Si hay una causa por delitos de lesa humanidad emblemática del retraso, la complicidad y la desidia del sistema judicial es el proceso contra el ex juez federal Víctor Brusa y siete represores del circuito santafesino. Destituido en 2000 por el incidente en la laguna Setúbal, cuando atropelló con su lancha a un nadador y huyó, Brusa está preso desde 2005 acusado del secuestro, tortura y desaparición de Alicia López, José Schulman y otros militantes políticos. El expediente está lleno de omisiones, trampas y casualidades: magistrados que se “olvidan” de una desaparecida, funcionarios que llegan tarde a los plazos procesales, jueces que no son jueces. Desde hace un año el Tribunal Oral designado para enjuiciarlo demora el inicio de las audiencias con argumentos incomprensibles. “Es un caso absurdo y grotesco, uno de los represores ya falleció, a un año y dos meses de que el tribunal dijera que estaba todo listo el salón del juicio sigue vacío”, dice con amargura Schulman, quien denunció públicamente a Brusa en 1992, luego de que Rosario/12 revelara que el ex magistrado había presenciado torturas durante la dictadura.

Cuando se hacía pasar por secretario federal, no imaginaba que sería el primer juez removido por el flamante Consejo de la Magistratura. Desde aquellos años ’70 en que visitaba a los detenidos en la comisaría 4ª, Víctor Hermes Brusa fue acumulando poder por la evidente razón de ser el único magistrado federal, con competencia electoral, en Santa Fe.

Días atrás, cuando Schulman estuvo en la Corte y en el Consejo, junto a los organismos de derechos por la aceleración de los juicios a los represores, se presentó como víctima de Brusa. “Les dije que la complicidad del sistema judicial para mí no es algo de seminario, es algo concreto en mi vida”, refirió en diálogo con Página/12.

Vidas cruzadas

En el dispositivo represivo, que se constituyó en Santa Fe a partir de 1976, la mayoría de los presos pasaban por la seccional 4ª y luego de ser torturados eran visitados por un empleado judicial que se llamaba Víctor Hermes Brusa. “A todos les decía que debían firmar las actas de los torturadores, que eso era materia jurídica, que si no firmaban, volverían a ser torturados, y eso hizo conmigo”, cuenta Schulman. El joven Brusa, que había sido back de rugby en el equipo del Jockey Club, tomó como mentor al juez federal Fernando Mántaras, ya fallecido. “Mántaras era presidente de la Faeda (Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas) y fue mi profesor de instrucción cívica. Cuando sabía que iba a tocar algún tema social directamente faltaba a clases, por el pánico que le tenía”, recuerda Schulman, miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Al tiempo del golpe del ’76, Brusa se jactaba de ser secretario de Mántaras, aunque luego llegó a serlo.

Schulman cayó dos veces, en octubre de 1976 y en noviembre de 1977. Durante su primer secuestro conoció a Alicia López. “La primera vez veo a una compañera con la que conversamos, celda a celda, y me angustié porque se caía, comía tan poco. Nunca más apareció. Quien era comisario en ese momento, Mario Fasino, llegó a ser intendente de Rincón, y el secretario del juez llegó a juez”, dice Schulman, ex militante de la Juventud Comunista. En la comisaría 4ª lo había recibido un compañero de la Juventud Guevarista, el “Mono” Rubén Maulín, luego fue trasladado a la cárcel de Coronda y lo liberaron en Semana Santa de 1977. En noviembre del mismo año lo volvieron a secuestrar. “Estaba en un bar donde me iba a reunir con un compañero, me doy cuenta que llega el grupo de torturadores del ’76, entonces sigo y no miro al compañero, la banda me sigue, trato de escaparme pero no lo logro. Me torturan y me hacen simulacro de fusilamiento, y Brusa hace la misma jugada. Y lo tiran en la tumba (celda pequeña) al lado mío a Maulín, que justo ese día declaraba ante la Justicia. A él también lo habían torturado, por eso le dije que lo denunciara ante la Justicia. Y él me contestó ‘boludo, si en la tortura está el secretario del juez’”, recuerda Schulman. Sin embargo, cuando lo largaron sus compañeros lo convencieron de que él sí hiciera la denuncia. “Tenía señales muy grandes de la tortura, y aunque suponía que no iba a prosperar me dan turno con el médico forense que las constata y emite un certificado. Me habían golpeado tanto que casi me revientan el hígado, pero me salvé por gordo y porque al día siguiente detuvieron a los torturadores, que habían robado a un milico en un hotel alojamiento”, dice y la sonrisa por la casualidad se impone al dolor.

Sobrevivir y contarlo

Según el relato de Schulman, dos de sus compañeros de cautiverio denunciaron a Brusa ante la Conadep, pero eso no impidió que en 1992 lo designaran juez federal, por iniciativa de Carlos Reutemann. La publicación de Rosario/12 de sus antecedentes vinculados a la represión, además de la denuncia pública de Schulman, provocaron revuelo pero no el suficiente como para frenar el nombramiento.

