunales y el Parlamento había aprobado leyes para acelerar los juicios. “Es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo”, fue la definición de Cristina. Desde la Corte, Argibay le respondió con su estilo frontal: “Yo le diría a la señora presidenta que no es cierto que los poderes Legislativo y Ejecutivo han hecho todo y ahora es la hora de la Justicia. El Legislativo y el Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos”.

Y ésta fue la línea que siguió ayer su par Carlos Fayt: “No hay jueces, falta infraestructura, no hay locales, nosotros tenemos ese enorme problema”, respaldó. “Incluso la Corte Internacional ha señalado con seriedad y responsabilidad el cuadro de situación que corresponde a los poderes políticos solucionar”.

Poco después, la Presidenta saldría a refutarlos. Tras calificar de “inexacta” la escasa designación de jueces y la falta de recursos, la mandataria reclamó “una Justicia que sea más eficaz, que tenga mayor celeridad”.

Al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, le tocó mostrar números. Fernández aseguró que el año pasado se designaron 137 jueces, contra 29 en el 2007, y sostuvo que “hay más de 600 millones de pesos en poder de la Corte Suprema para realizar construcciones y las obras necesarias, fondos que ya los tienen en su poder y deben ser puestos en funcionamiento según sus decisiones y las del Consejo de la Magistratura. No es una posición que tengamos que ver ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo”.

Otra de las espadas del kirchnerismo, Carlos Kunkel, acusó a la Justicia federal, encargada de estos procesos, de escudarse en la falta de recursos cuando no utiliza el presupuesto que tiene asignado. Según el diputado, “en este momento, y provenientes de partidas no ejecutadas en años anteriores, el Poder Judicial Federal tiene depositados en plazos fijos alrededor de 860 millones de pesos, y en diversas cuentas bancarias, alrededor de 400 millones, totalizando más de 1250 millones de pesos no utilizados en ejercicios anteriores”.

El Gobierno avanzó, por otra parte, en una lectura política sobre el empantanamiento de los juicios a los represores: Aníbal Fernández señaló que en los últimos meses “hemos visto fallos que tienen un neto corte conservador y que no beneficiaron a los vulnerables sino a los represores”, y se quejó de que haya “jueces que han permitido chicanear, recusar e interponer nulidades en forma infundada, lo que hizo a los juicios de chicle, interminables, y que se pasaran los plazos procesales y por vencimiento de éstos les permitieran la libertad a los acusados”. El ejemplo de las excarcelaciones ordenadas por la Cámara de Casación es Astiz: fue el elegido por la Presidenta para ilustrarlo. “Llegamos a disparates de jueces que intentaron dejar en libertad al capitán (Alfredo) Astiz”, planteó como cierre de las críticas, para pedir a la Corte que actúe con su poder “de superintendencia” e “intime” a los jueces a cumplir con los plazos.