Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe presentarán un reclamo judicial contra los bancos extranjeros que financiaron a la dictadura militar que secuestró e hizo desaparecer a sus padres, en 1976 y 1977 en la ciudad de La Plata. Un estudio porteño de abogados, con apoyo de expertos de la Universidad de Nueva York, invocará normas y antecedentes internacionales y norteamericanos, como la jurisprudencia del Tribunal de Nuremberg, que condenó a empresarios alemanes que vendieron el gas letal usado en el campo de concentración de Auschwitz, emplearon mano de obra esclava y donaron dinero a las SS, y la Convención contra el Genocidio, que contempla sanciones no sólo a los perpetradores sino también a sus cómplices. “Quiero saber quién le daba plata a la Junta Militar que gobernaba un país quebrado pero podía pagarle el sueldo a los asesinos de mi padres y comprar las máquinas para torturarlos”, explica María Elena Perdighe, de asombroso parecido con su madre, según afirman quienes la conocieron.

Complicidad corporativa

Según el tribunal de Nuremberg el responsable de un plan criminal necesita para ejecutarlo “la cooperación de políticos, militares, diplomáticos y empresarios. No puede considerárselos inocentes si sabían lo que estaban haciendo”. Los bancos que otorgaron créditos a la dictadura argentina deberían reparar los daños personales sufridos dada su “responsabilidad por complicidad corporativa”. Una fuente valiosa de información sobre el tema fue una investigación académica en curso de la directora del Programa de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Veerle Opgenhaffen, y del jurista argentino Juan Pablo Bohoslavsky, Hauser Fellow de la misma universidad, donde será presentada el 14 de abril. El estudio consigna que en 1976 la deuda pública externa de la Argentina era de 6.648 millones de dólares y en 1983 llegó a 31.709 millones. Las dos terceras partes (20.658,7 millones) correspondían a créditos bancarios, sin contar otros 5.441 millones en bonos, que presumiblemente también estaban en poder de los bancos. A mediados de la década de 1970 los bancos internacionales habían acumulado una enorme masa de petrodólares y presionaron a países de dudosa capacidad económica para que tomaran créditos, que en muchos casos usaron para reprimir a sus pueblos, como en el caso argentino. La caída de la demanda interna y de la actividad industrial provocados por la política de la dictadura militar hizo que el nivel de actividad de 1982 fuera 1,3 por ciento menor que en 1975. Entre 1976 y 1980 el déficit fiscal fue del 7,4 por ciento del PIB y entre 1981 y 1983 del 14,6 por ciento. Con el enfoque monetarista de aquellos años y la tablita de Martínez de Hoz, los ingresos públicos fueron menores que los gastos, como se ve en el cuadro, expresado en millones de dólares:

	Ingresos	Gastos
1975	4.587.700	7.418.788
1976	8.242.294	11.682.397
1977	16.400.397	18.731.123
1978	23.872.867	28.081.505
1979	35.570.706	42.942.564
1980	54.912.860	67.260.035
1981	31.288.550	43.947.663
1982	13.361.217	19.666.174

Sin embargo, el presupuesto militar creció a más del doble entre 1975 y 1983, tanto en términos absolutos (de 1278 a 2500 millones de dólares), como en porcentaje del Producto Interno Bruto (de 2,04 a 4,39 por ciento). Cuando los bancos exigieron el repago, comenzaron la crisis de la deuda y una fuerte recesión, que a su vez precipitó la transición democrática. El trabajo de los académicos reproduce una afirmación del Congreso estadounidense al analizar el rol del banco Riggs en relación con la dictadura chilena de Pinochet: “El financiamiento es la clave del terrorismo, la corrupción y otros actos delictivos”. Como reconocieron dirigentes blancos sudafricanos que durante décadas resistieron el boicot comercial: la clave es el financiamiento externo, sin el cual el aparato estatal se hubiera paralizado, incluyendo la represión.

