La pelea por el control de Telecom Argentina volvió a recalentarse. Fuentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aseguraron ayer a Página/12 que la denuncia de Telecom Italia, que el sábado aseguró que sufrió una “confiscación” de su patrimonio invertido en el país, es “una exageración absoluta”. En el organismo antimonopolio sostienen que la resolución publicada el viernes, que anula los derechos políticos de los directores y síndicos designados por los italianos en su filial local, lo único que hace es ratificar una exigencia que ya figuraba en la norma que obligó a Telefónica de España a notificar su ingreso en Telecom Italia para determinar el impacto que tuvo en la filial de esta última la operación de concentración económica. Sin embargo, Telecom Italia lo niega y afirma que hará valer sus derechos en tribunales locales e internacionales. Las próximas horas serán decisivas para saber si es posible un acercamiento o si se está frente al retiro definitivo de los italianos y el inicio de una demanda millonaria contra el Estado argentino.

La resolución 44 de la CNDC, fechada el pasado viernes 3 de abril, notifica a los directores y síndicos de todas las sociedades que Telecom Italia controla en el país “deberán abstenerse de adoptar decisiones que hayan involucrado o involucren en el futuro, directa o indirectamente, el ejercicio de derechos políticos”. En términos concretos eso significa que sus representantes no pueden participar, deliberar y votar en las reuniones de directorio. Además, se ordena a las firmas a revocar y retrotraer todas las decisiones adoptadas por los directorios, comités, comisiones fiscalizadoras, apoderados o gerentes que implicaron el ejercicio de dichos derechos políticos desde el pasado 9 de enero, cuando se dictó la resolución 4 que los obligó a notificar, hasta la fecha.

En los considerandos de la norma se afirma que los dos veedores oficiales designados el lunes pasado en Telecom Argentina detectaron el martes en una asamblea de accionistas de Telecom Personal que se “habrían producido cambios y alteraciones en la organización funcional del grupo en cuanto respecta a los distintos niveles de decisión (...) adjuntando documental en sustento de ello”. Los italianos difundieron el sábado esa resolución a los medios de comunicación, sin ninguna documentación adjunta, y remarcaron que en ningún lado se detallan los motivos de la decisión. Afirman que el único cambio que hubo en la empresa recientemente fue el retiro de Guillermo Gully, quien se desempeñaba como director General Corporativo de Telecom Argentina, el cual no fue reemplazado formalmente por nadie, aunque sus funciones las asumió el director general operativo de la firma, Franco Bertone.

Fuentes del Gobierno prefirieron ayer no darle detalles a Página/12 sobre los “cambios y alteraciones” que detectaron los veedores, pero remarcaron que la resolución 44 lo único que hizo fue reafirmar una directiva que ya figuraba en los artículos 3 y 4 de la resolución 4, fechada el pasado 9 de enero. En el artículo 3 de esa norma anterior se dispone que los accionistas de Telco, la firma a través de la cual Telefónica de España y otras firmas ingresaron en Telecom Italia, deben abstenerse de ejercer sus derechos políticos en Telecom Argentina y otras filiales locales y en el artículo 4 se ordena expresamente a los directores y síndicos de Sofora, Nortel, Telecom Argentina y Telecom Personal, designados a instancias de Telecom Italia, “que se abstengan de realizar acto alguno que implique contrariar lo dispuesto en la presente resolución”.

La diferencia pareciera estar en ese último artículo. Para los funcionarios oficiales lo que dice allí es lo mismo que figura en la flamante resolución 44, pero para los abogados de la firma italiana la norma publicada el viernes pasado marca un cambio sustantivo porque “confisca” su patrimonio en el país. El sábado fue el propio Franco Bernabé, CEO de Telecom Italia, quien salió al cruce al afirmar que “la resolución de la CNDC es completamente infundada y daña fuertemente los intereses de Telecom Italia que haremos valer en todos los ámbitos competentes a nivel internacional”.

A simple vista pareciera que lo que se remarca en la resolución 44 del viernes ya estaba expresado de alguna manera en el artículo 4 de la resolución 4, pero lo cierto es que en la norma publicada el 9 de enero no se hizo referencia explícita a que los directores y síndicos de las sociedades argentinas controladas por Telecom Italia debían “abstenerse de adoptar decisiones que hayan involucrado o involucren el ejercicio de derechos políticos”, como sí lo dice la reciente resolución 44. Ahora serán los abogados de ambas partes los que tendrán que ponerse de acuerdo. De lo contrario, lo más probable es que la disputa se termine dirimiendo en los tribunales internacionales.

En Telecom Italia afirman que hasta ahora siempre mostraron buena predisposición frente a las decisiones que fue tomando el Gobierno, aunque no las compartieran. Sin embargo, remarcan que lo del viernes superó su límite de tolerancia y que esperan que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner interceda ante la CNDC, organismo que controla a través de la Secretaría de Comercio Interior, para revertir la situación porque, de lo contrario, se estaría convalidando una confiscación, ya que la empresa quedaría en control del Grupo Werthein, accionista minoritario con quienes los italianos mantienen un fuerte enfrentamiento por este tema.

En el Gobierno descreen de esta explicación y sospechan que los italianos están queriendo embarrar la cancha porque saben que su situación es complicada y tarde o temprano iban a verse obligados a realizar algún tipo de desinversión. De hecho, cuando la CNDC intimó a Telefónica de España para que notifique la operación de compra de acciones a través de la cual en 2007 ingresó en Telecom Italia y, de manera indirecta, en Telecom Argentina, de alguna manera selló la suerte de españoles e italianos en esta última firma.

Hasta entonces, la estrategia de Telefónica había apuntado a demostrar que no tenían que notificar porque la transacción no constituía una concentración económica y, por lo tanto, no estaba alcanzada por el régimen de control previo de fusiones y adquisiciones. Ese rechazo forzó al organismo regulador a iniciar una investigación preliminar de donde surgió que sí tenía que hacerlo. Lo llamativo es que para llegar a esa conclusión tuvo que demostrar el impacto local. “Resulta indudable que la transacción en análisis implicó un cambio de control en Telecom Argentina”, se afirmó en la resolución 4 difundida el 9 de enero. Al reconocer la existencia de una concentración económica, italianos y españoles quedaron contra las cuerdas y varios especialistas coincidieron en que tarde o temprano el Gobierno la obligaría a desinvertir en Telecom Argentina. La denuncia del sábado podría ser una reacción desesperada frente a ese desenlace inminente.

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