En 1998 Patricia Isasa, que había estado detenida con la esposa de Schulman, viajó a España y declaró ante el juez Baltasar Garzón acusando a Brusa y al grupo de tareas que durante la dictadura se hacía llamar “la patota”: Eduardo Ramos, Juan Perizzoti, Héctor Colombini, Mario Fasino, María Eva Aebi, Domingo Marcellini y Nicolás Correa.

Ese poder del que Brusa supo disfrutar, su sitio en la platea de Colón y su alta exposición pública, tanto diurna como nocturna, comenzaron a esfumarse con las denuncias. “Brusa se empieza a debilitar luego de que atropella al aprendiz de guardavidas Miguel Pedernera en la laguna Setúbal. El chico se salvó y lo denunció”, relata Schulman, y describe otra de las casualidades de su historia. “El diputado Alfredo Bravo había hecho una denuncia contra Brusa por violaciones a los derechos humanos, esas que dicen que son testimoniales y van al cajón. Pero el flamante Consejo tenía que tomar como primer banco de datos las denuncias que tuviera el Congreso”, dice el sobreviviente. Cuando declaró como testigo en el Consejo le dijeron que con un solo testimonio el caso se cerraba. Para evitarlo, Schulman y Adriana Calvo (de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos) los insultaron y les dijeron que tenían 15 testigos más. “Trabajamos toda la noche, encontramos 14, entre ellos Maulín”, recuerda.

Los testigos habían relatado que Brusa los intimidaba durante los interrogatorios haciendo tomas de karate, que los amenazaba para que reconocieran las declaraciones obtenidas bajo su tortura. Finalmente, en 2000 fue destituido pero por el episodio de la laguna Setúbal. Schulman sostiene que el ex presidente del Consejo y de la Corte, Eduardo Moliné O’Connor, negoció con el Jury de Enjuiciamiento que fueran dejadas de lado las acusaciones por los delitos de lesa humanidad.

Era el comienzo del fin. En septiembre de 2001 el juez Garzón pidió su extradición por genocidio y torturas. Tras diez díaz prófugo fue detenido, pero lo liberaron a las 72 horas, luego de que el ex presidente Fernando de la Rúa negara la extradición. “Ahí caí en una depresión, no lo podía creer, pero el abogado Carlos Zamorano encontró un resquicio en el tratado de extradición, que si un país la rechaza está obligado a juzgar esos delitos en su territorio”, dice. Fue así que el entonces fiscal Eduardo Freiler inició una nueva causa, que en mayo de 2002 llegó a la Justicia santafesina. Los 14 testigos volvieron a declarar, pero el juez Reynaldo Rodríguez tardó tres años en llamar a Brusa a indagatoria. En 2005 el ex magistrado quedó detenido en el Cuartel de Bomberos, en la plaza central de Santa Fe. En enero de 2006 la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento pero anuló la parte en que Brusa era inculpado por haber integrado una asociación ilícita. Cuando el juez Rodríguez se disponía a indagarlos por ese delito fue recusado por la imputada Aebi. Y así se desata una nueva comedia trágica de enredos judiciales que perdura. “Fue un episodio circense, uno a uno los conjueces se fueron excusando, de la lista de abogados sorteados todos dijeron ser amigos de Brusa, salvo uno que dijo ser admirador de (Jorge Rafael) Videla, y lo recusamos nosotros”, recuerda Schulman. Además, el caso Brusa nunca tuvo un fiscal sino un fiscal ad hoc. “Me llamó el fiscal Alejandro Luengo y me dijo que había tratado de hacer lo mejor, que nuestras denuncias eran reales, pero que sus parientes trabajaban en el Poder Judicial... que no aguantaba más, que renunciaba. Y así asumió un empleado judicial como fiscal ad hoc, que hizo un esfuerzo enorme y se estudió todo. Parece una película grotesca”, describe Schulman.

Y la película sigue. A fines de 2007, Rodríguez fue apartado por la Cámara y empezó otra vez el ballet de las renuncias. Por presión del Colegio de Abogados tomó el caso un tribunal oral armado con jueces subrogantes, pero dejó afuera a la única víctima desaparecida y al delito de asociación ilícita. Cuando Schulman le preguntó a Rodríguez por qué había sacado a Alicia López, el juez le contestó: “Porque me olvidé”. En enero de 2008 el Tribunal Oral se dispuso a armar el juicio en el auditorio de la Universidad del Litoral. ¿Qué pasó desde entonces? Por un lado, la representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos, Ana María Figueroa, no respondió en tiempo y forma el auto de elevación a juicio. Y como si todo esto no fuera suficiente para colmar cualquier paciencia, los jueces subrogantes ahora aducen que podrían no tener legitimidad para iniciar un juicio, dado que no cumplirían los requisitos de la nueva ley de vacantes judiciales. Mientras tanto, Brusa, que a sus sesenta y un años pasa sus días en la cárcel de Las Flores, estuvo a punto de ser liberado dos veces.