Dolo eventual

Los artículos publicados en la prensa internacional, los informes públicos del gobierno de Estados Unidos y de los organismos de derechos humanos no dejaban dudas sobre la gravedad de la situación en la Argentina dictatorial, por lo cual los bancos no pueden alegar ignorancia acerca de los crímenes de lesa humanidad que contribuían a financiar. Lo más significativo fue la negativa del gobierno del presidente norteamericano James Carter a suministrar ayuda militar y financiera a la Argentina, debido a las violaciones a los derechos humanos y a las normas fundamentales del Derecho Internacional y su voto en contra de los créditos multilaterales solicitados por la dictadura al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. En marzo de 1977 el gobierno explicó esta política en el Congreso: Estados Unidos debía usar su voz y su voto en todos los bancos de desarrollo de los que formaba parte para defender los derechos humanos, dijo la subsecretaria de derechos humanos, Patricia Derian. Como consecuencia, en 1978 también la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), decidió no asegurar a empresas que quisieran invertir en la Argentina, debido a las serias violaciones a los derechos humanos. La Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación no incluyó a las empresas privadas que sostuvieron al criminal régimen del apartheid. Pero hay casos recientes tramitados en tribunales de los Estados Unidos que desarrollan ese concepto de la responsabilidad corporativa. Esos procesos fueron presentados contra

- la empresa bananera Chiquita, que contrató paramilitares colombianos para limpiar de sindicalistas sus plantaciones; bancos y empresas de distintos países que ayudaron a la Alemania nazi a prolongar la guerra por lo menos un año más, no devolvieron los depósitos a las víctimas o usaron mano de obra esclava;

- el banco Paris Paribas por haber entregado fondos al régimen de Saddam Hussein en violación del programa de Naciones Unidas Petróleo por Alimentos;

- Yahoo, por entregar información y archivos al gobierno chino que le permitieron identificar y torturar a un activista por los derechos humanos;

- Nestlé, por comprar cacao a plantaciones que usan mano de obra infantil;

- Unocal, por participar en el tendido de un oleoducto y contratar a fuerzas de seguridad responsables de trabajo forzoso, asesinatos y violaciones en Burma;

- el banco Barclays y otras compañías multinacionales que proveyeron de créditos, transporte y otros servicios esenciales para la implementación del apartheid en Sudáfrica.

Un precedente

Los mecanismos de justicia transicional tardaron en tomar en cuenta los factores económicos que permiten a un régimen reprimir a su población, como se aprecia en el “limitado alcance del informe de la CONADEP y en los mandatos de casi todas las comisiones de la verdad posteriores. El hecho de que en este momento se desenvuelvan juicios por aquellos crímenes ofrece una oportunidad única para que la Argentina establezca un precedente, demostrando la necesidad de considerar las complicidades civiles para determinar la verdad sobre el funcionamiento de un régimen determinado”, dice el trabajo de Opgenhaffen y Bohoslavsky. En la Argentina se compensaron los indultos de 1989 y 1990 con el dictado de varias leyes que establecieron el pago de reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado y sus herederos, por un monto de unos 225.000 dólares por caso. Otro trabajo académico, realizado en 2005 por Christina Marie Wilson en la Facultad de Derecho de la Universidad Jesuita Fordham, también de Nueva York, analiza el destino de esas reparaciones en el caos económico que vivió la Argentina. El pago prometido se demoró y en 1997 se dispuso por decreto que las indemnizaciones se cancelaran con Bonos de Consolidación de Deuda Pública. En 2002 se pesificó su importe. Los bonos que se emitieron a cambio entraron en el proceso de renegociación de la deuda externa, en el que como los demás bonos sufrieron una quita de dos tercios de su valor. El trato que recibieron fue el mismo que el de los demás tenedores de bonos argentinos, pese a que en este caso no se trataba de inversores que corrieron un riesgo, sino de víctimas de la dictadura que recibieron esos bonos porque el Estado no pudo o no quiso pagarles en efectivo. Pero estas reparaciones, cuya devaluación el Estado explicó por sus dificultades económicas, no obstan para el reclamo a los bancos, que no tienen las limitaciones del Estado. Según Opgenhaffen y Bohoslavsky se trata de obtener “respuestas más completas en términos de enjuiciamientos, reparaciones y otros mecanismos de responsabilidad”, lo cual actuaría como disuasivo para el comportamiento empresarial en el futuro. También “combatiría la noción de que apenas fue la experiencia de un puñado de generales que desarrollaron solos una campaña asesina y plantearía importantes preguntas acerca del papel que jugaron los actores financieros privados para ayudar y prolongar la dictadura”.